El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia activó una salida negociada para el conflicto por los cobros de formación en el fútbol joven chileno. Esta semana el TDLC otorgó a las partes un plazo máximo hasta el 28 de septiembre de 2026 para presentar las bases de un acuerdo que ponga fin a la controversia, luego de que Deportes Provincial Osorno cuestionara el artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven de la ANFP.
La decisión se adoptó en el marco de una audiencia de conciliación a la que asistieron representantes de la Fiscalía Nacional Económica, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y de clubes como Azul Azul, Blanco y Negro, Cruzados, Palestino, Cobresal, Deportes Puerto Montt y Deportes Rengo. En esa sesión, la ANFP informó que estudia una eventual reforma al artículo 44 y que la propuesta fue enviada a los apoderados que solicitaron la suspensión de la audiencia pública de autos y a la FNE.
ORIGEN DE LA CONSULTA
La controversia nació en enero de este año, cuando Deportes Provincial Osorno presentó una consulta ante el TDLC. El club de la Región de Los Lagos pidió al tribunal pronunciarse sobre si la tarifa fijada por la ANFP representa una barrera discriminatoria para la libre competencia.
La norma impone un pago obligatorio y uniforme de US$30.000 por año de formación por cada jugador menor de 23 años que pase a otro club. En su presentación, el club sostuvo que el cobro se aplica sin considerar la inversión real realizada por la institución formadora, la división en la que compite el equipo que recibe al jugador ni la eventual liberación previa del deportista por su club de origen. Esa falta de distinción constituye, a juicio del consultante, el origen de la posible discriminación.
POSTURA DE LA ANFP
Frente a ese cuestionamiento, la ANFP salió a defender la norma. Con la asesoría del estudio Fuchs, Helfmann y Mufdi, explicó al TDLC que el artículo 44 regula un mecanismo de compensación económica en favor de los clubes que participaron en la formación de un jugador, el cual se activa en supuestos específicos vinculados a la firma del primer contrato profesional con un club distinto del formador.
La entidad añadió que la existencia de estos mecanismos responde a una racionalidad económica reconocida en el deporte profesional, orientada a preservar los incentivos para que los clubes continúen invirtiendo en el desarrollo de talento deportivo. Según la ANFP, de los más de 30.000 jugadores considerados, solo 144 casos corresponden a situaciones en que el primer contrato profesional fue celebrado con un club distinto del formador o co-formador, el único supuesto que podría activar la compensación nacional.
En paralelo, la ANFP remitió a los clubes una propuesta para flexibilizar el cobro. El escrito no estipula una cifra exacta, pero compromete que los nuevos valores serán más bajos que los actuales. De acuerdo con conocedores del caso, la iniciativa se sostiene sobre un fundamento técnico y la entidad está aportando los antecedentes que justifican la medida y reafirman su legítimo derecho a realizar el cobro, con la salvedad de que existen materias que exceden el marco de la propuesta original.
CRÍTICA DE LA FNE
La postura de la Fiscalía Nacional Económica contrasta con la visión de la ANFP. Para el organismo público, el sistema vigente impone costos de cambio artificiales que impiden la libre circulación de los futbolistas jóvenes entre las distintas instituciones deportivas.
La FNE calificó el cobro uniforme de US$30.000 como manifiestamente desproporcionado frente a los costos reales de formación en Chile y a la capacidad financiera de los clubes de menor escala, en especial los de categorías inferiores como la Segunda División. En su análisis, esa suma no guarda relación con los costos efectivos de formar a un futbolista en el país ni con el presupuesto de las instituciones más pequeñas.
Por eso, el organismo propone modificar el artículo 44 y adoptar un régimen proporcional similar al de la FIFA. A su juicio, ese diseño permitiría remunerar la labor formativa de los clubes de origen sin afectar gravemente la competitividad de las entidades con menor patrimonio.
PRÓXIMOS PASOS
El TDLC fijó el 28 de septiembre de 2026 como fecha límite para que las partes presenten las bases del acuerdo. Si el consenso se concreta, las bases deberán ser presentadas y votadas en el Consejo de Presidentes de la ANFP.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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