CONSTRUCTORA DEMOTRON PIDE SU REORGANIZACIÓN CONCURSAL Y CULPA AL MOP POR RETRASAR PAGOS DESDE 2024
Con más de tres décadas de trayectoria en la construcción de obras civiles y una relación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que se remonta a 1994, la constructora Demotron atraviesa un momento crítico y puso en marcha un plan de salvataje financiero para evitar la quiebra.
Este jueves la compañía ingresó al 1º Juzgado Civil de Santiago una solicitud para acogerse a un proceso de reorganización concursal de sus pasivos. Sus principales áreas de especialización son la construcción de caminos forestales, túneles, demoliciones, obras de arte, puentes, tronadura y movimiento de tierra. La presentación está patrocinada por los abogados Luis Felipe Castañeda y Juan Cristóbal Pino.
LAS DEUDAS Y LOS ACREEDORES
Demotron mantiene deudas por $10.675 millones. Sus principales acreedores son la Tesorería General de la República, con $1.900 millones; Banco Itaú, con $1.200 millones; y Banco Security, con $600 millones.
En su presentación, la sociedad que acumula más de 150 obras terminadas culpó al Ministerio de Obras Públicas por el mal estado de sus negocios y su situación financiera.
EL MOP COMO ÚNICO CLIENTE
El escrito consigna que Demotron es contratista de obras civiles del MOP, su único cliente, y que ejecuta obras viales, caminos, puentes, movimiento de tierra y conservación en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, con una dotación del orden de 500 trabajadores.
La empresa sostiene que la totalidad de sus ingresos depende de que el mandante autorice, tramite y pague los estados de pago de la obra ejecutada. En esa línea, explica que desde octubre de 2024, mes en que una reasignación presupuestaria hacia salud redujo los montos de producción autorizados, el MOP retrasa de forma sistemática el pago de los estados de pago.
De acuerdo con el documento, en enero y febrero de 2025 el mandante detuvo por completo la facturación, mientras la empresa siguió pagando sueldos, cotizaciones, combustible y proveedores sin poder emitir factura alguna.
Entre 2024 y 2026, la firma ejecutó además obras de emergencia derivadas de los sistemas frontales de 2023, como el camino CH-115, Pelluhue M80-N y varios caminos de Curicó, que financió íntegramente con recursos propios, con autorización de facturación retrasada más de doce hasta dieciocho meses e inmovilizando cerca de $12.500 millones.
La constructora señala que recibió el término anticipado de dos contratos con más de 90% de avance, lo que congeló del orden de $2.000 millones de ingresos ya programados, con ajustes de contrato que demoraron más de 18 meses.
Según el escrito, el fenómeno fue sistémico y está documentado. El mismo documento consigna que la deuda flotante del Ministerio de Obras Públicas creció 153% entre 2021 y 2024, hasta alcanzar los $422.780 millones, y que la Contraloría Regional del Maule ordenó un sumario en Vialidad por demoras en la regularización de contratos de emergencia que impidieron pagar oportunamente a los contratistas.
LA CRONOLOGÍA DE LOS INCUMPLIMIENTOS
El escrito fija una secuencia de hechos. El primer atraso sistemático del mandante ocurrió en octubre de 2024; la detención total de la facturación, entre enero y febrero de 2025; y el primer incumplimiento de la empresa, en junio de 2026, con una cuota de convenio con la Tesorería General de la República, seguida de cuotas bancarias no pagadas íntegramente en los dos meses previos a la minuta.
La constructora plantea que entre uno y otro hecho median veinte meses en que cumplió: formalizó y calendarizó su deuda tributaria en doce convenios F29, negoció planes de pago con bancos, factoring y proveedores, y los sostuvo con su propia operación sin haber recibido lo que se le debía.
A la fecha no existen aceleraciones de deuda, demandas ejecutivas ni embargos notificados por ningún acreedor, según el documento.
EL CONTEXTO FISCAL Y PRESUPUESTARIO
La presentación añade que el Estado sobreestimó sus ingresos cuatro años consecutivos. El Consejo Fiscal Autónomo habló en marzo de 2026 de errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales, y de un escenario de estrés fiscal, con una caja fiscal de US$46 millones al cierre de 2025, de acuerdo con el mismo documento.
Según la constructora, el ajuste protegió el gasto corriente y castigó la obra pública: el recorte del Presupuesto 2025 excluyó expresamente salud, seguridad, educación y vivienda, y se aplicó sobre transferencias de capital, con un gasto de capital ejecutado al 87,9% frente al 101,7% del gasto corriente.
El Presupuesto 2026 rebajó la inversión del MOP en 17,2%, dejando solo un 5% para proyectos nuevos, y el presupuesto de inversión de la Región del Maule cayó 24,3%. Las licitaciones anunciadas en 2025 no se adjudicaron dentro del año, algunas siguen sin adjudicarse, y en 2026 un cuarto de la red vial nacional quedó sin contratos de conservación vigentes por falta de presupuesto para relicitar.
LOS COSTOS LABORALES Y DEL COMBUSTIBLE
El escrito también detalla el alza de costos que enfrenta la empresa: la reducción de jornada a 44 horas en 2024 y a 42 horas en 2026 sin rebaja de remuneraciones; el salario mínimo con un alza acumulada de 35% desde enero de 2023; la nueva cotización previsional de cargo exclusivo del empleador desde agosto de 2025; la Ley Karin, la ley de inclusión, las nuevas tasas de siniestralidad y la regulación de altas temperaturas.
A esto se suma, en 2026, el shock del combustible: el diésel subió 43,6% en seis meses y se suspendió el crédito del impuesto específico para maquinaria no transportista, cuya recuperación cayó de 100% a 31%.
Fuente: Pulso, La Tercera
Documento original: https://www.latercera.com/pulso/noticia/constructora-pide-su-reorganizacion-para-evitar-la-quiebra-y-culpa-al-mop-por-retrasar-pagos-desde-2024/
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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