El gobierno del Presidente Gabriel Boric enfrenta un nuevo round en la agenda laboral con el ingreso al Congreso de un proyecto que busca flexibilizar la aplicación de la jornada de 40 horas, una de las reformas emblemáticas de la administración actual. La iniciativa, que comenzó a discutirse esta semana en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, modifica los mecanismos de distribución horaria y ha generado un intenso debate político entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como necesaria para sortear la crisis laboral y proteger el empleo formal, sectores de izquierda advierten sobre una posible pérdida de derechos colectivos y una reducción en el pago de horas extraordinarias.
EL DEBATE POLÍTICO
La discusión se reactivó luego de que las exministras Camila Vallejos y Jeannette Jara alertaran que el proyecto podría permitir semanas laborales de hasta 52 horas, una afirmación que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, calificó como falsa. Rau explicó que lo que se modifica es el cálculo o promedio de las 40 horas semanales, no la jornada máxima. El gobierno sostiene que la flexibilidad es indispensable para que las empresas puedan adaptarse al alza de costos laborales derivada de los incrementos del salario mínimo y la reforma previsional de los últimos cuatro años. La consigna opositora de que “las 40 horas están en peligro” fue desmentida por Rau, quien aseguró que se harán todos los cambios necesarios para enfrentar la crisis laboral autoinferida.
EL MECANISMO DE FLEXIBILIDAD
La reforma se centra en los pactos de distribución de la jornada ordinaria sobre la base de promedios semanales de 40 horas. Actualmente, la ley aprobada en 2023 permite ciclos de hasta cuatro semanas para promediar la jornada. El nuevo proyecto amplía ese período máximo de referencia a 16 semanas para el régimen general, manteniendo un límite de 45 horas ordinarias por semana. Para el sector turismo y actividades conexas, caracterizado por fluctuaciones estacionales, se establece un régimen especial que extiende el ciclo a 52 semanas, también con un tope de 45 horas ordinarias semanales.
En la práctica, una empresa podría distribuir jornadas más intensas durante hasta cuatro semanas consecutivas en el régimen general, siempre que no supere el 50% de las semanas del ciclo. En el caso del turismo, son ocho semanas consecutivas. Para adoptar estos ciclos, el proyecto simplifica los requisitos: en el régimen general, el acuerdo entre trabajador y empresa es suficiente para ciclos de hasta 16 semanas, excluyendo la venia del sindicato. Para ciclos de 52 semanas en el régimen general se requiere acuerdo sindical, mientras que en el régimen especial de turismo no se exige tal acuerdo.
En cuanto a las horas semanales máximas, se mantiene el tope de 45 horas ordinarias y un máximo de 52 horas totales (incluyendo horas extra). Sin embargo, el proyecto elimina la exigencia de acuerdo sindical para las horas extraordinarias cuando la sumatoria incluye horas ordinarias y extra, pero si son solo horas ordinarias se requiere acuerdo sindical obligatorio. El gobierno argumenta que las empresas del turismo, en su mayoría pymes, no suelen tener sindicatos, por lo que esta flexibilidad es necesaria.
LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El gobierno ha basado su argumentación en la evidencia de los países de la OCDE. Según datos del Ministerio del Trabajo, el promedio de horas semanales trabajadas en la OCDE es de 41 horas, solo una menos que las 42 actuales de Chile. Veinte de esos países cuentan con mecanismos de distribución de jornada con períodos de referencia promedio cercanos a 15 semanas. Italia, por ejemplo, permite promediar 40 horas en un ciclo de 16 semanas. El límite máximo semanal de horas en la OCDE es de aproximadamente 51 horas, similar al tope chileno de 52.
El exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, calificó el proyecto como coherente y respaldado por experiencias comparadas de larga data. Señaló que se trata de generar alternativas de distribución, sin obligar a las empresas a adoptarlas de forma permanente. Soledad Hormazábal, directora de Evidencia en Pivotes, agregó que la experiencia internacional muestra que es posible reducir la jornada sin dañar el empleo si se incorpora flexibilidad, como ocurre en Francia y Portugal. “Sin más flexibilidad, reducir la jornada equivale a encarecer cada hora trabajada, lo que perjudica el empleo formal”, sostuvo.
Un estudio del centro de pensamiento Horizontal coincide en que el proyecto se acerca a los patrones de la OCDE, especialmente en países con bajas tasas de desempleo. Su directora ejecutiva, María José Abud, destacó que la medida es necesaria para evitar que la reducción de jornada se traduzca en mayor desempleo, pero advirtió que deben resguardarse elementos de protección para los trabajadores.
LAS DUDAS DEL PROYECTO
En la primera jornada de debate en la comisión de Trabajo, los diputados oficialistas Luis Cuello y Gael Yeomans expresaron sus reservas. Cuello señaló que la iniciativa genera una pérdida de derechos colectivos, mientras Yeomans advirtió que podría afectar el pago de horas extra, reduciendo hasta la mitad del valor original. El investigador Franco Nieri, de Horizontal, recomendó incluir mecanismos para evitar desvinculaciones anticipadas, mantener el tope de 45 horas ordinarias sin excepciones, limitar las semanas de máxima intensidad y asegurar que el nuevo marco no reduzca los ingresos de los trabajadores al cierre de cada ciclo.
Frente a las críticas, fuentes del gobierno explicaron que la legislación actual ya protege a los trabajadores ante despidos durante un ciclo pactado. Si un empleado es desvinculado antes de completar el período de referencia, se le deben pagar todas las horas trabajadas por sobre el promedio de 40 horas que no hayan sido compensadas. Esta regla funciona como un desincentivo al abuso.
El proyecto de ley continuará su tramitación en la Cámara de Diputados, donde se espera un intenso debate entre las fuerzas políticas. El gobierno confía en que la flexibilidad horaria permitirá agilizar la creación de empleo formal y mejorar las tasas de formalidad, mientras que la oposición y los sindicatos mantienen la alerta sobre posibles retrocesos en derechos laborales.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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