El gobierno del presidente José Antonio Kast ha lanzado una ofensiva administrativa para destrabar un millonario stock de proyectos de inversión que, pese a contar con aprobación ambiental, permanecen paralizados por la falta de permisos sectoriales. La iniciativa, coordinada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, busca despejar el camino para 600 iniciativas que suman inversiones por US$60 mil millones, en un esfuerzo que combina monitoreo en tiempo real, gestión caso a caso y presión sobre los servicios públicos para que cumplan los plazos legales.
El plan se inscribe en la promesa gubernamental de reducir trabas burocráticas sin sacrificar estándares ambientales ni de seguridad. Para ello, el Comité Económico ha desplegado un trabajo que abarca las tres etapas críticas del ciclo de inversión: la evaluación ambiental, la resolución de reclamaciones administrativas y la obtención de permisos sectoriales. En cada una se han implementado sistemas de seguimiento y mecanismos de rendición de cuentas que, según las autoridades, ya están mostrando resultados concretos.
EL PLAN DEL COMITÉ ECONÓMICO
Según lo informado por el Ministerio de Hacienda, la primera etapa -evaluación ambiental- ha sido monitoreada mediante un sistema de información que permite seguir en tiempo real el estado de los proyectos y la gestión de los organismos involucrados. Tomás Bunster, coordinador de Regulación Económica y jefe de coordinadores de Hacienda, señaló que este sistema cuenta con más de 90 usuarios activos en el Estado y ha logrado reducir la tasa de atrasos desde cerca de un 35% al inicio del gobierno a aproximadamente un 10% en la actualidad. El objetivo, agregó, es seguir convergiendo hacia cero.
En la segunda etapa, referida a las reclamaciones ambientales, el Ministerio del Medio Ambiente logró resolver durante los primeros 90 días de gobierno el 98% de los reclamos que estaban pendientes al 11 de marzo. Bunster destacó que los plazos de resolución se redujeron en más de un 50% desde esa fecha y la tasa de atraso cayó de un 55% a prácticamente cero.
La tercera y más compleja etapa es la obtención de permisos sectoriales. Allí se catastraron 600 proyectos que ya tienen una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable obtenida en los últimos dos años. El objetivo fue identificar su estado de avance y los permisos críticos pendientes para su materialización.
PROYECTOS CON PERMISOS PENDIENTES
Del total catastrado, 247 proyectos mantienen alguna autorización sectorial pendiente, involucrando inversiones por US$30.150 millones. Bunster explicó que son precisamente estos proyectos los que se encuentran más próximos a materializarse y sobre los cuales se están concentrando los principales esfuerzos de gestión.
Desde el Ministerio de Economía, que dirige el ministro Daniel Mas, precisaron que los funcionarios de ambas carteras han contactado en los últimos meses a los titulares de cada iniciativa para conocer el estado real de avance, identificar trabas y priorizar la revisión. El levantamiento ha permitido distinguir entre proyectos en ejecución, aquellos próximos a iniciar obras y los que presentan rezagos o dificultades para materializarse. El trabajo no es un análisis documental, sino una gestión caso a caso, subrayaron desde Economía.
SECTORES Y EMPLEO
Los 600 proyectos se concentran principalmente en tres sectores: energía (43% de los proyectos), minería (21%) e inmobiliario (13%). En conjunto, estos tres sectores explican casi el 80% de la inversión total. De acuerdo al Ministerio de Economía, la totalidad de estas iniciativas considera alrededor de 80 mil empleos durante su etapa de construcción, lo que refuerza la urgencia de acelerar su ejecución.
DIFICULTADES DETECTADAS
Bunster mencionó que las principales dificultades se relacionan con demoras en la tramitación y falta de uniformidad en los criterios de evaluación. En algunos casos, determinadas autorizaciones pueden tardar períodos muy extensos en resolverse, mientras que distintos organismos o direcciones regionales aplican criterios diferentes frente a situaciones similares. Esto genera incertidumbre respecto de los plazos y requisitos.
Sobre los plazos para que comiencen a operar estos proyectos, el coordinador de Hacienda señaló que no existe un plazo único debido a la diversidad de sectores y etapas. No obstante, una parte importante de los proyectos catastrados podría iniciar su ejecución una vez obtenidas las autorizaciones sectoriales críticas que hoy están pendientes.
El ministro Daniel Mas afirmó que, después de conversar con muchos inversionistas, aparte de certeza jurídica, lo que piden es ayuda para transitar la maraña de permisos en que se ha convertido el sistema chileno. Desde el Ejecutivo destacan que, a diferencia de gobiernos anteriores, el seguimiento actual abarca todos los proyectos, incluso aquellos con montos bajo los US$10 millones, lo que califican como la gran diferencia: la universalidad del seguimiento.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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