LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PÚBLICA Y EL RIESGO DE PERDER LA CONFIDENCIALIDAD
Pegar en ChatGPT un correo del abogado puede costar caro. Tribunales federales de Estados Unidos han comenzado a analizar qué ocurre con el privilegio abogado-cliente y con la doctrina del producto del abogado cuando las personas incorporan plataformas públicas de inteligencia artificial, como ChatGPT, Claude o Gemini, a su vida cotidiana, y las primeras respuestas muestran que la comodidad puede traducirse en la pérdida de un resguardo legal relevante.
EL PRIVILEGIO Y SU FRONTERA
El privilegio abogado-cliente protege ciertas comunicaciones entre el cliente y su abogado, hechas con el propósito de obtener asesoría legal, frente a su divulgación a un tercero en un procedimiento judicial. Esa protección permite que el cliente hable con franqueza con su defensa, sin temor a que lo conversado termine en manos de la contraparte.
La pregunta que los tribunales empezaron a resolver es si ese resguardo sobrevive cuando el propio cliente comparte con una plataforma pública de IA la comunicación que recibió de su abogado.
EL CASO HEPPNER
En United States v. Heppner, un juez de un tribunal federal de distrito en Nueva York determinó que, al compartir con una IA pública la comunicación de su abogado, el cliente había comprometido la confidencialidad del intercambio y el privilegio ya no cubría esas comunicaciones.
El juez rechazó los argumentos de que la IA pública actuara como agente del abogado, figura que en algunos casos permite conservar la protección. Las razones fueron dos: la herramienta no es humana y el abogado no instruyó a su cliente para compartir la comunicación con ella.
El resultado es que las comunicaciones entre cliente y abogado que se comparten con una IA pública pueden quedar sujetas a descubrimiento y ser divulgadas a la contraparte en un litigio.
LAS NOTAS AUTOMÁTICAS DE LAS VIDEOLAMADAS
El análisis también alcanza a los transcriptores o notetakers de IA integrados en plataformas de videollamadas populares. Como suelen activarse solos al inicio de la llamada, podrían estar recopilando información durante una conversación entre un abogado y su cliente, con el consiguiente riesgo para el privilegio de esa conversación.
EL CASO GILBARCO Y EL LITIGANTE SIN ABOGADO
En Warner v. Gilbarco, un juez de un tribunal federal de distrito en Michigan sostuvo que las interacciones de una persona que se representaba a sí misma en una disputa laboral con una IA pública no eran objeto de descubrimiento bajo la doctrina del producto del abogado. Esa doctrina protege los escritos del abogado elaborados en preparación o en previsión de un litigio, además de las impresiones mentales, conclusiones, opiniones y teorías jurídicas del abogado o de otro representante de la parte.
El juez consideró que la IA pública era una herramienta y no una persona, de modo que la litigante no había divulgado la información a un adversario ni de una forma que hiciera probable que este la descubriera.
Ese fallo ha sido citado y seguido por otros tribunales federales de distrito en Colorado y Arkansas, que concluyeron que los litigantes sin abogado que usan herramientas de IA no renunciaron al privilegio que resguarda las impresiones mentales, conclusiones, opiniones o teorías jurídicas.
SHEALY: CUANDO HAY ABOGADO DE POR MEDIO
El Superior Court de Massachusetts resolvió en sentido distinto en Shealy v. Seaside Invs., LLC. Allí la parte contaba con abogado y el privilegio del producto del abogado no protegió de su descubrimiento documentos generados por IA, creados por la pareja romántica de la parte con ChatGPT y que no fueron preparados por el abogado ni a solicitud suya. El tribunal estimó que estos hechos se parecían más a Heppner y concluyó que el output de ChatGPT no constituía producto del abogado protegido.
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
Frente a ese panorama, el texto recomienda tratar las plataformas públicas de IA como se trataría a cualquier tercero. La primera regla es asumir que lo escrito puede no permanecer confidencial; la segunda, no pegar hechos sensibles, documentos ni comunicaciones con el abogado, salvo que un abogado haya aprobado expresamente ese curso de acción.
También sugiere revisar que las videollamadas no estén siendo monitoreadas por transcriptores de IA que podrían no ser seguros y, si uno se activa automáticamente, retirarlo de la llamada antes de compartir o discutir la asesoría legal.
La conclusión del análisis es que la IA puede servir para ordenar ideas y entender conceptos generales, pero cuando están en juego derechos, estrategia y privilegio, el camino más seguro es detenerse y buscar la guía de un abogado habilitado antes de usarla. El artículo fue elaborado por Darci M. Smith, presidenta del grupo de práctica de salud de Gordon Feinblatt, y Barry F. Rosen, integrante de ese mismo equipo en Gordon Feinblatt LLC.
En nuestra lectura, estas decisiones podrían interesar a los abogados chilenos que siguen cómo otras jurisdicciones enfrentan el uso de herramientas generativas, sobre todo porque el resguardo de la confidencialidad parece depender de detalles concretos, como quién compartió la información, con qué herramienta y bajo qué instrucción, más que de una regla única. A juicio de este medio, sería prudente leerlas como una advertencia práctica sobre el manejo de información sensible antes de abrir una herramienta de IA.
Fuente: thedailyrecord.com
Documento original: https://thedailyrecord.com/2026/10/26/us-courts-attorney-client-privilege-public-ai/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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