La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, usó la presentación del Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) 2025 para encender una alerta sobre la protección judicial de las víctimas: más de la mitad de los femicidios frustrados registrados en el país ocurrieron luego de que la afectada hubiera realizado denuncias previas, pese a lo cual solo una minoría contaba con una medida cautelar vigente al momento de los hechos.
El reporte, elaborado por el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), fue presentado como un balance de la implementación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Según las autoridades, la norma ha permitido fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado frente a los femicidios.
DENUNCIAS PREVIAS Y MEDIDAS CAUTELARES
El hallazgo central del informe es que el 50,9% de las víctimas de femicidio frustrado había realizado denuncias previas. Esa proporción se ha mantenido estable desde 2020. Dentro de ese grupo, solo un 12,4% tenía una medida cautelar vigente en el momento en que ocurrió la agresión.
La ministra Judith Marín afirmó que ese dato es especialmente preocupante, porque evidencia que existían antecedentes formales de riesgo que no se tradujeron en protección efectiva. Por eso, hizo un llamado al Congreso y a todas las fuerzas políticas a priorizar el proyecto de ley ingresado hace una semana, orientado a fortalecer las medidas cautelares y entregar una mayor protección a las víctimas.
La autoridad también valoró la entrada en vigencia del reglamento que regula la representación judicial de las víctimas en el marco de la Ley Integral. Esa norma se ha traducido, entre otros efectos, en la presentación por parte del SernamEG de 19 querellas de oficio en casos de femicidio consumado y suicidio femicida.
CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS Y TERRITORIO
El informe describe un perfil predominante entre las víctimas: mujeres chilenas, en un 82,5% de los casos, con edades concentradas entre los 30 y 45 años. La mayoría de los hechos ocurre en zonas urbanas.
Sin embargo, el análisis territorial muestra una realidad distinta a la que sugieren los números absolutos. Si bien las regiones más pobladas concentran la mayor cantidad de femicidios, las tasas de incidencia más altas se registran en zonas con menor población femenina, como La Araucanía, Tarapacá, Aysén y Magallanes.
RESPUESTA INSTITUCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
El reporte da cuenta de un esfuerzo sostenido del SernamEG por llegar a las víctimas sobrevivientes. El servicio logró contactar al 89,09% de las víctimas de femicidios frustrados para ofrecerles acompañamiento psicosociojurídico y presentó querella en el 47,3% de esos casos.
En los femicidios consumados, en tanto, el SernamEG representó judicialmente al 56,8% de las víctimas indirectas. La subdirectora nacional subrogante del servicio, Miriam Bertuzzi Ratti, señaló que el informe demuestra que cuando el Estado trabaja de manera articulada mejora su capacidad de respuesta frente a la violencia extrema y fortalece la protección de las mujeres.
Bertuzzi agregó que la implementación de la Ley Integral ha consolidado una coordinación más eficiente entre las instituciones, optimizando los procesos y permitiendo una respuesta más oportuna y centrada en las víctimas, tanto directas como indirectas.
PERSECUCIÓN PENAL Y LEY DE REPARACIÓN
En materia de persecución penal, las cifras muestran diferencias según el tipo de femicidio. El 76,1% de los agresores en femicidios frustrados fue detenido, proporción que baja al 59,1% en los femicidios consumados.
El documento también releva la implementación de la Ley de Reparación, que ha permitido otorgar pensiones a hijas e hijos de víctimas de femicidio consumado y suicidio femicida.
ANÁLISIS Y DEBATES PENDIENTES
La jefa del Departamento de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, María Soledad Martin, explicó que los femicidios consumados se han mantenido relativamente estables durante la última década. En cambio, el aumento de los femicidios frustrados debe leerse considerando las mejoras en la detección y el registro, las modificaciones legales que ampliaron las conductas sancionables y una mayor disposición de las víctimas a denunciar.
Martin añadió que el análisis confirma que la violencia de género continúa ocurriendo mayoritariamente en espacios privados y que casi la totalidad de los femicidios consumados son cometidos por parejas o exparejas. Estos antecedentes, dijo, refuerzan la necesidad de abordar esta violencia como un problema de seguridad pública y no como un asunto privado.
El informe se enmarca en un proceso de implementación progresiva de la Ley Integral y de la Ley de Reparación, que han ampliado las herramientas del Estado para prevenir la violencia extrema, perseguir a los agresores y reparar a las víctimas indirectas. La discusión legislativa pendiente sobre medidas cautelares aparece, según la ministra, como uno de los próximos pasos críticos.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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