El exministro de Seguridad Pública del gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, encendió las alertas contra la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) impulsada por la administración de José Antonio Kast, al advertir que algunas de sus propuestas centrales son innecesarias y que la reforma constitucional que contempla reabre un debate que el país ya daba por cerrado. En entrevista con La Tercera, el otrora secretario de Estado calificó como «peligrosa» la iniciativa que busca crear un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en barrios críticos, con participación de militares bajo el mando de Carabineros.
La ACOT, anunciada por el Ejecutivo en cadena nacional, contempla un paquete de 31 propuestas de ley, algunas ya en discusión en el Congreso Nacional y otras que el gobierno aún debe ingresar. Sin embargo, el exministro planteó dudas sobre la necesidad real de varias de estas medidas, asegurando que algunas de estas iniciativas podrían alcanzarse con la implementación efectiva de la legislación vigente, como la ley de inteligencia.
AGENDA ACOT GENERA REPAROS
Cordero sostuvo que solo algunos proyectos de la agenda representan un beneficio concreto para la seguridad pública, mientras que el resto resultaría innecesario y, en su opinión, abre una discusión constitucional que podría tener consecuencias políticas imprevisibles. El exministro insistió en que lo prioritario hoy no es crear nuevas herramientas legales, sino poner en marcha las leyes que ya fueron aprobadas tras un acuerdo transversal.
En ese sentido, advirtió que la ciudadanía podría cuestionar la utilidad de las normas existentes si el gobierno posterga su implementación para dar prioridad a una reforma constitucional. Para Cordero, dejar en segundo plano la ejecución de esas leyes haría que la ciudadanía se pregunte para qué han servido las leyes aprobadas, alimentando la sensación de que los acuerdos legislativos no se traducen en resultados concretos.
REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MIRA
Uno de los puntos más criticados por el exministro fue la reforma constitucional incluida en la ACOT, que busca establecer en la Carta Magna la responsabilidad del Estado de asegurar la seguridad pública. Cordero afirmó que esta iniciativa reabrirá un debate constitucional que, tras el fracaso de los dos procesos constituyentes, se entendía cerrado.
El abogado advirtió que abrir el capítulo de derechos fundamentales en la Constitución puede terminar siendo un gran problema para el propio gobierno. Según explicó, focalizar esa discusión únicamente en seguridad podría tener consecuencias políticas difíciles de dimensionar, especialmente cuando se aproxima además un debate sobre indultos en materia de derechos humanos.
MILITARES EN BARRIOS CRÍTICOS
La propuesta de un nuevo estado de excepción focalizado en barrios críticos fue calificada por Cordero como «innecesaria y peligrosa». El exministro recordó que los barrios críticos ya están identificados y que en ellos han operado intervenciones policiales y del Ministerio Público, y sostuvo que lo que necesitan es más presencia estatal en esos territorios.
Cordero explicó que la intervención de barrios críticos requiere un entrenamiento muy específico en función policial, el cual es completamente distinto a la formación que reciben las Fuerzas Armadas. La educación, el mando, la doctrina institucional y la forma de entender la función pública son diferentes entre policías y militares, señaló.
En su opinión, utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas como copamiento o controles de identidad implica emplear a instituciones que no están entrenadas para ese fin, lo que transforma la medida en una opción riesgosa.
DEBATE ABIERTO SOBRE DERECHOS
El exministro también cuestionó algunas de las iniciativas específicas de la ACOT en materia de seguridad. Para Cordero, la discusión constitucional no debe limitarse a un solo tema, pues abrir la Constitución para incorporar derechos o responsabilidades específicas puede generar efectos no previstos en otras áreas igualmente sensibles.
El llamado del otrora secretario de Estado apunta a priorizar la gestión y la coordinación institucional antes que la creación de nuevas figuras jurídicas. En su lectura, la seguridad pública se fortalece con mejor implementación de las leyes existentes, mayor presencia estatal y un trabajo sostenido del Ministerio Público, no con reformas que reabren un debate constitucional de consecuencias imprevisibles.
La entrevista completa de Luis Cordero fue realizada en el programa Desde la Redacción de La Tercera, donde el exministro profundizó en cada uno de estos reparos frente a la agenda anticrimen del actual gobierno.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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