La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema organizó un conversatorio para analizar los desafíos de la ley número 21.772, normativa que reformó el sistema notarial y registral del país y que, según se expuso, define la forma en que se ejerce la supervigilancia de la fe pública.
El encuentro fue inaugurado por la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, y encabezado por el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro. La moderación correspondió al titular de la Primera Fiscalía Judicial de Talca, Gonzalo Pérez, y el panel lo integraron Hernán Larraín, quien ocupó la cartera de Justicia y Derechos Humanos; Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados; y Sergio Endres, profesor en la Universidad de Chile. La discusión combinó de ese modo la mirada judicial, la experiencia de quien encabezó la cartera de Justicia, la visión gremial y la perspectiva académica.
La actividad se planteó como un espacio de reflexión sobre el marco que rige a notarios, conservadores y archiveros, y sobre las tareas de inspección de los fiscales judiciales, que con la reforma dejan atrás las visitas itinerantes y dan paso a una fiscalización permanente.
CONTEXTO DE LA REFORMA
Transcurridos algo más de seis meses desde la puesta en marcha de la ley número 21.772, el conversatorio permitió ordenar los principales cambios que la normativa introduce en el sector notarial y registral. Según se expuso, se trata de una transformación largamente esperada, que responde a una sociedad que demanda instituciones transparentes e íntegras y que traslada el sello fiscalizador de la Fiscalía Judicial hacia estándares más altos en materia de transparencia y probidad.
Se insistió, además, en que el cambio normativo no se agota en la actualización de disposiciones, porque define el modo en que se ejerce la supervigilancia de la fe pública, materia que antes se asociaba a un control más espaciado en el tiempo. Con la reforma, la Fiscalía Judicial asume un papel de vigilancia continua sobre el desempeño de notarios, conservadores y archiveros, ámbito en el que la ley ordena responsabilidades y criterios de supervisión.
FISCALIZACIÓN PERMANENTE
El punto que concentró mayor atención fue el nuevo esquema de control. Las visitas itinerantes que los fiscales judiciales realizaban a las oficinas de notarios, conservadores y archiveros ceden su lugar a un régimen de fiscalización permanente. Ese giro obliga a revisar procedimientos, criterios de supervisión y la organización interna del órgano que ejerce la vigilancia.
La presidenta de la Corte Suprema puso el acento en las condiciones que, a su juicio, debe reunir el sistema: reglas transparentes y sujetas a rendición de cuentas, eficiencia en la prestación del servicio y niveles adecuados de oportunidad, accesibilidad y calidad. Un servicio con esas características, planteó, es el que permite fortalecer la confianza pública.
DESAFÍOS INSTITUCIONALES
En el panel se abordó también el diseño del órgano fiscalizador. Se sostuvo que el desafío exige dotar a la Fiscalía Judicial de una orgánica distinta y mucho más diversa que la actual, aunque se valoró que la fiscalización ya se encuentre operando y que el camino recorrido sea considerado positivo.
La combinación de diagnósticos en torno a la norma, a la estructura institucional y a la gestión del control marcó el tono de una jornada que no buscó entregar balances de resultados, sino abrir un debate sobre lo que viene. La actividad se desarrolló, además, mientras las instituciones involucradas ajustan sus prácticas a las nuevas reglas y a un esquema de supervisión que ya no descansa en visitas puntuales.
El conversatorio completo fue difundido en YouTube.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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