La Comisión de Hacienda del Senado continuó el 15 de junio con la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional, en una jornada marcada por exposiciones críticas de organizaciones sociales y ambientales. Durante la sesión, representantes de Chile Sustentable, Oceana, Fundación Sol y asociaciones de capacitación advirtieron sobre graves riesgos jurídicos y ambientales en diversos artículos de la iniciativa, especialmente en lo relativo a modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental y al régimen tributario.
PREOCUPACIONES AMBIENTALES TRANSVERSALES
Sara Larraín, de la Fundación Chile Sustentable, abrió la ronda de presentaciones manifestando inquietud por el artículo 5 del proyecto, que reduce el plazo de invalidación administrativa. A su juicio, esta propuesta genera incertidumbre, ya que la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales aún no está completa. Además, señaló que el mensaje del proyecto no explica las razones para modificar plazos que han estado vigentes por dos décadas.
La expositora también apuntó contra los artículos 6 y 7, que modifican el reingreso de centros de cultivo de salmón al sistema de evaluación. Sostuvo que la falta de definición de relocalizaciones excluidas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) amplía la discrecionalidad administrativa y podría permitir actividades con impactos significativos sin evaluación adecuada.
En cuanto al artículo 13, Larraín criticó que se cambien criterios de magnitud para el ingreso de centrales generadoras de energía, trasladándolos desde la Ley 19.300 al reglamento. Advirtió que esto debilita el marco legal y puede generar inestabilidad regulatoria, contradiciendo el exitoso desarrollo de energías renovables de los últimos 20 años.
EVALUACIÓN AMBIENTAL EXPRESS Y SUS RIESGOS
Cristóbal Correa, director de campaña de Oceana Chile, centró su intervención en tres puntos críticos: el procedimiento de evaluación ambiental «express», la limitación de medidas cautelares y el nuevo sistema de indemnizaciones por anulación judicial de resoluciones de calificación ambiental (RCA).
Respecto al procedimiento express, que es voluntario, Correa explicó que si bien acotar plazos no es negativo en sí mismo, el diseño actual limita la capacidad de los organismos del Estado para solicitar información, lo que podría validar elusiones. Además, cuestionó que la duración real de los procesos depende de las suspensiones solicitadas por los titulares, no de los plazos legales.
Correa alertó sobre una disposición transitoria que faculta al Presidente de la República para hacer obligatorio este procedimiento mediante decreto con fuerza de ley, sin necesidad de debate en el Congreso. «No hay criterios para evaluar cómo funcionará este nuevo sistema», señaló.
En relación a las medidas cautelares, el abogado indicó que el proyecto fija un tope de seis meses de vigencia para la paralización de obras dictada por tribunales ambientales. Esto podría dejar sin protección frente a daños graves cuando los procesos judiciales exceden ese plazo, como ocurre con frecuencia.
INDEMNIZACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES
Tanto Larraín como Correa coincidieron en que los artículos 14 al 18, que establecen la restitución de gastos al titular cuando una RCA es anulada judicialmente, configuran un traslado de riesgos privados al Estado. La Corte Suprema ya se ha pronunciado en contra de esta fórmula, advirtiendo que el fisco internalizaría costos propios de la inversión privada.
Correa agregó que esta indemnización crea una presión indirecta sobre los jueces para evitar anular RCA ilegales, tensionando la independencia judicial. Además, podría alargar aún más los procesos de evaluación, ya que los funcionarios públicos buscarían evitar cualquier ilegalidad que genere responsabilidad fiscal.
CAPACITACIÓN Y FRANQUICIA TRIBUTARIA
Cristian Luengo, presidente de la Federación Chilena de Empresas de Capacitación (FECHICAP), y Carlos Linares, de ACMO, defendieron la mantención de la franquicia tributaria para capacitación. Argumentaron que eliminar este beneficio impactaría a 30 mil empleos directos y más de 200 mil personas, y que el 54% de los beneficiarios son mujeres con ingresos bajo 800 mil pesos.
Los expositores propusieron eliminar la integración vertical entre OTIC y OTEC, actualizar la norma de calidad y focalizar el beneficio en trabajadores de menores ingresos y microempresas. Señalaron que Chile capacita solo al 0,1% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (0,6%).
IMPACTO TRIBUTARIO Y FISCAL
El investigador de Fundación Sol, señor Gálvez, cuestionó los artículos 9, 10 y 11 del proyecto, que reducen el impuesto corporativo e integran el sistema tributario. Sostuvo que la evidencia comparada no muestra efectos significativos en empleo ni crecimiento económico, mientras que la pérdida fiscal sería relevante y afectaría áreas sensibles como pensiones y salud.
Gálvez destacó que la tasa de desempleo integral en Chile supera el 13% y nunca ha bajado del 10% en 15 años, por lo que las medidas propuestas no atacan las causas estructurales del problema laboral.
POSICIÓN DE LOS SENADORES
La senadora Chicardini intervino en varias ocasiones, respaldando las críticas ambientales y tributarias. Solicitó que la Corte Suprema sea invitada a exponer sobre los artículos 14 al 18 y 19, dado que el máximo tribunal ya ha manifestado reparos constitucionales. Además, cuestionó la lógica de eliminar la caducidad de concesiones acuícolas sin garantizar su efectiva inversión.
La senadora Gatica también manifestó su preocupación por el impacto fiscal de la reforma y la falta de evidencia empírica de sus supuestos beneficios.
Al cierre de la sesión, la presidenta de la comisión agradeció las exposiciones y se dio por terminada la instancia, a la espera de nuevas presentaciones en futuras sesiones.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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