La jueza Paulina Moya, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, resolverá este martes la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público en contra de los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez, todos imputados en el caso Sartor. La decisión se dará a conocer justo cuando se cumplen 14 días hábiles desde el inicio de la formalización, ocurrida el 30 de julio.
LA RESOLUCIÓN DE ESTE MARTES
A las 9 de la mañana, la magistrada dará lectura a su resolución. La decisión no solo definirá la situación de Juan Carlos Jorquera, cuya defensa se opuso a la medida de arresto total solicitada por la Fiscalía, sino que también deberá pronunciarse sobre la prisión preventiva de cinco de los imputados. Entre ellos figuran el excontrolador de Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery; su hermano Carlos, exdirector de la AGF; Michael Clark, exdirector y exdueño de Tactical Sport, el fondo controlador de Azul Azul; el exsocio de Sartor Rodrigo Bustamante, y Sergio Yáñez, excontrolador de Emprender Capital.
La formalización, en su momento, apuntó a 11 imputados. Cinco de ellos ya cuentan con medidas cautelares: los exdirectores y exejecutivos de la AGF Alfredo Harz y Óscar Ebel, junto al exgerente de Emprender Capital Hugo Baranda, cumplen arresto domiciliario total y arraigo nacional. Mauro Valdés y Miguel León Muñoz, en tanto, quedaron con arresto domiciliario parcial y firma mensual.
LOS CARGOS POR IMPUTADO
Pedro Pablo Larraín Mery enfrenta cinco delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, estafa y apropiación indebida. Su hermano Carlos es acusado de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible y estafa.
Michael Clark acumula seis imputaciones: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado. Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante suman cuatro delitos, mientras que Óscar Ebel, Miguel León, Mauro Valdés y Juan Carlos Jorquera enfrentan tres: administración desleal, entrega de información falsa y negociación incompatible. Sergio Yáñez y Hugo Baranda fueron acusados de administración desleal, entrega de información falsa y estafa.
LA DEFENSA DE CLARK
La defensa de Michael Clark ha insistido en que su representado solo fue director de la gestora de fondos y que la participación penal no se presume por el cargo. En ese sentido, ha señalado que las facultades para suscribir contratos, comprometer activos, firmar pagarés, prorrogar créditos, cursar operaciones y ejecutar transferencias estaban radicadas en los apoderados clase A, lo que excluiría a Clark de las operaciones cuestionadas. «La participación penal no se presume por el cargo», han planteado sus abogados.
La acusación de la Fiscalía vincula a Clark con la compra del club Universidad de Chile. En abril de 2021, el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport adquirió el 63,07% de las acciones de Azul Azul S.A. mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones. Según el Ministerio Público, el dinero utilizado en esa millonaria compra provenía en realidad de los fondos públicos Sartor Táctico, Leasing y Proyección, los que habrían sido triangulados a través de la sociedad Inversiones Cerro El Plomo.
EL ESQUEMA DENUNCIADO POR LA FISCALÍA
Durante la formalización, la Fiscalía sostuvo que los ejecutivos estructuraron un esquema en el que los fondos de inversión públicos invertían en fondos de inversión privados. Estos últimos habrían servido de fachada para inyectar millonarios recursos a sociedades directa o indirectamente relacionadas con los mismos directores de Sartor. De esa forma, según el ente persecutor, se priorizó el beneficio de las propias empresas por sobre el deber fiduciario de proteger el dinero de los aportantes.
El perjuicio asciende a US$78.562.257 y $104.640.516.271, cifras que sumadas equivalen a unos US$191 millones al dólar actual. La investigación detalló operaciones destinadas a mantener a flote negocios personales con dinero de terceros. Entre ellas destaca el factoring Emprender Capital, que presentaba graves problemas financieros desde 2018. En lugar de cobrar las deudas, Sartor AGF continuó inyectándole fondos y prorrogando pagos, para luego tomar el control de la empresa a través de la sociedad Danke SF SpA, creada por Pedro Pablo y Carlos Larraín. A diciembre de 2024, estas entidades adeudaban más de $50.000 millones a los fondos de Sartor.
También se expuso el caso del proyecto inmobiliario en Miami, donde se habrían utilizado más de US$33 millones del fondo Táctico Internacional para financiar la iniciativa One River Point, hoy conocida como Faena Residences, en Estados Unidos. A través de una red de sociedades intermedias, como CEPSA y Downtown Investments LLC, Pedro Pablo Larraín habría quedado con el control exclusivo del proyecto, mientras que el fondo de inversión público fue excluido del activo.
La defensa de Sergio Yáñez, en tanto, volvió a señalar que muchas de las operaciones imputadas por el Ministerio Público ocurrieron cuando su representado ya no controlaba Emprender Capital.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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