La presión sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, lejos de ceder sumó un nuevo frente. La oposición exige su renuncia por las rebajas de condena que favorecieron a 56 personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores de edad, mantiene en estudio una eventual acusación constitucional y, además, agregó una denuncia penal contra el secretario de Estado y el subsecretario de la cartera, Luis Silva.
EL RESPALDO QUE NO DESCOMPRIMIÓ EL FLANCO
El Presidente José Antonio Kast reconoció un “error” del Estado en este caso y respaldó la labor de Rabat, a quien encomendó liderar las modificaciones necesarias para impedir que el beneficio se siga entregando.
Ese gesto no conformó a la centroizquierda, que además de pedir la salida del ministro presiona para invalidar los decretos ya cursados, entre los que figuran dos rebajas de condena a presos de Punta Peuco. En el sector se reconoce, de todos modos, que jurídicamente esa revocación presenta dificultades.
LA EXIGENCIA DE RENUNCIA
La diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, fue directa: “si se reconoce el error, lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades políticas y la responsabilidad política está en el ministro de justicia”. A partir de esa premisa, anunció que su partido insistirá en la renuncia de Rabat.
LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL SIGUE EN ESTUDIO
Las bancadas opositoras no descartan presentar una acusación constitucional y se encuentran analizando el camino a seguir, sin una definición adoptada hasta ahora.
El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, planteó que el Presidente “además de reconocer el error, debe de pedir disculpas públicas a nombre de su Gobierno a las víctimas y sus familias, debe exigir la renuncia del ministro Rabat y debe iniciar acciones judiciales y administrativas para revocar y dejar invalidados esos decretos por más difícil que jurídicamente esto sea”.
Y advirtió: “Si eso no ocurre, evidentemente que nosotros vamos a respaldar con fuerza política y jurídicamente con nuestros mejores técnicos para que las bancadas parlamentarias avancen en una acusación constitucional”.
DENUNCIA PENAL CONTRA RABAT Y SILVA
Los diputados Luis Cuello, del PC, y Juan Santana, del PS, presentaron una denuncia penal contra el ministro de Justicia y contra el subsecretario de la cartera. La acción apunta a un presunto delito de prevaricación administrativa, se funda en el artículo 228 del Código Penal y cuestiona la legalidad de las resoluciones dictadas.
Según los parlamentarios, los decretos contravienen el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, que establece restricciones expresas para conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Cuello sostuvo que “el ministro de Justicia le ha mentido al país, le ha mentido a las víctimas y también le ha mentido a sus familias”. En la misma línea, afirmó que “lo que sí estaba obligado a hacer, según la ley expresamente, era negarles el beneficio de rebaja de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas”.
LA INFORMACIÓN QUE EL PARLAMENTO RECLAMA
El exministro de Justicia Jaime Gajardo puso el acento en la falta de antecedentes por parte del Gobierno, insumo que, a su juicio, el Parlamento requiere para resolver, por ejemplo, si presenta una acusación constitucional. “Necesitamos que el Gobierno transparente esa información, yo todavía no entiendo por qué no entregan los 56 decretos”, dijo.
Para el exsecretario de Estado, “desde el punto de vista administrativo, legal y constitucional, el no haber aplicado como se debía la ley del año 2022 —que impedía la rebaja de condena a violadores y abusadores sexuales de niños, niñas, adolescentes— es un error jurídico”.
Gajardo agregó que, de acuerdo con la información que maneja la oposición, el Ejecutivo rechazaba inicialmente estas rebajas y comenzó a concederlas cuando empezó a cambiar la jurisprudencia, detalle que, afirmó, el país y los parlamentarios necesitan conocer.
EL EJE NORMATIVO DE LA CONTROVERSIA
El debate se ordena en torno a dos normas: el artículo 228 del Código Penal, que sirve de base a la denuncia por prevaricación administrativa, y el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, invocado por los diputados denunciantes como límite expreso a la concesión del beneficio. En paralelo, la oposición insiste en la invalidación de los decretos ya cursados, gestión respecto de la cual se reconocen dificultades jurídicas.
En nuestra lectura, el caso exhibe una tensión que conviene observar con atención: la discusión sobre la legalidad de los decretos y la exigencia de responsabilidad política avanzan por carriles y tiempos distintos. Sería prudente que la información que hoy se reclama esté disponible antes de que el Parlamento adopte cualquier definición.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/26/no-basta-con-asumir-el-error-oposicion-insiste-en-la-salida-del-ministro-rabat-por-rebajas-de-condena/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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