La propuesta del Partido Comunista para modificar la Ley Naín-Retamal ha abierto una brecha en la oposición chilena. Mientras el Socialismo Democrático se manifiesta en contra de la iniciativa, el Frente Amplio ha expresado su apoyo a la discusión. El conflicto gira en torno a la derogación de artículos clave, como la presunción de legítima defensa para funcionarios policiales y de Gendarmería.
CONTEXTO DE LA LEY
La Ley Naín-Retamal, una normativa aprobada durante la administración anterior, fue presentada como un avance en materia de seguridad. Su tramitación legislativa generó divisiones en la izquierda en su momento, pero logró ser promulgada. Ahora, diputados del Partido Comunista buscan derogar algunos de sus artículos más controvertidos, argumentando que afectan derechos fundamentales. Entre los cambios propuestos está la eliminación de la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes, así como la restitución de una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos.
RECHAZO DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
La postura del Socialismo Democrático ha sido clara en contra de la modificación. El diputado Jaime Araya, independiente cercano al PPD y miembro de la comisión de Seguridad, calificó la ley como «una buena ley» que ha fortalecido la labor policial. Araya señaló que derogarla sería un retroceso en momentos críticos de seguridad, donde el crimen organizado avanza con armas de alto calibre. Agregó que la normativa resolvió situaciones operativas absurdas, como que un carabinero quedara automáticamente imputado y suspendido por usar su arma de servicio. «No hay que renunciar a lo que nosotros hicimos», sostuvo el parlamentario, quien espera que el Partido Comunista reflexione.
El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, calificó la idea como «extemporánea». Según Castro, los autores debieron haber planteado sus objeciones durante la tramitación original de la ley, la cual contó con el respaldo del Presidente Gabriel Boric. En la misma línea, el jefe de los diputados socialistas, Raúl Leiva, se mostró «totalmente en contra» de la derogación. Leiva argumentó que la ley establece una presunción simplemente legal, que admite prueba en contrario, sobre el uso racional de la fuerza ante una agresión que afecte gravemente la integridad física. «En caso alguno se debe derogar», enfatizó.
APOYO DEL FRENTE AMPLIO
Por el contrario, el Frente Amplio ha respaldado la idea de discutir la modificación de la ley. El diputado Jaime Bassa señaló que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido «durísimo» al respecto, y consideró que siempre es oportuno revisar normativas que afectan los derechos de las personas. Bassa mencionó que aspectos como la legítima defensa calificada han sido cuestionados y, según dijo, están generando impunidad.
Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, defendió el debate legislativo. Manifestó que no se debe cancelar a priori la discusión, pues ello no corresponde con los estándares democráticos alcanzados. Ramírez afirmó que el progresismo en Chile ha avanzado en mejoras para la seguridad del país, pero advirtió que «eso no significa que la legislación vigente no se pueda discutir». Subrayó que abrir un debate es parte de la democracia y que están de acuerdo con hacerlo.
PERSPECTIVAS DEL DEBATE
La controversia refleja las tensiones internas en la oposición frente a una ley que fue presentada como un logro en seguridad durante el gobierno anterior. La iniciativa del Partido Comunista no solo enfrenta críticas desde el oficialismo, sino también desde sectores del Socialismo Democrático, que consideran que retroceder en la protección policial sería un error. Mientras tanto, el Frente Amplio insiste en que la discusión es legítima y necesaria. El desenlace de esta pugna podría definir no solo el futuro de la normativa, sino también la cohesión del bloque opositor en un contexto de alta demanda ciudadana por seguridad.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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