El asesinato del sargento segundo de Carabineros Jaime Urrea, ocurrido la noche del pasado domingo durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en un domicilio de la comuna de Quilleco, motivó las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien manifestó su expectativa de que el imputado reciba la pena más alta posible, la máxima sanción que contempla la legislación chilena.
Las declaraciones las formuló durante una visita a Los Ángeles, en la región del Bío Bío, luego de participar en la primera Feria de Seguridad Rural organizada por la Sociedad Agrícola de Biobío, Socabío. En ese marco, la autoridad abordó el estado procesal de la causa y las medidas que el Ejecutivo adoptará en su rol de querellante.
EL ESTADO DE LA CAUSA
Arrau valoró que el imputado haya quedado sujeto a prisión preventiva, una medida que mantiene al detenido privado de libertad mientras avanza la indagatoria. Junto con ello, destacó que el tribunal haya fijado un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, lo que entrega al Ministerio Público un margen acotado para reunir los antecedentes del caso.
El ministro explicó que el Gobierno, en su calidad de querellante, seguirá de cerca el desarrollo de la causa, especialmente considerando que deberá realizarse una ratificación de la formalización, debido a que el imputado fue detenido cuando el funcionario policial aún se encontraba con vida.
En ese contexto, aseguró que se dispuso de un equipo jurídico especializado para intervenir en el proceso y buscar la máxima sanción contemplada en la legislación.
EQUIPO JURÍDICO Y MÁXIMA SANCIÓN
La estrategia del Ejecutivo apunta a obtener la condena más severa que permita el ordenamiento jurídico chileno. En palabras del secretario de Estado, el equipo que patrocina la querella está integrado por profesionales de alto nivel, con el objetivo declarado de que el responsable reciba el castigo más elevado posible.
Arrau recordó además que la legislación chilena contempla severas sanciones para quienes asesinan a funcionarios policiales, y destacó la importancia de desarrollar una investigación rigurosa.
Respecto del trabajo del Ministerio Público, el ministro expresó su confianza en que el ente persecutor conduzca la causa con el mismo rigor que, a su juicio, caracteriza su actuación habitual.
LEY NAIN-RETAMAL Y RESPALDO POLICIAL
La intervención de Arrau también incluyó una defensa del impacto práctico de las normas de seguridad tramitadas en el Congreso. Sostuvo que la Ley Nain-Retamal es un ejemplo concreto de cómo la actividad legislativa repercute en la calle, y afirmó que existe un respaldo creciente hacia las policías.
El punto central de su argumentación fue el cambio en la carga de la prueba respecto del uso de la fuerza. Según explicó, con las modificaciones introducidas por esa normativa hoy debe demostrarse el uso ilegítimo de la fuerza, lo que supone presumir que la actuación policial fue correcta. De no operar esa lógica, advirtió, se generaría un desincentivo enorme al uso de la fuerza por parte de los funcionarios.
NUEVAS REGLAS DE USO DE LA FUERZA
La autoridad se refirió, además, a la próxima entrada en vigor de las nuevas reglas sobre uso de la fuerza, prevista para algunas semanas más. A su juicio, esas disposiciones cumplirán una función ordenadora: entregar a las policías un protocolo claro y criterios específicos sobre cómo debe emplearse la fuerza de manera racional, legal y cuando resulte necesaria.
Para el ministro, el efecto final será el mismo que persigue la Ley Nain-Retamal, esto es, que los funcionarios policiales se sientan respaldados por un marco normativo explícito al momento de actuar.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/09/arrau-exige-la-maxima-condena-para-imputado-por-asesinato-de-carabinero-en-quilleco.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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