Un grupo de parlamentarios de oposición, integrado por representantes del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido de la Gente e independientes, interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional este miércoles para impugnar cuatro disposiciones concretas de la denominada ley Escuelas Protegidas, iniciativa impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast que fue aprobada por el Congreso durante la presente semana.
La acción judicial apunta a que el órgano de control constitucional revise si ciertas normas contenidas en el proyecto vulneran derechos fundamentales garantizados en la Carta Fundamental y en tratados internacionales ratificados por Chile, particularmente en lo que atañe a niños, niñas y adolescentes. Los diputados requirentes sostienen que las disposiciones cuestionadas atentan contra los derechos a la igualdad ante la ley, el debido proceso, la privacidad, la libertad personal y la educación.
LAS NORMAS IMPUGNADAS
El primero de ellos autoriza a los colegios a inspeccionar mochilas y bolsos de los estudiantes, bajo el amparo de sus reglamentos internos. A juicio de los requirentes, la norma carece de criterios objetivos para su aplicación y no contempla salvaguardas mínimas que resguarden la intimidad de los alumnos.
Un segundo punto en controversia es la atribución que se otorga a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para realizar inspecciones de vestimenta y objetos personales de los estudiantes al interior de los colegios, sin que medie una orden fiscal previa. Los parlamentarios estiman que esta medida asimila, en los hechos, un control preventivo de identidad sobre menores de edad, pero sin los resguardos legales que exige la legislación para dicho procedimiento.
La tercera disposición objetada obliga a los colegios a prohibir vestimentas o accesorios que inciten, glorifiquen o hagan referencia a la violencia, drogas, actos delictivos u otras conductas ilegales. Los requirentes consideran que la redacción es demasiado amplia y ambigua, lo que podría dar lugar a restricciones arbitrarias de la libertad de expresión, de conciencia y de reunión de los estudiantes.
Finalmente, el requerimiento impugna la inhabilitación por cinco años para acceder o conservar la gratuidad en la educación superior, que afecta a personas condenadas por determinados delitos. Los diputados argumentan que esta sanción constituye una doble penalización y genera una discriminación de carácter socioeconómico, afectando el derecho a la educación.
ARGUMENTOS DE LOS REQUIRENTES
Los parlamentarios que suscriben la acción sostienen que las normas impugnadas infringen no solo la Constitución chilena sino también compromisos internacionales asumidos por el Estado. En particular, mencionan la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos que consagran la protección especial que merecen los menores de edad y que garantizan, entre otros, el acceso a la educación sin discriminaciones.
Ahora será el Tribunal Constitucional el encargado de revisar la admisibilidad del requerimiento y determinar si las normas impugnadas se ajustan a la Constitución.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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