Los diputados de oposición que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara siguieron la noche del miércoles la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, quien tras la aprobación de la megarreforma económica dio por iniciado un nuevo foco de su administración: la agenda de seguridad. En el grupo de WhatsApp que comparten, comenzaron a planificar los próximos pasos del sector, aunque la coordinación a nivel de directivas aún no se ha dado, pues esas reuniones suelen realizarse los lunes.
Lo primero que consignaron fue la ausencia de una medida emblemática para el sector: el levantamiento del secreto bancario. Esa iniciativa, que hoy duerme en el Congreso, fue impulsada por la administración de Gabriel Boric y difundida por la fallida candidatura presidencial de Jeannette Jara. La oposición ha insistido con el tema, pero su voz no ha sido escuchada en La Moneda.
LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN
En la actual composición de la comisión están Tatiana Urrutia (FA), Bernardo Salinas (PC), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Jaime Araya (Ind.-PPD). Este último cuestionó que una agenda de seguridad sin levantamiento del secreto bancario es como «un león con caries», que solo muestra los dientes y no muerde firme al narco ni al crimen organizado. Araya expresó su esperanza de que el gobierno escuche las propuestas de la oposición y advirtió que escribir en la Constitución el derecho a la seguridad, si no va acompañado de medidas reales, será «otra linda frase inútil».
Los integrantes de la comisión esperan coordinarse en los próximos días. Ya establecieron una comunicación constante para enfrentar otros temas de seguridad, como la situación de la exministra Trinidad Steinert, cuya bullada salida terminó con la creación de una comisión investigadora.
DIFERENCIAS PREVISTAS
Los mismos diputados proyectaron que durante la tramitación de las diversas iniciativas impulsadas por Kast habrá diferencias en el sector. El Presidente ha planteado una reforma constitucional, nueve proyectos nuevos y la tramitación de 19 que ya están ingresados. De esos 19, algunos ya han dividido a la oposición, como las materias relativas a la legítima defensa privilegiada de los funcionarios policiales, conocida como Naín-Retamal.
Ese tema quebró a la izquierda y centroizquierda en el gobierno de Boric. Fue aprobado inicialmente con votos de la derecha y el Socialismo Democrático, pero con duros descuelgues del Frente Amplio y el Partido Comunista. Este verano volvió a dividir al sector tras la absolución de Claudio Crespo, imputado por el caso Gustavo Gatica. En ese contexto, los parlamentarios saben que se vendrán nuevas diferencias, pero apuestan a evitar una guerra en el sector o descuelgues como los de la megarreforma.
En la izquierda apuestan a conversar en bloque. De hecho, así se lo pidieron al biministro Claudio Alvarado hace unos días, durante una cita en Palacio, donde le solicitaron que no haya «pirquineo» de votos.
Otro tema del que dieron cuenta los parlamentarios de Seguridad es que Kast no los invitó a la ceremonia del jueves, donde profundizó su exposición de cadena nacional. Esa es una queja habitual de la oposición. El diputado Raúl Leiva advirtió que iba a asistir de todos modos, pese a no haber sido convocado en un inicio.
LAS REACCIONES DE LA OPOSICIÓN
Al ser tan reciente el impulso de la agenda de seguridad, en la oposición entienden que deben reflexionar con más calma el desarrollo de una estrategia. En principio, no están cerrados a rechazar todas las iniciativas. El Partido Comunista emitió una declaración en la que se mostró disponible para discutir todas las medidas que permitan fortalecer la inteligencia criminal, perseguir el dinero del narcotráfico, mejorar la coordinación entre policías y fiscalías, ejercer un control efectivo de las cárceles y entregar mayores capacidades preventivas a los municipios y las comunidades. Sin embargo, acusó que si realmente existiera voluntad de avanzar en crecimiento y seguridad, el Ejecutivo habría impulsado la apertura del debate legislativo sobre el levantamiento del secreto bancario.
Bernardo Salinas (PC) dijo que el gobierno ahora promete una serie de acciones, pero no se han escuchado cuántos recursos se destinarán. A su juicio, se prioriza una agenda ideológica punitiva, y reiteró la necesidad de levantar el secreto bancario.
Desde el PS, el jefe de los senadores, Juan Luis Castro, valoró la nueva Agencia de Incautación de Patrimonio del Crimen Organizado y la segregación de delincuentes en recintos penales. En cambio, recordó que la reforma constitucional para un Estado de Excepción fue una idea del anterior gobierno en 2022 que no prosperó por la oposición de la derecha.
Raúl Leiva agregó que los anuncios del presidente dan cuenta, de manera inconexa, de muchos proyectos de ley en actual tramitación y otros que esperan conocer. Consideró que habría sido ideal un trabajo prelegislativo con las comisiones de seguridad de manera transversal en ambas cámaras.
Por el lado del Frente Amplio, su presidenta planteó que son normas represivas que no resuelven el problema en las poblaciones. La diputada Tatiana Urrutia afirmó que estarán atentos al contenido de los proyectos, pero manifestó su preocupación porque, si realmente se busca cambiar la forma de enfrentar al crimen organizado, no se mencionó una sola medida sobre control de armas, fortalecimiento del control portuario, persecución de la ruta del dinero o combate a la corrupción.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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