La Comisión de Seguridad Pública del Senado dedicó su sesión del 29 de septiembre de 2026 a dos asuntos: la determinación de trasladar a un interno de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario de Punta Arenas y la continuidad del estudio de la iniciativa legal que endurece las penas por agresiones a integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. La instancia sesionó en la sala 10, tercer piso de la sede de Valparaíso, entre las 11:00 y las 12:30 horas, conforme al registro audiovisual de la jornada.
LOS CONVOCADOS
Al primer punto de la tabla fueron invitados el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el Director Nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez. Se trata de una decisión de carácter administrativo, adoptada en el ámbito penitenciario, cuyo conocimiento fue puesto en tabla ante la comisión.
Al segundo asunto concurrieron el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública, Verónica Encina. La nómina reunió a la cartera encargada del diseño de la política de seguridad, al organismo que dirige la persecución penal en el país y al servicio que ejerce la defensa técnica de imputados.
EL TRASLADO DEL INTERNO
El temario del primer punto se formuló como toma de conocimiento, esto es, la comisión fue convocada a informarse respecto de una decisión ya adoptada en sede administrativa. El objeto específico fue la determinación de trasladar a un reo de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
La materia involucra, por una parte, criterios de seguridad penitenciaria y las condiciones en que se ejecuta la privación de libertad en un recinto alejado de los principales centros urbanos del país, y, por otra, las garantías que asisten a toda persona condenada, incluida la revisión de las condiciones de su internación.
ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD
El segundo punto del temario correspondió al proyecto de ley que eleva las sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad cuando la víctima es un integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, identificado con el Boletín 17.662-07. La comisión retomó el estudio de la iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional y cuya urgencia está calificada de simple.
El texto apunta a un ámbito acotado del catálogo penal: los atentados que recaen sobre funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones. La revisión de este tipo de figuras suele abrir preguntas sobre la proporcionalidad de las penas, sobre la relación con otras figuras ya existentes en la legislación penal y sobre el efecto concreto que las agravantes tienen en la persecución de los hechos. Para este punto fueron convocados el Fiscal Nacional y la Defensora Nacional.
TRÁMITE Y URGENCIA
La urgencia calificada de simple otorga preferencia al proyecto dentro de la tramitación legislativa y obliga a las instancias parlamentarias a ordenar su trabajo para darle despacho. Al encontrarse en segundo trámite constitucional, la iniciativa ya cuenta con una aprobación previa en la cámara de origen y su discusión actual se centra en el texto que el Senado debe resolver.
El paso por la Comisión de Seguridad Pública constituye una etapa de estudio previa a una eventual votación en Sala. En esta fase los invitados exponen antecedentes técnicos y los integrantes de la comisión pueden formular indicaciones al articulado. El resultado de esa deliberación es determinante para la configuración final de las sanciones que se propone aumentar.
La jornada quedó así dividida entre un asunto de gestión penitenciaria y otro de política criminal legislativa, dos planos que suelen cruzarse en la agenda de la comisión y que en esta oportunidad convocaron a representantes de cinco entidades del Estado: los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública, Gendarmería de Chile, la Fiscalía Nacional y la Defensoría Penal Pública.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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