Un juez del Segundo Juzgado de Letras de Arica fue acusado por el Consejo de Defensa del Estado de haber dictado una resolución favorable a cambio del pago de una cantidad de dinero, en un caso que terminó habilitando la inscripción irregular de un plano de subdivisión de un predio agrícola en el Valle de Lluta.
La querella criminal, presentada ante el Juzgado de Garantía de esa ciudad, apunta también a un receptor judicial y a un cartógrafo, a quienes se atribuye haber presentado prueba falsa en juicio para lograr ese pronunciamiento.
LA ACCIÓN PENAL
El Consejo de Defensa del Estado, por intermedio de su Procuraduría Fiscal en Arica, interpuso la querella contra el juez Gonzalo Quiroz y contra quienes resulten responsables, por su participación como autor de los delitos de prevaricación, cohecho y falsificación de instrumento público.
La acción se dirige, además, contra Luis Bardi, receptor judicial, y Carlos Falcon, cartógrafo, por los delitos de soborno y presentación de prueba falsa en juicio.
La presentación se efectuó ante el Juzgado de Garantía de Arica y se sustenta en la investigación que desarrolla el Ministerio Público. La fecha consignada para la acción es el 16 de octubre de 2026.
LAS NEGATIVAS QUE ANTECEDIERON LA RESOLUCIÓN
Los antecedentes de la investigación describen una coordinación entre los imputados y el juez para obtener una resolución judicial favorable. El objetivo era la inscripción irregular de un plano de subdivisión de un predio agrícola situado en el Valle de Lluta, perteneciente a la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos Limitada.
Ese resultado tuvo antecedentes adversos. La inscripción había sido rechazada previamente por el Conservador de Bienes Raíces y por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), debido al incumplimiento de los requisitos legales. A ello se suma que el propio juez había rechazado la solicitud en dos oportunidades anteriores.
LA TESIS DEL CONSEJO
Para el CDE, el caso reviste «evidente gravedad». A su juicio, mediante el pago de una cantidad de dinero se logró la dictación de una resolución judicial que permitió la inscripción irregular en el Conservador de Bienes Raíces, en circunstancias de que la misma resultaba claramente improcedente.
El organismo funda esa improcedencia en la existencia de un loteo irregular que contraviene la Ley General de Urbanismo, situación que la inspección personal realizada por el juez omitió.
Conforme a la valoración del Consejo, existió un acuerdo motivado por el soborno entre el perito y el solicitante con el juez de la causa para alcanzar el referido resultado judicial. En ese marco se aportó prueba falsa en juicio y se falsificó, además, la inspección personal realizada.
LOS HECHOS EN SECUENCIA
El relato que sostiene la querella puede ordenarse así: primero, el rechazo del Conservador de Bienes Raíces y del SAG a la inscripción del plano; luego, dos negativas del propio juez a la misma solicitud; después, la coordinación destinada a obtener un pronunciamiento favorable; y, finalmente, la resolución que abrió la puerta a la inscripción irregular.
Sobre ese último punto recae buena parte del reproche del Consejo, que subraya que la inscripción se concretó pese a que la gestión había sido negada en las instancias y organismos llamados a pronunciarse.
EL ALCANCE DE LA ACUSACIÓN
La querella no se limita al magistrado. Incorpora a un receptor judicial y a un cartógrafo, es decir, a quienes habrían intervenido en la prueba cuestionada, y se extiende a quienes resulten responsables de los hechos que investiga el Ministerio Público.
La acción del Consejo de Defensa del Estado fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Arica y busca que se establezca la responsabilidad penal de los imputados por los delitos que se les atribuyen.
Fuente: Consejo de Defensa del Estado
Documento original: https://www.cde.cl/cde-interpone-querella-criminal-por-delitos-de-corrupcion-contra-juez-del-segundo-juzgado-de-letras-de-arica/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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