El gobernador de la Región Metropolitana cuestionó con dureza al Ejecutivo por la reducción de recursos que contempla el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred. Lo hizo en un punto de prensa convocado luego de la emergencia climática que afectó a Santiago el martes, escenario que, a su juicio, vuelve difícil justificar el ajuste.
El monto del recorte, según expuso la autoridad regional, asciende a $257.942.000 en ese programa específico. La cifra fue el eje de su intervención ante los medios y el punto de partida de una crítica más amplia al diseño presupuestario del Gobierno central.
EL RECORTE EN DISCUSIÓN
Para el gobernador, la discusión no se agota en una partida determinada. Su reparo apunta a la relación entre el discurso con que el Ejecutivo aborda las emergencias y los recursos que efectivamente destina a prevenirlas y enfrentarlas.
En ese sentido, planteó una exigencia directa: “lo que más me importa a mi es que el Gobierno central ponga los recursos. Puedes tener todas las vocerías del mundo, pero si no pones los recursos, vale de poco”.
La frase resume su tesis. A su entender, la comunicación pública y la coordinación institucional pierden peso si no van acompañadas de financiamiento efectivo para los organismos que operan en terreno durante una catástrofe.
LA ARGUMENTACIÓN DEL GOBERNADOR
El gobernador amplió luego el foco hacia otras áreas del gasto público. Mencionó también los recortes en materia de Medio Ambiente, con referencia expresa a la necesidad de reforestar la precordillera, y a los recortes que afectan a los gobiernos regionales.
Su crítica se ordena en una secuencia lógica: se reducen los recursos de las instituciones que previenen y responden a desastres, se reducen los recursos ambientales y se reducen los fondos de los gobiernos regionales; luego, sostuvo, a esas mismas reparticiones se les pide ejecutar inversiones.
“Entonces, cuando estamos cortando el presupuesto a Senapred, cuando estamos cortando el presupuesto a Medio Ambiente, que hay que reforestar la precordillera, cuando estamos cortando ese tipo de presupuesto a los gobiernos regionales, que después se nos pide que hagamos inversiones”, señaló.
El cierre de su intervención fue igualmente frontal: “yo le pido al Gobierno coherencia. Pongamos la billetera donde ponemos la boca. Si las emergencias son tan importantes, pongamos los recursos. De lo contrario, honestamente, pura música”.
LA LECTURA JURÍDICA DEL EPISODIO
El intercambio tiene relevancia directa para el debate presupuestario. La Ley de Presupuestos es la norma que autoriza anualmente la percepción de ingresos y la ejecución de gastos del sector público, de modo que las partidas allí consignadas definen, en la práctica, la capacidad operativa de los servicios públicos y de los gobiernos regionales.
Cuando la discusión se traslada a programas asociados a la gestión del riesgo de desastres, lo que está en juego es la articulación entre las competencias que el ordenamiento entrega a distintos niveles de la Administración del Estado y los medios financieros con que esas competencias se ejercen. Una competencia sin recursos es, desde el punto de vista de la gestión pública, una competencia debilitada.
El episodio también ilustra una tensión recurrente entre el nivel central y los gobiernos regionales: estos últimos deben ejecutar inversiones y responder ante la ciudadanía en sus territorios, pero dependen en buena medida de transferencias y partidas definidas en la discusión presupuestaria nacional.
Para los abogados y abogadas que asesoran a servicios públicos, municipios y gobiernos regionales, el punto es sensible. Los recortes inciden en la planificación anual, en la ejecución de convenios y en la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas, y suelen traducirse en ajustes operativos y en reasignaciones internas.
El debate, además, se instala en un momento en que las emergencias climáticas han mostrado su potencial de afectar a zonas densamente pobladas, como ocurrió en Santiago. La pregunta de fondo que deja planteada la autoridad regional es si el presupuesto refleja las prioridades que el propio Ejecutivo declara en materia de prevención y respuesta.
LA RÉPLICA Y EL CONTEXTO POLÍTICO
El gobernador sostuvo su crítica sin matices y apeló, precisamente, al criterio de coherencia como estándar de evaluación. Su frase final, que califica de “pura música” el discurso sin respaldo financiero, condensa el reproche político que formula al Gobierno.
Se trata, en todo caso, de una controversia cuyos efectos concretos dependerán de cómo evolucionen las partidas en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Hasta ahora, lo que existe es una acusación pública de incoherencia formulada desde una gobernación regional, un monto específico de reducción y un emplazamiento abierto al Ejecutivo para que priorice el financiamiento de la gestión del riesgo de desastres.
Fuente: CNN Chile
Documento original: https://www.cnnchile.com/pais/orrego-fustiga-al-gobierno-por-recortes-en-presupuesto-de-senapred-tras-emergencias-climaticas-le-pido-coherencia-al-gobierno/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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