Poder Judicial de Chile
El director de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH) de la Corte Suprema, Rafael Silva, expuso el jueves 22 de octubre en la jornada «Buenas prácticas y debida diligencia en casos de violencia contra personas con discapacidad y personas mayores», convocada en el marco de las jornadas de formación de Facilitadores de Acceso a la Justicia del Ministerio Público. La cita convocó a especialistas en peritajes forenses y en investigación penal para revisar el abordaje judicial de ambos grupos de la población.
LA LABOR DEL SUBCOMITÉ
La intervención del director de la DAIDH se enmarcó en la labor de esa unidad como secretaría técnica del Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, que preside el ministro de la Corte Suprema Gonzalo Ruz. En ese carácter, Silva abordó las obligaciones del Estado y la debida diligencia frente a la violencia que afecta a personas con discapacidad y a personas mayores, junto con los desafíos que enfrenta el sistema de justicia para entregar una respuesta oportuna, accesible y respetuosa de sus derechos.
TRIBUNALES PILOTO Y GUÍA PRÁCTICA
Durante su presentación dio a conocer el trabajo desarrollado con los tribunales piloto en la aplicación de la Guía práctica de aplicación del protocolo de acceso a la justicia de personas mayores, herramienta orientada a identificar y reducir las barreras que pueden dificultar la participación de estas personas en los procedimientos judiciales. También se refirió a los desafíos asociados a la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, y destacó la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales frente a situaciones de violencia, discriminación y vulneración de derechos.
LENGUAJE CLARO Y EVIDENCIA
La exposición relevó la importancia del lenguaje claro y comprensible como una condición para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia. Junto con ello, subrayó el uso de evidencia y casos prácticos para reconocer barreras, orientar las actuaciones de los operadores del sistema y promover medidas que consideren las necesidades de las personas involucradas.
PERITAJE Y BUENAS PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS
La jornada contempló además la presentación de Claudia González, psicóloga especialista en peritajes forenses, quien analizó el abordaje de personas con discapacidad en experiencias comprendidas y abordadas en el ámbito judicial. Por su parte, Francisca Rivera, fiscal especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía de Género, expuso sobre aspectos relevantes y buenas prácticas investigativas a partir del análisis de un caso que involucraba a una persona sorda, con énfasis en las consideraciones necesarias para desarrollar investigaciones que resguarden sus derechos.
ARTICULACIÓN ENTRE ÓRGANOS
Para el director de la DAIDH, la participación del subcomité en estas instancias responde a la necesidad de articulación interinstitucional. «Los ajustes de procedimientos deben adoptarse en las distintas etapas: previas como la investigación, juicios, atención de usuarios, conversábamos de la ejecución de la pena, y sobre todo el materia penal hay mucho interviniente, es muy importante este actuar coordinado y es muy valiosa la especialización que está realizando del Ministerio Publico», señaló.
FORMACIÓN DE FACILITADORES
Estos espacios buscan fortalecer las competencias de quienes cumplen funciones de facilitación de acceso a la justicia en el Ministerio Público. Se trata de funcionarios y funcionarias con preparación especializada en derechos humanos, que orientan a fiscales y equipos regionales en la identificación de barreras que enfrentan las personas con discapacidad y las personas mayores, y en la recomendación de ajustes y adecuaciones que permitan garantizar su participación efectiva en los procesos.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes litigan, la exposición deja a la vista dos focos de trabajo: la reducción de barreras que enfrentan las personas mayores y las personas con discapacidad en los procedimientos, y la necesidad de adoptar ajustes de procedimiento en etapas que van desde la investigación hasta la ejecución de la pena. La Guía práctica de aplicación del protocolo de acceso a la justicia de personas mayores, aplicada en tribunales piloto, aparece como una herramienta para identificar esas barreras, mientras que el lenguaje claro se plantea como condición del ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia.
La participación de la DAIDH se enmarca en el trabajo institucional destinado a promover una justicia más accesible, inclusiva y centrada en las personas, mediante herramientas prácticas, formación especializada y la incorporación de un enfoque de derechos humanos en la actuación de los órganos de justicia.
En nuestra lectura, la jornada confirma que el acceso a la justicia de personas mayores y de personas con discapacidad se juega tanto en las reglas como en las prácticas cotidianas de quienes intervienen en el proceso, y el trabajo con tribunales piloto parece un modo razonable de traducir esas exigencias en rutinas concretas. La advertencia sobre la multiplicidad de intervinientes en materia penal sugiere que cualquier ajuste requerirá coordinación entre órganos más que esfuerzos aislados.
Fuente: Poder Judicial de Chile
Documento original: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/149588
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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