A siete años del estallido social, el balance judicial conserva una cifra incómoda: de las miles de denuncias presentadas contra agentes del Estado por vulneraciones a los derechos humanos desde octubre de 2019, menos del 2% concluyó con una sentencia condenatoria, según registros de la propia Fiscalía. Dentro de ese universo, hay un grupo cuya historia ha sido contada todavía menos: las mujeres.
EL REGISTRO QUE LA JUSTICIA NO HA ALCANZADO A CUBRIR
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su Mapa de violaciones a los derechos humanos, presentó querellas por 978 mujeres. Dos de cada diez de ellas denunciaron algún hecho de violencia sexual. La Fiscalía, por su parte, registró 364 denuncias de ese tipo durante los primeros meses del período de mayor conflictividad: desnudamientos forzados en comisarías, sentadillas frente a funcionarios, tocaciones y amenazas de violación con el arma de servicio.
Se trata de relatos que describen conductas ejercidas sobre personas privadas de libertad en el contexto de las protestas, y que en su mayoría no han encontrado respuesta penal acorde a su gravedad.
CONDENAS POR APREMIOS ILEGÍTIMOS, NO POR DELITOS SEXUALES
En octubre de 2022, a tres años del estallido, existía una sola condena vinculada a estos hechos, y no era por un delito sexual, sino por apremios ilegítimos. Con el paso del tiempo se sumaron algunas sentencias por obligar a mujeres detenidas a desnudarse y, en determinados casos, a realizar sentadillas. Ninguna de ellas fue calificada como delito sexual: todas se resolvieron bajo la figura de los apremios ilegítimos. Las penas, además, se cumplen en libertad.
Ese desajuste entre la conducta descrita y la calificación jurídica aplicada es uno de los puntos que el texto fuente pone en el centro del debate. La discusión no apunta solo al número de causas, sino a cómo el sistema penal nombra —o deja de nombrar— lo que ocurrió.
EL ARGUMENTO DE LA AUSENCIA DE CONDENAS
Cuando el entonces Presidente de la República, Gabriel Boric, afirmó que hubo abusos sexuales, parte del mundo político respondió que no existían condenas que respaldaran esa afirmación. El artículo plantea que ese razonamiento confunde dos planos distintos: que la justicia no haya sancionado una conducta no equivale a sostener que esa conducta no ocurrió. Lo que evidencia, más bien, es la dificultad del Estado para juzgarse a sí mismo.
LA CLAVE ANTROPOLÓGICA DE RITA SEGATO
La antropóloga Rita Segato ofrece una interpretación sobre el sentido de estos hechos. Sostiene que la violencia sexual no constituye un acto de deseo, sino un ejercicio de poder: un mensaje. Se dirige a la víctima, para disciplinarla y devolverla a su lugar, y también a los pares del agresor, como demostración de dominio. Bajo esa lectura, desnudar a una mujer detenida por protestar no es un exceso individual, sino una lección pública sobre quiénes pueden ocupar el espacio político.
La fuente vincula además estos episodios con una continuidad histórica: las sobrevivientes de la dictadura llevan décadas nombrando la violencia político-sexual como una práctica estatal dirigida contra los cuerpos feminizados que se rebelan. En 2019, ese patrón reapareció en democracia y con otro uniforme.
Segato habla también de una pedagogía de la crueldad, entendida como el conjunto de prácticas que acostumbran a una sociedad a mirar el sufrimiento ajeno sin conmoverse. La impunidad forma parte de esa pedagogía: cada causa archivada por falta de pruebas y cada investigación en que la Fiscalía decide no perseverar transmiten una enseñanza. A las víctimas, que denunciar no sirve. A los agentes, que el costo de cruzar el límite es bajo.
LAS TESIS Y LA RESPUESTA DEL FEMINISMO CHILENO
Frente a ese escenario, el feminismo chileno articuló su propia respuesta. En noviembre de 2019, el colectivo LasTesis tomó las ideas de Segato y las tradujo en una performance que se replicó en el mundo: la consigna de que la culpa no era de la víctima, ni del lugar donde estaba, ni de cómo vestía, y que apuntaba al agente, al juez y al Estado.
EL RIESGO DE QUE LA IMPUNIDAD SE VUELVA POLÍTICA
El artículo advierte que el debate público hoy avanza en una dirección distinta. Se discuten indultos para uniformados condenados, una comisión investigadora recomendó recortar las facultades del INDH y buena parte de las causas comenzará a prescribir en los próximos años. El riesgo, se plantea, es que la impunidad deje de ser una falla del sistema y se transforme en una decisión política.
El cierre del texto propone que reparar no se agota en indemnizaciones: implica nombrar lo ocurrido, tipificar la violencia político-sexual como lo que es y asegurar que ninguna mujer vuelva a vivir violencia sexual en una comisaría por ejercer su derecho a protestar.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/17/siete-anos-del-estallido-social-la-impunidad-frente-a-la-violencia-sexual-contra-mujeres/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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