La jueza Paulina Moya, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó prisión preventiva para Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador de Sartor; Carlos Larraín Mery, exdirector de la Administradora General de Fondos (AGF); y Michael Clark, exdirector y exdueño de Tactical Sport, el fondo controlador de Azul Azul. La decisión se adoptó en el marco de la formalización por el fraude vinculado al cambio de control de la concesionaria.
La magistrada leyó durante cinco horas una extensa resolución para fundamentar la medida más gravosa que contempla el Código de Procedimiento Penal. La formalización apuntó a 11 imputados, de los cuales cinco ya cuentan con una medida cautelar dictada por el tribunal, y comenzó el jueves 30 de julio de 2026.
Además de los tres imputados que irán a prisión preventiva, otros formalizados ya cuentan con una medida cautelar dictada por el tribunal. Los exdirectores y exejecutivos de la AGF Alfredo Harz y Óscar Ebel, junto al exgerente de Emprender Capital Hugo Baranda, cumplen arresto domiciliario total y arraigo nacional. En tanto, Mauro Valdés y Miguel León Muñoz quedaron sujetos a arresto domiciliario parcial y firma mensual.
En el caso de Juan Carlos Jorquera, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario total, pero su defensa se opuso y pidió una medida de menor intensidad.
En su resolución, la magistrada dio por acreditado el delito de fraude por omisión de oferta pública de adquisición y confirmó que se logró establecer el cargo por lavado de activos. En cambio, determinó que el otorgamiento de contratos simulados no fue acreditado.
La jueza explicó que el perjuicio no radica únicamente en que los inversionistas hayan prestado su consentimiento bajo una representación equivocada, sino que debe apreciarse patrimonialmente la posición obtenida a cambio de los recursos entregados. Según su razonamiento, quienes sustituyeron sus inversiones habrían dejado derechos asociados a fondos administrados por una entidad fiscalizada para pasar a mantener una acreencia contractual frente a una sociedad distinta y no fiscalizada. Mientras tanto, quienes aportaron nuevos recursos obtuvieron un derecho cuyo respaldo, riesgo y destino efectivo diferían sustancialmente de aquellos que les fueron representados.
El Ministerio Público sostuvo que los ejecutivos estructuraron un esquema en el cual los fondos de inversión públicos, regulados y financiados por terceros, invertían su dinero en fondos de inversión privados. A su vez, estos fondos privados eran utilizados como fachada para inyectar millonarios recursos a sociedades directa o indirectamente relacionadas con los propios directores de Sartor.
De esta forma, según la Fiscalía, se priorizó el beneficio de las empresas de los imputados por sobre el deber fiduciario de proteger el dinero de los aportantes de los fondos públicos. La acusación detalló una serie de operaciones destinadas a mantener a flote negocios personales con dinero de terceros.
El perjuicio total asciende a US$78.562.257 y $104.640.516.271. Sumadas ambas cifras, al valor actual del dólar, el perjuicio alcanza unos US$191 millones.
Uno de los casos más relevantes descritos por la Fiscalía fue el del factoring Emprender Capital, que presentaba graves problemas financieros desde 2018. En lugar de cobrar las deudas, Sartor AGF continuó inyectándole fondos y prorrogando los pagos. Posteriormente, a través de la sociedad Danke SF SpA, creada por Pedro Pablo y Carlos Larraín, se tomó el control de la empresa. A diciembre de 2024, estas entidades adeudaban más de $50.000 millones a los fondos de Sartor.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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