La Contraloría Regional del Biobío ordenó a la Delegación Presidencial Regional iniciar un sumario administrativo en un plazo de 15 días hábiles, luego de detectar irregularidades y debilidades de control en la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad del Biobío, conocido como Proempleo. Se trata de una de las principales políticas de empleo de la región, y los resultados de la auditoría quedaron consignados en el Informe Final N°180 de 2026, que revisó la recepción, ejecución y rendición de fondos del programa. La Contraloría también anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público por los eventuales ilícitos que puedan configurarse.
EL INFORME Y SU ALCANCE
El documento audita la gestión de la Delegación Presidencial Regional y no se limita a observaciones formales. A lo largo de sus conclusiones describe fallas en la supervisión de proyectos, deficiencias en el control de recursos públicos y vínculos de parentesco entre los hallazgos más relevantes. Con ello, el servicio queda obligado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de quienes intervinieron en la ejecución del programa.
BENEFICIARIOS QUE NO CUMPLÍAN REQUISITOS
Uno de los puntos más duros apunta al ingreso de participantes. La auditoría estableció que 1.044 beneficiarios no cumplían con los requisitos que exige la normativa para formar parte de la iniciativa. Estas personas percibían rentas u honorarios de otras entidades, mantenían más de un empleador o recibían pensiones por sobre los límites permitidos para ser incluidos en el programa.
A lo anterior se suma un problema de procedimiento. La Delegación no contaba con mecanismos formalizados para regular las incorporaciones y los reemplazos de participantes. En la práctica, dirigentes sindicales vinculados al programa proponían personas para ocupar vacantes, pese a que las bases y los convenios no les entregaban facultades para hacerlo.
VÍNCULOS SINDICALES Y FAMILIARES
Esa ausencia de reglas claras derivó en situaciones que la Contraloría calificó como riesgos para la transparencia y la objetividad del programa. El informe identificó que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales participantes de la iniciativa, mientras que otros 116 registraban relaciones familiares con personas vinculadas a entidades ejecutoras privadas. A ello se agregan lazos de parentesco entre integrantes de la coordinación regional del programa y algunos beneficiarios.
OBSERVACIONES EN EDUCACIÓN Y JORNADA
En materia de contrataciones, el organismo advirtió que 813 favorecidos fueron contratados en establecimientos educacionales sin que se acreditara su idoneidad psicológica para las funciones que desempeñaban. Por ello, la Delegación deberá establecer cuáles de ellos realizaron efectivamente tareas comprendidas en la ley N°19.464, regularizar la situación de quienes continúen cumpliéndolas e implementar un control previo para futuras destinaciones.
El informe también detectó que 1.692 beneficiarios contaban con autorizaciones de flexibilidad horaria otorgadas por las entidades ejecutoras, sin un procedimiento formal que regulara requisitos, condiciones y mecanismos de control. Junto con eso, se identificaron 9 beneficiarios que registraban salidas del país durante períodos en que hacían uso de licencias médicas.
PROYECTOS, CONVENIOS Y RECINTOS CERRADOS
Respecto de la ejecución de los proyectos, la Contraloría reveló falencias en los controles de asistencia y supervisión. Quince recintos estaban cerrados, lo que impidió verificar la presencia de 75 beneficiarios. Además, otras 33 personas no se encontraban en sus lugares de trabajo sin justificación.
En el plano administrativo, el informe describe problemas reiterados y graves deficiencias en la tramitación de convenios con entidades ejecutoras privadas. Veintidós convenios se ejecutaron pese a que sus resoluciones aprobatorias fueron representadas por la Contraloría durante el trámite de toma de razón. De ese total, solo siete fueron reingresados una vez ya ejecutados, y volvieron a ser representados, de modo que se materializaron sin una revisión previa adecuada.
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PAGOS OBSERVADOS
La revisión financiera también arrojó debilidades relevantes. Las rendiciones se administraban principalmente mediante planillas Excel, mientras que el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no contenía el detalle completo de los gastos ni la documentación de respaldo correspondiente.
A esto se suma el pago de bonos de movilización a beneficiarios que se encontraban con licencia médica, por un monto de 4,6 millones de pesos. También se detectaron transferencias por más de 4,4 millones de pesos correspondientes a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios efectuadas a cuentas de personas naturales, operatoria que no se ajusta a la normativa vigente.
CONSECUENCIAS PARA EL SERVICIO
El plazo de 15 días hábiles fijado por la Contraloría Regional del Biobío abre el proceso disciplinario que la Delegación Presidencial Regional deberá llevar adelante. En paralelo, el envío de los antecedentes al Ministerio Público deja abierta la posibilidad de que los hechos detectados sean investigados penalmente, lo que extiende el caso más allá del ámbito administrativo.
Fuente: Contraloría General de la República
Documento original: https://www.contraloria.cl/web/cgr/noticias/-/asset_publisher/AmxFf8h7l735/content/proempleo-biobio?inheritRedirect=false
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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