Las inundaciones en Curacautín y el aluvión en Las Condes reabrieron el debate sobre prevención y planificación territorial en el país. Con miras al Presupuesto 2027, la discusión se posiciona en la priorización de obras de mitigación, alertas y adaptación climática, mientras los expertos advierten sobre instrumentos desactualizados, brechas de personal en Senapred y los riesgos que implican los recortes en la materia.
INSTRUMENTOS DESACTUALIZADOS Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Para Alberto Texido, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, las emergencias recientes volvieron a poner sobre la mesa las falencias en prevención y planificación territorial. A su juicio, uno de los principales problemas es la falta de actualización permanente de los instrumentos que regulan el uso del suelo, lo que obliga a adaptar de manera continua tanto la planificación territorial de estos sectores como la información disponible para la ciudadanía y los sistemas de alerta y evacuación.
En el caso de Las Condes, Texido planteó que la emergencia dejó en evidencia la necesidad de revisar la información con que se identifican las zonas expuestas. Según explicó, los instrumentos de planificación territorial deben mostrar la verdadera magnitud del impacto para actualizar los antecedentes de aquellos que «hoy día no mostraban exactamente el mismo trazado que esta condición de aluvión generó en la ciudad».
El académico sostuvo además que «ya los desastres no son naturales y se les llama socios naturales», con lo que apuntó a que, cuando existen antecedentes científicos sobre las amenazas de un territorio, surge también la responsabilidad de decidir cómo habitarlo y qué medidas adoptar para reducir la exposición de las personas. «Habitar esas zonas es un desafío que nos obliga a enfrentar la pregunta de si lo vamos a permitir conociéndolo y si nos vamos a adaptar gradualmente, porque no hay otra forma», planteó.
PRIORIDADES PARA EL PRESUPUESTO 2027
En ese escenario, el Presupuesto 2027 aparece como una instancia clave para sostener las políticas de prevención y adaptación climática. Texido advirtió que existe «una tremenda pregunta de los presupuestos que hoy día se están barajando para el Senapred y para estas lógicas de planificación territorial».
Respecto de las prioridades concretas para el próximo año, el experto sostuvo que el presupuesto debería contemplar «obras que apunten hacia proyectos de mitigación y amortiguación de impactos del cambio climático en ciudades». Entre ellas mencionó «piscinas aluviales en las zonas donde se puedan detectar esas posibilidades», junto con inversiones para identificar los sectores de riesgo e incorporar esos antecedentes a los instrumentos de planificación.
A dichas medidas sumó la necesidad de garantizar que la población tenga acceso a información clara sobre las amenazas de su entorno. Planteó como prioridad «la permanente formación e información a la población con vías de escape y capacitación para estar todos en conocimiento de los sectores seguros de las ciudades para poder avanzar».
DESIGUALDAD Y RECORTES PRESUPUESTARIOS
En el Día Internacional por la Reducción del Riesgo de Desastres, Paulina Vergara, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y directora ejecutiva del Programa de Riesgos y Desastres de la misma casa de estudios, advirtió sobre las desigualdades que dificultan la prevención de emergencias a nivel local.
Vergara destacó que Senapred ha logrado reunir a más de 200 organizaciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil en su plataforma nacional, pero advirtió que ese trabajo debe traducirse en capacidades concretas en los territorios. La académica sostuvo que la traducción de una política nacional también necesita de impacto regional y local, y que las desigualdades estructurales del país se han convertido en el nudo crítico frente a los grandes desafíos.
La especialista ejemplificó estas brechas con las limitaciones de personal que enfrentan los organismos encargados de gestionar el riesgo. «Senapred en algunas regiones tiene un funcionario para 8 mil personas habitantes de esa región», señaló. En el caso de los municipios, agregó, «muchas veces tenemos una persona que es un profesional encargado de muchas cosas», lo que dificulta responder a las necesidades de prevención y preparación ante emergencias.
A estas limitaciones se suma, según Vergara, que la política nacional de cambio climático y la política nacional para la reducción del riesgo de desastres se construyeron de manera paralela, lo que ha generado dificultades para los gobiernos locales, que disponen de recursos financieros, humanos y tiempo limitados para implementar ambos instrumentos.
Para la especialista, el problema no se limita a la capacidad de responder durante una emergencia, sino que involucra la preparación y prevención de futuros eventos. «Más allá de la emergencia hay que pensar que este es un sistema nacional de preparación, prevención y respuesta ante riesgo de desastre», afirmó, y advirtió que la experiencia acumulada en Chile muestra que, después de cada catástrofe, el Estado debe desplegar mayores esfuerzos y aumentar los recursos para atender sus consecuencias.
Desde esa perspectiva, cuestionó las reducciones presupuestarias en esta materia, señalando que los recortes ante desastres son muy difíciles de llevar a cabo y en general causan más tensiones a nivel del Estado que soluciones, tanto en el corto como en el largo plazo. En ese escenario, sostuvo que enfrentar los efectos del cambio climático requiere políticas públicas de gran alcance y continuidad, más allá de las diferencias ideológicas entre administraciones, y llamó a que las emergencias recientes se traduzcan en una respuesta que considere las necesidades de todos los territorios, especialmente de aquellos con menores capacidades para prevenir y enfrentar catástrofes. «Las comunidades en todas partes de Chile están esperando que quien tiene el poder esté, como decía, a la altura del desafío», concluyó.
DISPUTA ENTRE SAN MARTÍN Y ORREGO
Tras la emergencia se abrió un enfrentamiento entre autoridades por la coordinación de la respuesta. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó el papel del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y afirmó que el municipio necesitaba apoyo para articular recursos y maquinaria de otras comunas. En declaraciones a Tele13 Radio, la alcaldesa sostuvo que «cuando se hacen Cogrid regionales, entiendo que a los Cogrid regionales también va la Gobernación y no hemos visto al gobernador».
A través de su cuenta de X, Orrego respondió que en febrero, tras un primer episodio en la misma quebrada, ofrecieron a Las Condes financiar un estudio de riesgo y el municipio desistió del apoyo, considerando que la comuna tiene un presupuesto que más que duplica el del GORE para toda la región. «Hoy reiteramos nuestra disposición: los recursos están para prevenir y proteger a los vecinos. Más que polemizar, hoy lo importante es ayudar», manifestó el gobernador.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/13/adaptacion-climatica-las-obras-y-medidas-que-expertos-piden-priorizar-en-el-presupuesto-2027/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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