La Fiscalía Regional de Antofagasta solicita penas que, sumadas, alcanzan 642 años y 26 días de presidio para los 22 acusados de integrar una estructura transnacional que habría operado en esa ciudad entre 2020 y 2025 dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos. La acusación incluye además 7.730 UTM en multas y el comiso de bienes, y la audiencia de preparación de juicio oral quedó programada para el 30 de noviembre ante el Juzgado de Garantía.
LA OPERACIÓN Y LAS VÍCTIMAS
El caso se remonta a la desarticulación de la organización en agosto de 2025, en un operativo denominado «Casa de Muñecas», dirigido por el Ministerio Público y ejecutado por brigadas especializadas de la PDI en distintos domicilios y establecimientos comerciales de Antofagasta. En esa instancia se detuvo a los imputados, en su mayoría extranjeros, y se incautaron dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y documentación contable y bancaria. Para la Fiscalía, el resultado más relevante fue el rescate de una veintena de víctimas que eran explotadas.
De acuerdo con la acusación, esas personas habrían sido captadas en sus países de origen o en la propia Antofagasta, abusando de su situación de precariedad, en muchos casos por encontrarse en condición migratoria irregular y sin redes de protección o apoyo.
LOS DELITOS IMPUTADOS
El Ministerio Público formuló cargos por asociación criminal para cometer trata de personas, trata de personas con fines de explotación sexual, promover o facilitar la entrada o salida del país para la prostitución, asociación para cometer el delito de lavado de activos, lavado de activos y tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades.
Las penas solicitadas fluctúan entre 17 y 47 años de presidio, según la participación atribuida a cada acusado. La estructura habría estado conformada por cuatro agrupaciones criminales de menor tamaño, articuladas como clanes familiares, que operaban prostíbulos clandestinos y un café donde se ejercía el comercio sexual.
EL EJE PATRIMONIAL
Según la investigación, las ganancias de la explotación ingresaban a la economía formal mediante comercios de fachada, personas que prestaban sus cuentas, titulares aparentes de bienes e inversiones en vehículos, fondos mutuos e inmuebles sin relación con los ingresos declarados. Uno de los análisis financieros identificó más de 2.800 transferencias de bajo monto, patrón que, conforme a la indagatoria, buscaba eludir los controles del sistema financiero. A uno de los clanes se le atribuye además haber otorgado préstamos usurarios conocidos como «gota a gota».
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, enfatizó que el eje de la acusación es patrimonial. «A una organización criminal no se la vence solo con detenciones, se la vence cuando pierde su dinero. El patrimonio es su oxígeno, y nuestro trabajo es cortarlo», afirmó. Sobre la trata, agregó que «seguir el dinero no solo permite probar el lavado: permite reconstruir la explotación que lo hizo posible».
El persecutor también destacó el trabajo con las víctimas: «Investigar la trata exige empezar por las víctimas: personas que llegan sin redes, sin documentos y con miedo». Y sostuvo que el trabajo de la Unidad de Víctimas resulta tan decisivo como el de los investigadores.
EXTRADICIÓN DESDE COLOMBIA
De forma paralela, la Fiscalía gestiona la extradición desde Colombia de otra imputada, que se encontraba fuera del país al momento del operativo y que sería una de las líderes de uno de los clanes. La mujer fue formalizada en ausencia en abril de 2026 y en mayo la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió su solicitud de extradición activa. Actualmente se encuentra en prisión preventiva mientras avanza el proceso de extradición en su país.
«El crimen organizado no reconoce fronteras, y la justicia tampoco puede reconocerlas. La cooperación internacional no es un complemento de la persecución penal: es su condición», señaló Castro Bekios, quien agradeció a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, a Cancillería y a las autoridades colombianas.
LA PRUEBA PARA EL JUICIO
En la audiencia del 30 de noviembre, el Juzgado de Garantía revisará la prueba que las partes llevarán al juicio oral. Por el lado del Ministerio Público, la acusación se sustenta en 79 testigos, 7 peritos y 571 documentos, entre otros elementos.
En nuestra lectura, la insistencia del Ministerio Público en el componente patrimonial de la acusación parece un gesto relevante para una persecución penal que busca algo más que la sanción individual. Sería prudente, sin embargo, que ese énfasis no desplace la atención que el propio fiscal regional puso sobre las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que la acusación describe.
Fuente: Fiscalía de Chile
Documento original: https://www.fiscaliadechile.cl/actualidad/noticias/regionales/fiscalia-pide-642-anos-de-carcel-para-integrantes-de-organizacion
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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