El gobierno anunció una iniciativa que extiende de cinco a diez años el plazo de responsabilidad para defectos en elementos constructivos e instalaciones de viviendas nuevas, medida que la industria califica como un factor de alza en los costos de los proyectos habitacionales. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, busca elevar la garantía de posventa y responde a un contexto en el que el fisco ha debido destinar cerca de US$ 80 millones para reparar más de nueve mil departamentos sociales entre 2020 y 2025, principalmente por fallas en tuberías de material PPR que conducen el agua. El cambio normativo plantea un desafío directo para los desarrolladores inmobiliarios, quienes advierten que el aumento de la responsabilidad se traducirá en un encarecimiento de las nuevas edificaciones.
EL ANUNCIO DEL MINISTRO PODUJE
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anticipó la medida en una entrevista publicada por El Mercurio, donde detalló que el proyecto de ley elevará de cinco a diez años el plazo durante el cual los desarrolladores responderán por defectos en elementos constructivos o instalaciones de las viviendas nuevas. La iniciativa se enmarca en un diagnóstico oficial que revela fallas recurrentes en obras de carácter social, especialmente aquellas relacionadas con filtraciones en tuberías de polipropileno random (PPR), material que presenta una vida útil limitada bajo ciertas condiciones de instalación. El ministro subrayó que la ampliación busca fortalecer la protección de los compradores y elevar los estándares de calidad en el mercado inmobiliario.
EL CONTEXTO DE LOS DEFECTOS Y LOS COSTOS FISCALES
La propuesta gubernamental se apoya en datos concretos: entre 2020 y 2025, el fisco destinó aproximadamente US$ 80 millones para reparar más de nueve mil departamentos sociales, donde destacan fallas constructivas vinculadas a filtraciones en tuberías PPR. Estos desperfectos, según la información oficial, tienen como máximo una garantía de cinco años, lo que ha dejado a muchas familias sin cobertura una vez vencido ese plazo. El costo de las reparaciones recayó en el erario nacional, lo que motivó la decisión de elevar el período de responsabilidad de los desarrolladores. El proyecto de ley apunta a que sean las empresas constructoras quienes asuman esos costos durante un decenio, reduciendo la carga fiscal futura.
LA REACCIÓN DE LA INDUSTRIA
Los gremios y empresas del sector de la construcción manifestaron su respaldo a la calidad de las obras, pero alertaron que la ampliación del plazo de garantía producirá un incremento en los costos de los proyectos habitacionales. La razón es que los desarrolladores deberán provisionar recursos durante un período más extenso para cubrir eventuales reparaciones, lo que se traduce en mayores primas de seguro, mayores exigencias técnicas y, en definitiva, un encarecimiento del precio final de las viviendas. La industria sostiene que el aumento será inevitable y que se trasladará a los compradores, lo que podría afectar el acceso a la vivienda, especialmente en el segmento social. Aunque reconocen el objetivo de proteger a los consumidores, piden que el diseño normativo considere incentivos para la innovación y no solo cargas adicionales.
EFECTOS EN EL MERCADO INMOBILIARIO
El cambio propuesto modifica el equilibrio de riesgos entre constructores y adquirientes. Actualmente, la garantía de cinco años cubre vicios ocultos y defectos de construcción, pero muchos problemas estructurales o de instalaciones se manifiestan después de ese período. Con la extensión a diez años, los compradores obtendrán una cobertura más amplia, pero los desarrolladores enfrentarán un horizonte de responsabilidad más largo, lo que impacta en sus balances y en la planificación de proyectos. Expertos en derecho inmobiliario señalan que la medida podría generar un efecto en la oferta de viviendas nuevas, especialmente si las empresas deciden reducir su producción o concentrarse en segmentos de mayor precio para absorber los costos adicionales. En cualquier caso, la discusión legislativa recién comienza y se espera que el proyecto pase por el Congreso durante el próximo año.
PERSPECTIVAS LEGISLATIVAS
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá presentar el proyecto de ley en el Congreso Nacional, donde se espera un debate sobre los plazos, las excepciones y los mecanismos de garantía. La iniciativa se suma a otras propuestas del gobierno para fortalecer la regulación del mercado inmobiliario, en un contexto donde los defectos constructivos han generado un alto costo fiscal y social. El sector construcción, por su parte, anticipa que buscará introducir modificaciones para mitigar el impacto económico, como la creación de fondos de garantía colectivos o la definición clara de los tipos de defectos cubiertos. El resultado final dependerá del equilibrio que logre el parlamento entre la protección al consumidor y la viabilidad de la industria.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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