El diputado Raúl Leiva, miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara, entregó este jueves una evaluación matizada sobre la gestión del ministro del ramo, Martín Arrau, luego de que este último expusiera su plan de trabajo ante el Senado. El parlamentario socialista reconoció aspectos positivos en la labor del secretario de Estado, pero fue crítico al señalar que la propuesta carece de elementos esenciales para su implementación.
Leiva destacó que Arrau ha mostrado una actitud receptiva al diálogo y un perfil ordenado en su gestión, señalando que se debe «darle una oportunidad» al ministro para que desarrolle su agenda. No obstante, el diputado advirtió que el plan presentado no contiene metas concretas ni plazos definidos, lo que genera incertidumbre sobre su ejecución.
CRÍTICAS A LA FALTA DE OBJETIVOS
En declaraciones a una emisora radial, Leiva explicó que el ministro ha reconocido el valor de la Política Nacional de Seguridad elaborada durante la administración del ex presidente Gabriel Boric. Sin embargo, a juicio del parlamentario, los programas actuales se limitan a replicar los ejes estratégicos de esa política sin desarrollar mecanismos específicos de aplicación.
«Él valora que la Política Nacional de Seguridad está bien hecha, y sobre esa base se sustentan estos planes y programas. Esperamos que los defina, porque hoy carecen de metas, objetivos y plazos. Son solo titulares, sin un desarrollo concreto», señaló el diputado, quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
Leiva subrayó que la ausencia de indicadores y cronogramas dificulta la fiscalización legislativa y la evaluación de resultados, elementos que considera indispensables para una política pública en materia de seguridad ciudadana.
REGISTRO DE VÁNDALOS GENERA DUDAS
El parlamentario también se refirió al proyecto de Registro de Vándalos, que será ingresado al Congreso durante esta semana. Leiva expresó reservas sobre la iniciativa, cuestionando su pertinencia y proporcionalidad.
A su juicio, varias conductas que se pretenden sancionar con este registro ya están tipificadas como delitos en la legislación vigente. Por ejemplo, la venta ilegal de alcohol o el daño a infraestructura pública constituyen ilícitos penales, no simples incivilidades. «No hay proporcionalidad», afirmó el diputado.
Leiva calificó el proyecto como «absolutamente clasista» y señaló que no guarda relación con la gravedad de las conductas que busca castigar. En particular, cuestionó la posibilidad de suspender beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal como sanción asociada al registro.
«¿Le voy a quitar la PGU en 45 años más a un joven que cometa un ilícito de esta naturaleza?», preguntó retóricamente el legislador. Agregó que la medida parece diseñada para los sectores más vulnerables, pero no considera a quienes cometen delitos de mayor gravedad y que causan un perjuicio más amplio a la sociedad.
El diputado insistió en la necesidad de distinguir entre derechos sociales, como la pensión, que constituye un derecho de seguridad social, y beneficios de otra naturaleza. La confusión entre ambos conceptos, advirtió, puede llevar a sanciones desproporcionadas e injustas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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