El Partido Nacional Libertario anunció que el lunes 8 de junio presentará una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, en un contexto de críticas del oficialismo por el manejo de las finanzas públicas durante la administración de Gabriel Boric. El texto, que ya fue socializado entre bancadas cercanas al oficialismo, acusa al exsecretario de Estado de vulnerar la Constitución y la ley.
La ofensiva es impulsada principalmente por el PNL, liderado por Johannes Kaiser, aunque el Partido Republicano también mostró disposición a sumarse con un libelo conjunto. El plazo para presentar estas acusaciones contra exministros que dejaron el cargo el 11 de marzo vence el jueves de la próxima semana, lo que ha intensificado las negociaciones y el trabajo jurídico de las bancadas opositoras.
PRESUNTAS INFRACCIONES A LA PROBIDAD
De acuerdo con el documento, uno de los argumentos centrales apunta a una presunta infracción del artículo 8 de la Constitución, que establece los principios de probidad y transparencia en la función pública. La acusación sostiene que, aplicado a la gestión de Grau, ese estándar exige que las proyecciones oficiales reflejen la realidad fiscal, incluyan los compromisos de gasto vigentes, identifiquen fuentes de financiamiento y mantengan coherencia interna.
Según el escrito, las proyecciones elaboradas durante la administración de Grau no reflejaban adecuadamente el estado real de las finanzas públicas ni incluían todas las obligaciones de gasto vigentes del Estado. Esto habría afectado la credibilidad institucional y el control democrático sobre el gasto fiscal.
DÉFICIT ESTRUCTURAL INFERIOR
Uno de los ejes centrales del texto se relaciona con el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025. Según el borrador, el Decreto N°542 de 2025 fijó una meta de balance estructural de -1,6% del PIB para dicho ejercicio, pero el cierre definitivo informado posteriormente elevó el déficit estructural a -3,7% del PIB.
La acusación sostiene que el IFP incluía supuestos de recaudación superiores a los rendimientos reales, no consideraba todas las presiones de gasto derivadas de compromisos vigentes y presentaba una trayectoria de deuda bruta inconsistente con la proyección de balance. El libelo destaca el rol de la Ley N°21.683, de 2024, que transformó los principios de transparencia y responsabilidad fiscal en obligaciones jurídicas concretas para el Ministerio de Hacienda.
El documento subraya que el IFP es el instrumento de transparencia fiscal establecido por la ley, y que la Ley N°21.683 fija mecanismos para asegurar la disponibilidad, calidad, oportunidad y trazabilidad de la información fiscal, considerando estas exigencias como deberes funcionales del Ministerio de Hacienda.
El texto también incorpora declaraciones públicas del exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber, quien cuestionó las proyecciones elaboradas durante la administración anterior, señalando que la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda solían tomar decisiones conservadoras, pero que en este caso ocurrió lo contrario, lo que constituye un problema. Además, se recoge otra declaración del exsubsecretario, quien expresó su dificultad para comprender cómo se produjeron errores de esa magnitud, y que al aumentar la deuda, una mayor parte del presupuesto debe destinarse a su pago.
En otro apartado, el documento precisa que la actual administración reconoció indirectamente problemas en la gestión fiscal anterior: el IFP del primer trimestre de 2026, firmado por el actual Ministro de Hacienda, menciona la necesidad de recuperar la credibilidad institucional mediante estadísticas fiscales transparentes, consistentes y oportunas.
LA ESTRATEGIA OPOSITORA
La arremetida ha generado movimientos al interior de las distintas fuerzas oficialistas. Mientras el Partido Republicano ha señalado que avanzará con la acusación y busca consensuar un texto común con otras colectividades, en Chile Vamos existen reparos sobre la conveniencia política y la solidez jurídica del libelo.
No obstante, en el PNL aseguran que disponen de los respaldos suficientes para llevar adelante la presentación. Según reconocieron dirigentes de la colectividad, el documento ya fue socializado con parlamentarios de diversas bancadas, como el Partido de la Gente, Republicanos y Chile Vamos. Pese a ello, representantes de Renovación Nacional y Evópoli han señalado que no hay claridad sobre la viabilidad jurídica de la acusación y han expresado preocupación por el impacto político en medio de la tramitación de la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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