La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó un paquete de 45 propuestas destinadas a combatir el negocio del crimen organizado en Chile, enfocándose en desarticular la economía ilícita que sustenta estas actividades. El documento del gremio empresarial busca atacar la producción, distribución, comercialización, financiamiento y lavado de activos de los grupos criminales. La iniciativa surge en un contexto donde el país enfrenta un aumento de delitos complejos que requieren una respuesta coordinada entre el sector privado y el Estado.
POLÍTICA NACIONAL CONTRA ECONOMÍAS ILÍCITAS
La primera propuesta del empresariado es desarrollar una Política Nacional Contra las Economías Ilícitas, que defina objetivos estratégicos, prioridades operativas y criterios de focalización basados en riesgo. También se plantea crear una Unidad de Economías Ilícitas que funcione como un nodo central de generación de conocimiento, permitiendo diseñar políticas públicas basadas en evidencia, identificar patrones y emitir alertas tempranas. El documento enfatiza que es indispensable seguir la ruta del dinero para menoscabar el interés económico de los grupos criminales.
TRAZABILIDAD Y FISCALIZACIÓN DE MERCANCÍAS
Otro grupo de medidas se centra en fortalecer la trazabilidad de los flujos financieros y la desarticulación de circuitos económicos informales. La CPC propone persecución patrimonial y medidas para reducir la circulación de dinero en efectivo. En materia de fiscalización, se sugiere instalar centros de control interinstitucional en zonas estratégicas como pasos fronterizos y terminales de carga, además de escáneres fijos para agilizar las revisiones. También se pide mayor personal capacitado para la seguridad de recintos portuarios, extraportuarios y almacenes.
El gremio propone elevar las exigencias en los sellos de seguridad de los contenedores, incluyendo sellos digitales que permitan dar trazabilidad a los productos que llegan al país. En esa línea, se plantea abordar la trazabilidad de medicamentos para evitar desvíos y crear un sistema interoperable para vehículos robados, aprovechando el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV). Además, se propone avanzar hacia una interconexión entre el Servicio Nacional de Aduanas y el Registro Civil.
PERSECUCIÓN PENAL Y PATRIMONIAL
Las medidas también buscan ir más allá de la simple incautación, proponiendo investigaciones de mayor complejidad y mayores sanciones. La CPC pide tipificar como delitos graves los actos de criminalidad organizada que se desarrollen en recintos portuarios y endurecer la persecución penal del contrabando. Asimismo, sugiere fortalecer la ley que regula el delito de extorsión, elevando las sanciones cuando se cometa contra funcionarios públicos. Otra propuesta es perseguir activamente el delito de receptación en centros de acopio, redes logísticas, ferias y vía pública.
COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS ACTORES
El documento destaca la necesidad de mayor colaboración entre municipios, policías, autoridades sanitarias y organismos tributarios para fortalecer la presencia del Estado en el territorio. Se plantea fiscalizar en ferias, vía pública, retail informal y e-commerce, así como implementar un registro nacional de infractores. También se propone acelerar la destrucción de bienes incautados y mejorar la relación con países vecinos en materia de comercio ilícito. Una medida particular busca ampliar el acceso a medicamentos en farmacias populares, hospitales y consultorios para disuadir la compra en ferias libres.
TRABAJO LEGISLATIVO
La CPC respalda proyectos de ley en tramitación contra el comercio irregular, como la tipificación como delito de la prescripción fraudulenta, la fabricación y comercialización de medicamentos falsificados, y la venta ilegal de fármacos. También destaca la propuesta de la Cámara Nacional de Comercio para considerar los delitos de propiedad industrial como base del lavado de activos. El gremio pide avanzar en la tramitación del permiso de circulación estandarizado para todas las comunas y en la regulación del mercado de desarmadurías y casas de remate.
SIN FINANZAS ILÍCITAS
Nueve medidas abordan la coordinación público-privada para detectar delitos en el sector financiero, involucrando al Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y representantes de la industria. Se propone diseñar protocolos de acción contra casinos ilegales y eliminar la Tasa Máxima Convencional para facilitar el crédito a segmentos de menores ingresos. También se piden cambios a la Ley de Fraudes y dotar a la Unidad de Análisis Financiero de atribuciones para intercambiar información nominada de operaciones sospechosas. Otras medidas apuntan a sancionar la suplantación de identidad con fines financieros y regular las plataformas de apuesta en línea, pidiendo la aprobación de la Ley del Subsistema de Inteligencia Económica.
PROTECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
Las últimas diez medidas se relacionan con la comercialización de productos ilícitos o robados en los sectores minero, acuícola y maderero. Las propuestas incluyen una mayor articulación entre los actores involucrados, más fiscalización y cambios normativos para persecuciones penales más severas.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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