Siete años después, el 18-O sigue sin una lectura compartida. Este domingo, mientras organizaciones sociales marchaban por el centro de Santiago sin autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana, el Gobierno defendía el despliegue policial y un sector del oficialismo volvía a exigir un indulto general para uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido.
La convocatoria se concentró en la intersección de la Alameda con el Paseo Ahumada y reunió batucadas, intervenciones culturales y un amplio contingente de la unidad de Control de Orden Público (COP) de Carabineros. Los organizadores levantaron demandas en salud, educación y pensiones, además de exigencias vinculadas al fin de la corrupción institucional.
LA FECHA Y SUS INTERPRETACIONES
Amnistía Internacional Chile acompañó la conmemoración con una reflexión sobre el origen de las protestas. «Fueron años de desigualdades, abusos, violencia, pensiones miserables», señaló la organización, que descartó leer el estallido como una reacción espontánea de una sola mañana de octubre de 2019.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó un despliegue preventivo de Carabineros y, en el programa Estado Nacional de TVN, advirtió que ante eventuales daños a la propiedad «la respuesta va a ser con intensidad dentro del marco legal». También cuestionó a los sectores que respaldaron las manifestaciones de 2019: «La sociedad entendió que era mala idea validar la violencia, porque trae consecuencias posteriores de una inestabilidad en nuestro país».
La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se sumó a esa lectura y llamó a los actores institucionales a «rechazar la violencia como método de acción política». «Validarla, creo que termina dañando las instituciones, dañando nuestra democracia», agregó.
LA RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN
El diputado y exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, cuestionó esa interpretación del oficialismo. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile apuntó a «El intento del oficialismo por hacerle creer a todo el mundo que aquí hubo solo violencia», esfuerzo que, a su juicio, busca «evitar que los sectores subalternos de la sociedad volvamos a expresarnos».
El legado del proceso, en su opinión, es otro: «hay un aprendizaje importante de que hay procesos de politización de la discusión pública, donde el pueblo puede recuperar el protagonismo».
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, puso el acento en la vigencia de las demandas estructurales de la población. «Si no se atienden esas razones, no hay magia que haga que la gente pueda contener su impotencia, contener su rabia», planteó, y describió a la actual administración como «un gobierno que se desentiende de las mayorías».
LA OFENSIVA POR EL INDULTO
La fecha conmemorativa reactivó las exigencias de un sector del oficialismo para otorgar beneficios carcelarios a funcionarios policiales y militares condenados por delitos cometidos en el marco de las protestas de 2019. Durante la entrega de una ofrenda floral al monumento a los Mártires de Carabineros, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, emplazó al Presidente José Antonio Kast: «Señor Presidente, hay un proyecto de ley de indulto general que está esperando su respaldo y patrocinio en el Senado. Respalde, patrocine».
El excandidato presidencial sostuvo que los uniformados sentenciados «han tenido que defenderse con sus propios medios» y reprochó al mundo político que «con suerte, hemos encontrado un par de declaraciones medias tibiecitas de respaldo a las instituciones».
Bassa, en cambio, rechazó categóricamente esa salida: «Me parece que es efectivamente impresentable. Yo creo que no hay ninguna posibilidad cierta de invocar ningún contexto para justificar las violaciones a los derechos humanos».
LAS CIFRAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
De acuerdo con el Ministerio Público, de las 11.506 denuncias por violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, 575 obtuvieron términos judiciales, equivalentes al 5%. De ese universo, 219 casos terminaron con sentencias condenatorias, un 1,9%, y solo 14 personas condenadas a cárcel cumplen actualmente su pena de prisión efectiva.
Amnistía Internacional cifró ese último grupo en «el 0,1% de los crímenes» y advirtió que sobre ellos se dirige la iniciativa: «los que hoy se pretende indultar, es decir, lo que se busca es impunidad total incluso para los crímenes más aberrantes: torturas, asesinatos, abuso sexual, golpizas brutales y todo tipo de abuso de la fuerza».
En nuestra lectura, la conmemoración de este domingo deja a la vista que la disputa por el 18-O sigue canalizándose por dos carriles que no se tocan: la defensa del orden público y la reivindicación de las demandas sociales que originaron las protestas. A juicio de este medio, sería prudente que la discusión sobre el indulto se contrastara con las cifras de condenas efectivas que el propio Ministerio Público informa, antes que con consignas de uno y otro lado.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/18/a-siete-anos-del-18-o-movilizaciones-lecturas-enfrentadas-y-presion-por-indultar-a-uniformados-condenados/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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