La Armada de Chile puso término a la relación laboral de dos servidores navales destinados en Rapa Nui, luego de que el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua decretara su prisión preventiva por un delito de violación ocurrido, según los antecedentes de la causa, al interior de las dependencias de la Guarnición Marítima local. La decisión institucional se comunicó de manera oficial y se sustentó en que la permanencia de ambos imputados resulta perjudicial para el servicio, invocando las facultades que otorga el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.
DESVINCULACIÓN Y SUMARIO ADMINISTRATIVO
En el mismo documento, la rama castrense informó que ordenó instruir una investigación sumaria administrativa, destinada a establecer eventuales responsabilidades por infracciones al reglamento. El texto añade que la entidad colaborará de manera transparente con los tribunales de la justicia ordinaria y que el mando naval mantendrá sus labores clave y su compromiso con el pueblo de Rapa Nui.
La desvinculación se adoptó como medida administrativa, con independencia del curso del proceso penal. Este último sigue en tramitación y los cargos imputados podrían ser desestimados a lo largo de la investigación o del juicio, de modo que las personas formalizadas no deben ser consideradas culpables mientras el tribunal competente no dicte una sentencia en su contra.
LA RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE ISLA DE PASCUA
En la audiencia de formalización, el magistrado Alex Guzmán impuso la máxima medida cautelar al estimar que existen antecedentes que justifican el delito y que la libertad de los acusados constituye un peligro para la víctima y para la sociedad.
Al resolver, el tribunal indicó que tuvo presente el componente cultural y de pueblo originario de la mujer afectada, de 23 años. Tras analizar los antecedentes aportados por el Ministerio Público, el juzgado fijó un plazo de investigación de 80 días. Los hechos materia de la causa ocurrieron el pasado viernes 2 de octubre, al interior de las dependencias de la Guarnición Marítima local.
EL DEBATE SOBRE EL LUGAR DE RECLUSIÓN
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el lugar donde debe cumplirse la prisión preventiva. La parte querellante, representada por el abogado Ciro Colombara, solicitó que la medida se ejecutara en un recinto común de Gendarmería. El magistrado rechazó esa petición basándose en el Código de Justicia Militar, que regula la reclusión de los miembros de las instituciones castrenses.
Por esa razón, el tribunal dispuso que la cautelar se concrete exclusivamente en dependencias navales. La determinación reabre una discusión sensible para el mundo jurídico: la vigencia de reglas especiales de reclusión para integrantes de las Fuerzas Armadas cuando se investigan delitos sometidos al conocimiento de la justicia ordinaria.
RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conocida la resolución sobre el lugar de privación de libertad, la defensa de la víctima anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. La parte querellante argumenta que los artículos 434 y 137 de la normativa militar, que benefician a los imputados castrenses, serían contrarios a la Carta Fundamental.
Se trata de una acción judicial que está en curso y cuyos cargos imputados pueden ser desestimados a lo largo de la investigación y del proceso penal. Por eso, no corresponde considerar culpables a las personas involucradas y formalizadas por la justicia hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.
El caso combina, así, dos planos que los abogados y abogadas siguen con atención. En el plano administrativo, la Armada activó las herramientas disciplinarias del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y un sumario para determinar responsabilidades reglamentarias. En el plano penal, el juzgado insular aplicó la medida cautelar más intensa y fijó un plazo de investigación, mientras la defensa de la víctima busca ante el Tribunal Constitucional revisar la aplicación de normas del Código de Justicia Militar en la ejecución de la prisión preventiva.
La controversia sobre el recinto de cumplimiento, la eventual intervención del máximo tribunal y la decisión institucional de desvincular a los funcionarios configuran un escenario que podría marcar criterios sobre cómo se articulan la justicia ordinaria, la normativa castrense y la protección de las víctimas en causas por delitos de alta gravedad.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/10/armada-desvincula-a-dos-funcionarios-navales-en-rapa-nui-tras-quedar-en-prision-preventiva/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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