El centro de estudios Libertad y Desarrollo puso sobre la mesa la primera propuesta concreta de reforma electoral en un escenario donde la discusión política y legislativa sobre la materia avanza aún de manera subterránea en el Congreso Nacional. El think tank ligado al oficialismo plantea reducir la Cámara de Diputados de 155 a 130 escaños y aumentar los distritos electorales de 28 a 35, una iniciativa que busca nutrir el debate que las fuerzas de derecha intentan impulsar en el mediano plazo.
La propuesta llega en momentos en que la agenda pública ha estado dominada por la megarreforma económica del gobierno y, más recientemente, por la agenda de seguridad. Pese a ello, LyD entrega un insumo técnico que refuerza las conversaciones que se dan entre los sectores de derecha, donde la idea de reducir parlamentarios genera incomodidad en la oposición.
LA PROPUESTA DE LYD
En lo medular, el documento sugiere fijar un piso de dos y un techo de seis escaños por distrito. Según el centro de estudios, esta medida eleva los umbrales de acceso al escaño y mejora la proporcionalidad territorial, al mismo tiempo que introduce distritos con números impares de representantes, algo novedoso respecto de la antigua aspiración del sector de contar solo con distritos de escaños pares.
El modelo se sustenta en criterios técnicos de proporcionalidad poblacional. LyD explica que se utiliza la cuota proporcional, que corresponde a la fracción de escaños que le correspondería a cada distrito según su peso en la población total, calculada dividiendo la población del distrito por el número de habitantes por escaño.
La combinación de reducción de escaños con división distrital, señala la entidad, permite disminuir la fragmentación y mejorar la representatividad. En esa línea, advierten que la multiplicidad de actores con representación dificulta la construcción de acuerdos y la formación de mayorías legislativas estables.
Como ejemplo de los efectos de la fragmentación, LyD menciona el fenómeno de los diputados electos con menos del 5 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias de 2017, 2021 y 2025. Para el centro de estudios, un sistema con distritos grandes permite que actores con bajo desempeño electoral obtengan escaños, debilitando el vínculo entre representante y representado.
LA REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS
Para llegar de 28 a 35 distritos, la propuesta contempla subdividir siete de los actuales. El distrito 6, por ejemplo, quedaría separado en dos zonas: una desde Quilpué a La Calera, y otra con las comunas rurales e interiores de la región de Valparaíso, como San Felipe, Llayllay y Los Andes.
En el norponiente de Santiago, el distrito 8 también se dividiría. Las comunas de Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil formarían un territorio, mientras que Maipú, Estación Central y Cerrillos quedarían en otro.
El norte de la capital es otra zona incluida. Un distrito estaría compuesto por Recoleta, Conchalí, Independencia y Huechuraba, y otro por Renca, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado.
El distrito 10, ubicado en el corazón de la Región Metropolitana, también se fraccionaría en dos: la comuna de Santiago con Providencia por un lado, y Ñuñoa, La Granja, Macul y San Joaquín por otro.
En el sector sur cordillerano de Santiago, el distrito 12, hoy el más grande del país, se propone dividirlo entre La Florida y La Pintana, por una parte, y Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, por otra.
El distrito 14 es el último de la Región Metropolitana que se sugiere fraccionar. San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango quedarían separadas de las provincias de Melipilla y Talagante.
Fuera de la capital, el distrito 20, correspondiente al Gran Concepción, sería la última zona en dividirse. Un nuevo territorio lo conformarían Concepción, San Pedro de la Paz y Coronel, mientras que el otro agruparía a Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Tomé, Penco, Hualqui, Santa Juana y Florida.
LA DISCUSIÓN POLÍTICA
La propuesta de LyD se da en paralelo a la tramitación legislativa de las reformas políticas. La última novedad en esa materia fue la creación de una comisión mixta integrada por diputados y senadores, encargada de resolver la única divergencia surgida entre ambas cámaras en torno al proyecto presentado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric en 2025.
Esa iniciativa buscaba restringir la constitución y el financiamiento de partidos, elevar los requisitos para las candidaturas independientes y fortalecer a los comités parlamentarios. El exmandatario justificó el proyecto en la cuenta pública de ese año como una medida complementaria a la reforma política y electoral presentada en 2024 por un grupo transversal de senadores.
Esta última moción parlamentaria, sin embargo, permanece sin avance en la sala de la Cámara de Diputados desde septiembre del año pasado. Aunque algunos legisladores pedían que ambos proyectos corrieran en línea paralela, sería prácticamente un hecho que la reforma gubernamental sea despachada antes que la iniciativa de los senadores, que fija un umbral para los partidos y establece la cesación del cargo para quienes renuncien a sus colectividades.
La comisión mixta solo deberá resolver una disposición referida a la constitución de los partidos políticos, que establecía que sus principios debían expresar la condena a los sistemas totalitarios y a la violencia como método de acción política, además de condenar los actos de corrupción y afirmar el compromiso con la probidad y la transparencia en la actividad política.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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