SEGURIDAD VERSUS VIABILIDAD: LA TENSIÓN POR EL D.S. N° 270 Y LA CIRCULAR MARÍTIMA LLEGA AL SENADO
La implementación de nuevas exigencias de seguridad para las embarcaciones pesqueras artesanales generó un intenso debate en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, transmitida por TV SENADO CHILE. Durante la sesión del 10 de junio de 2026, autoridades, dirigentes y senadores confrontaron la necesidad de resguardar la vida humana en el mar con la realidad económica y operativa de los pescadores de menor escala.
La discusión se centró en el Decreto Supremo N° 270, que aprobó el reglamento sobre condiciones de habitabilidad, bienestar, seguridad y equipamiento de embarcaciones pesqueras artesanales, y en la Circular Marítima Oscar 72/023 de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), que establece procedimientos para la presentación y aprobación de proyectos de construcción naval.
LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS Y LOS PLAZOS
El Vicealmirante Arturo Oxley, Director General de DIRECTEMAR, explicó que la normativa vigente responde a un problema real: entre los años 2022 y 2025 se registraron 134 accidentes de naves menores, de los cuales el 45% se atribuyó a fallas estructurales, mala estabilidad o incendios a bordo. La nueva regulación busca unificar criterios, estandarizar formatos y mejorar la seguridad mediante revisiones técnicas obligatorias.
Actualmente, la revisión de proyectos se realiza a través de una plataforma digital que gestiona 262 proyectos en trámite. Para atender esa demanda, DIRECTEMAR cuenta con un equipo de seis ingenieros navales dedicados exclusivamente a esta tarea, complementados desde 2026 con otros seis inspectores de nave. Sin embargo, los plazos de revisión no son fijos y dependen de la respuesta de los armadores a las observaciones técnicas.
CRÍTICAS DESDE EL SECTOR ARTESANAL
Los dirigentes de los pescadores artesanales manifestaron su malestar. Marcelo Soto Castillo, presidente de CONFEPACH, sostuvo que la circular no fue socializada con el sector y que las exigencias no distinguen el tamaño ni la capacidad económica de las embarcaciones. Puso como ejemplo a las lanchas menores de 7 metros de eslora que operan con cuotas reducidas de merluza, para las cuales los costos de planos, estudios de estabilidad y correcciones resultan desproporcionados.
Marco Ide, presidente de FIPASUR, presentó casos concretos de demoras que superan los ocho meses, como el de la embarcación “Génesis Segunda”, que acumuló 254 días desde la asignación del proyecto hasta la primera observación. En su exposición, apoyada por el constructor naval Leonardo Risco, se alertó que estas dilaciones obligan a los armadores a operar sin la documentación al día, arriesgando sanciones y la calificación de pesca ilegal.
Risco, quien construye embarcaciones de fibra de vidrio, detalló cómo una diferencia de centímetros en la medición de una nave puede reiniciar todo el proceso burocrático, afectando no solo al pescador sino también a la pequeña empresa que financia la construcción.
INTERVENCIONES DE LOS SENADORES
El senador Iván Flores puso el acento en la necesidad de tipificar el tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos como delito especial, anunciando un proyecto de modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura. También cuestionó la capacidad del Estado para destruir drogas y precursores incautados, problemática que vinculó con la falta de atribuciones para revisar carga en tránsito hacia Bolivia.
El senador Fidel Espinoza respaldó la gradualidad en la aplicación de las exigencias, comparando la situación con los plazos otorgados a conductores de aplicaciones de transporte. Solicitó a la Armada fiscalizar con criterios equitativos y advirtió sobre posibles irregularidades en las certificaciones de naves mayores que operan en el sur, mencionando el naufragio del «Ranaut» como un caso que podría revelar fallas en los controles.
El senador Alejandro Kusanovic se refirió a la necesidad de que las nuevas normas se apliquen solo a construcciones futuras, para evitar modificaciones riesgosas en naves existentes.
El senador Miguel Ángel Calisto planteó la urgencia de una recalificación del sector pesquero artesanal, señalando que embarcaciones de 18 metros de eslora que extraen 50 toneladas no pueden ser tratadas de la misma forma que lanchas de 8 metros.
POSICIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
El Ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, reconoció la existencia de una “incomodidad” por los plazos y se comprometió a trabajar en mejoras. Sin embargo, enfatizó que la seguridad en el mar es una obligación irrenunciable y que la normativa no puede flexibilizarse a costa de poner en riesgo la vida de los tripulantes. Anunció que se evaluará la capacidad técnica regional y la posibilidad de acelerar los procesos de revisión, sin transgredir las exigencias reglamentarias.
PROPUESTAS DE TRABAJO FUTURO
Los dirigentes pesqueros solicitaron formalmente la creación de una mesa técnica que reúna a DIRECTEMAR, el sector artesanal, carpinteros de Rivera y profesionales navales. Entre las medidas concretas plantearon un régimen simplificado para embarcaciones menores de 12 metros, la aprobación de planos tipo por modelo de nave, el fortalecimiento de los equipos regionales de revisión y la implementación de plazos efectivos con trazabilidad pública.
La comisión acordó dar seguimiento al tema y solicitar informes detallados sobre los tiempos de tramitación por región y tipo de embarcación, con el objetivo de evitar que una norma destinada a proteger termine transformándose en una barrera operacional para la pesca artesanal.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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