Doble estándar en Colonia Dignidad: el argumento presupuestario que se dio en Chile y el jurídico que se entregó a Alemania
A fines de marzo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que el Gobierno revertiría el proceso de expropiación de Colonia Dignidad iniciado por la administración anterior y puso el acento en las finanzas: con esos mismos recursos, afirmó, se pueden construir 600 o 700 viviendas. Más de seis meses después, el acta de una reunión sostenida a mediados de julio entre representantes del Estado chileno y del alemán revela que la explicación entregada a Berlín fue otra, y bastante más técnica.
El documento de la Comisión Mixta chileno-alemana, instancia que funciona desde hace casi diez años para abordar los asuntos vinculados a la exColonia, consigna que la parte chilena sostuvo que no puede dar curso al proceso por criterios de viabilidad financiera pero, por sobre todo, por una falta de competencia legal. La diferencia de énfasis no es menor para el mundo jurídico: no se trataría de una simple priorización de recursos, sino de la afirmación de que el mecanismo escogido por el Gobierno de Boric era improcedente.
LAS SEIS CAUSAS ALEGADAS
Según el acta, los representantes nacionales señalaron a sus pares alemanes que el proceso encabezado por los ministerios de Vivienda, Justicia y Bienes Nacionales del Gobierno anterior no cumplía con todos los requisitos que exige la legislación para su tramitación. El documento enumera seis causas concretas: la ausencia de una causa legal habilitante para expropiar; la falta de una ley que autorice la expropiación a favor de un tercero; la circunstancia de que los terrenos rurales no serían susceptibles de expropiación sin causa habitacional; vicios de forma y de fondo en el decreto expropiatorio; la ausencia del estudio pericial exigido por ley; y la falta de un programa habitacional o urbano con código BIP e identificación presupuestaria para consignar las indemnizaciones.
Las autoridades chilenas, encabezadas por el jefe de la División de Derechos Humanos de Cancillería, Felipe Kipreos, y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, reiteraron el compromiso de crear un sitio de memoria en el predio, pero plantearon que el camino correcto para expropiar es la dictación de una ley especial.
LA RÉPLICA DEL EXMINISTRO GAJARDO
Entre los exintegrantes del Gobierno anterior, el principal argumento es que la Ley 16.391, que creó el Ministerio de Vivienda, no solo faculta al organismo para expropiar con fines habitacionales, sino también para equipamiento comunitario, figura en la que cabría el sitio de memoria.
El exministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, dijo desconocer los estudios en que se basa la actual administración y aseguró que la cartera tiene competencias amplias para expropiar. Recordó que en otros sitios de memoria se empleó la misma metodología y que esos procesos se concretaron, y sostuvo que lo que existe son excusas de la actual administración. También reconoció las complejidades del caso: los colonos pusieron resistencia a los peritos que llegaron a tasar los terrenos y, una vez realizada la tasación, las cifras resultaron demasiado elevadas. Su propuesta alternativa fue encargar un nuevo peritaje que arrojara un precio distinto.
LA TESIS DE LA LEY ESPECIAL
No todos los juristas comparten esa lectura. El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Pablo Cornejo opinó que las herramientas usadas por el Gobierno anterior podían abrir paso a querellas de los colonos, oposición que anticipaba una judicialización y un cuestionamiento a la procedencia de la causal invocada. Explicó que el equipamiento comunitario es viable en zonas urbanas, pero más riesgoso en un terreno como el de la exColonia, donde el nivel de conflicto aumenta si el sitio de memoria queda fuera de los planes reguladores.
A su juicio, la disposición del Ejecutivo con el tema debería expresarse en el envío de una ley especial que autorice la expropiación, y advirtió que al Gobierno le corresponde no solo explicar por qué desistió, sino también por qué no existe voluntad de avanzar por esa vía.
TRANSPARENCIA Y EXPERTOS
El diputado del Frente Amplio Roberto Celedón calificó de lamentable que las explicaciones dadas a Alemania no se hayan entregado también a nivel interno. A fines de julio ofició a los ministerios de Vivienda, Bienes Nacionales y Justicia para conocer el avance del proceso; la respuesta aludió a vicios jurídicos y técnicos, sin mayores detalles. Para el parlamentario, si el Gobierno sostiene que debe legislarse, tiene que pronunciarse sobre si promoverá el proyecto.
En el acta consta, además, que Chile informó a Alemania que retomará el trabajo de un equipo binacional de expertos que en 2021 presentó un concepto de sitio de memoria. La parte alemana no objetó la pausa, pero planteó dudas sobre el funcionamiento, el financiamiento y la participación de las víctimas, y pidió una hoja de ruta concreta. La embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, calificó la incorporación de especialistas como una medida útil.
La presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero, discrepó: habló de volver a pedir a expertos que trabajen a puerta cerrada y desmintió que las organizaciones hayan sido contactadas entre marzo y julio. El Ministerio de Justicia derivó las consultas a Cancillería, que evitó profundizar en el acta y aseguró que el compromiso de crear el sitio de memoria se mantiene.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/10/colonia-dignidad-las-explicaciones-de-chile-a-alemania-para-justificar-la-pausa-en-la-expropiacion/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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