El gobierno de José Antonio Kast enfrenta el primer gran examen legislativo de su agenda de seguridad: aprobar la reforma constitucional incluida en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete que aún no ingresa formalmente al Congreso pero que ya obliga al oficialismo a buscar una mayoría calificada que hoy no tiene por sí solo.
A diferencia de la Ley de Reconstrucción, que el Ejecutivo logró sacar adelante con mayorías simples, la modificación a la Carta Fundamental exige un quórum de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. Eso se traduce en 89 votos en la Cámara Baja y 29 en el Senado, números que obligan al oficialismo a cruzar las fronteras de su coalición.
EL QUÓRUM CONSTITUCIONAL
El oficialismo parte con 67 votos en la Cámara de Diputados, sin contabilizar a los 8 diputados del Partido Nacional Libertario ni a la diputada Joanna Pérez, de Demócratas. Con esos apoyos, el Ejecutivo podría acercarse a los 76 votos, pero todavía le faltaría un tramo importante para llegar a los 89 requeridos.
En el Senado la situación es igual de estrecha. El oficialismo cuenta con 23 votos propios, y solo alcanzaría 26 si repite la alianza que funcionó durante la tramitación de la Ley de Reconstrucción, con los senadores Matías Walker, de Demócratas; Miguel Ángel Calisto, independiente; y Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario. Aun así, quedaría tres votos por debajo del umbral.
La diferencia con la Ley de Reconstrucción es clave. Esa iniciativa fue una ley ordinaria, lo que permitió al gobierno construir mayorías simples y aprobar los artículos más controvertidos con acuerdos puntuales. La ACOT, en cambio, por tocar la Constitución, necesita una mayoría reforzada y un respaldo transversal mucho más estable.
EL ANTECEDENTE DE LA LEY DE RECONSTRUCCIÓN
Durante la discusión de la Ley de Reconstrucción, el Ejecutivo desplegó intensas gestiones para completar los votos que le faltaban. En la Cámara de Diputados consiguió el respaldo de la bancada del Partido de la Gente, que por entonces contaba con 13 diputados, para aprobar distintos aspectos de la llamada megarreforma.
En el Senado, en tanto, el gobierno se apoyó en Kaiser, Walker y Calisto, y sumó a Pedro Araya, del PPD, en el último artículo sobre la compensación a los municipios por la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores. Esa fórmula, sin embargo, no sería suficiente para la ACOT, porque el quórum es más alto.
LAS SEÑALES DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
Las primeras reacciones parlamentarias indican que el gobierno podría encontrar mayor receptividad en el Partido Socialista, el PPD y sectores de la Democracia Cristiana. Esos sectores han acompañado en los últimos meses varias iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad.
El diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, valoró que la seguridad esté entre las prioridades del gobierno y mostró disposición a tramitar los proyectos, aunque condicionó ese apoyo a conocer el detalle de las iniciativas y a fortalecer las herramientas de persecución criminal.
El presidente del PPD, Raúl Soto, fue más explícito. Dijo que existe una «predisposición positiva» para revisar la agenda, pero advirtió que el gran ausente del paquete es el levantamiento del secreto bancario para perseguir la ruta del dinero del crimen organizado.
La postura contrasta con la del Frente Amplio y el Partido Comunista, cuyos parlamentarios cuestionaron el contenido de la ACOT y acusaron la falta de una estrategia integral. Esa división reproduce la que se observó en proyectos anteriores como Escuelas Protegidas, la Ley Naín-Retamal 2.0 y la ampliación de facultades de las Fuerzas Armadas en estados de excepción.
LA INCIERTA POSICIÓN DEL PARTIDO DE LA GENTE
Otro actor que el gobierno podría intentar sumar es el Partido de la Gente, aunque su situación es menos clara que durante la discusión de la Ley de Reconstrucción. La bancada del PDG no tiene presencia en el Senado, y en la Cámara cuestionó el contenido de la agenda anunciada por el Presidente Kast.
El diputado Javier Olivares fue especialmente crítico. Sostuvo que «es como si nos hubieran cambiado al candidato Kast y hoy tuviéramos de Presidente a otra persona», y agregó que lo anunciado por el Ejecutivo «es tibio, temeroso y muy parecido a lo que hemos visto durante los últimos años».
El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, complementó esas críticas al señalar que la agenda no incorpora medidas más robustas para enfrentar el crimen organizado, como el fortalecimiento de las fronteras, la persecución del dinero ilícito y el combate al terrorismo urbano.
Pese a los reparos, la bancada no cerró la puerta a la negociación. La diputada Tamara Ramírez afirmó que el PDG respaldará «todas las iniciativas que realmente mejoren la vida de las personas», aunque advirtió que fiscalizarán el cumplimiento de cada uno de los anuncios.
LA TRAMITACIÓN QUE VIENE
En La Moneda saben que la aprobación de la reforma constitucional dependerá menos de convencer al oficialismo y más de reeditar la política de acuerdos que permitió sacar adelante la Ley de Reconstrucción. La diferencia, esta vez, es que el gobierno no solo necesita destrabar un par de votos clave, sino construir una mayoría mucho más amplia y estable para alcanzar el quórum de 4/7 que exige la Carta Fundamental.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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