En una nueva jornada de la audiencia de formalización de la causa conocida como caso Sartor, los querellantes insistieron en que existen antecedentes suficientes para acreditar la existencia de administración desleal, negociación incompatible y otros delitos económicos, y reiteraron sus solicitudes de prisión preventiva para varios de los imputados. La sesión, transmitida por el canal Poder Judicial Chile, corresponde a la etapa de réplicas de las partes querellantes, luego de las intervenciones de las defensas.
ALEGATOS SOBRE EL PERJUICIO
Uno de los ejes centrales de la jornada fue rebatir la tesis defensiva según la cual no existiría perjuicio real para los fondos y sus aportantes. Los representantes de los querellantes señalaron que la caída del valor cuota, certificada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), constituye un dato objetivo e incuestionable. En ese contexto, se mencionó que la resolución de la CMF que constató el deterioro refleja disminuciones de entre un 63% y un 79% en el valor de las cuotas de algunos fondos administrados por Sartor.
Además, se indicó que una parte relevante de la cartera de inversiones no pudo ser valorizada por empresas auditoras independientes. Según los expositores, de un total cercano a los 130.000 millones de pesos, solo una fracción fue posible de recuperar o verificar, mientras que más de 50.000 millones permanecen sin respaldo que permita determinar su paradero o valor real. Los querellantes calificaron esa opacidad como una característica estructural del esquema defraudatorio.
VIOLACIONES A LA LEY ÚNICA DE FONDOS
Los intervinientes sostuvieron que las operaciones cuestionadas infringieron de manera reiterada la Ley Única de Fondos, cuyo texto legal vigente citaron en varias disposiciones. En particular, se aludió a los artículos que regulan el deber de actuar en el exclusivo interés de los aportantes, las restricciones para operar con partes relacionadas y las normas sobre inversión de recursos de fondos públicos. También se mencionó la infracción a los reglamentos internos de los propios fondos, que establecían límites de concentración, plazos máximos de inversión y exigencias de garantías.
Uno de los planteamientos más destacados fue que las operaciones se estructuraron mediante entidades puente, como fondos de inversión privados y sociedades relacionadas, con el objeto de sustraer los flujos del control directo de la CMF. En esa línea, los querellantes afirmaron que la normativa aplicable prohíbe de manera absoluta ciertas transacciones entre fondos públicos y privados administrados por sociedades del mismo grupo empresarial, salvo excepciones que no concurrirían en estos casos.
PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUTADOS
Respecto de la intervención de los imputados, los querellantes señalaron que existen correos electrónicos, actas de comités de crédito y pagarés que permiten presumir fundadamente su participación. Se mencionó que Pedro Pablo Larraín habría aprobado operaciones y renovaciones de deuda, mientras que Carlos Larraín habría mantenido una posición de representación y habría seguido participando en decisiones pese a haber renunciado a la administradora. En cuanto a Michael Clark, se discutió su rol en el grupo y en la sociedad Azul Azul, así como su participación en directorios y comités donde se habrían adoptado decisiones cuestionadas.
También se abordó la situación de otros imputados como Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera, respecto de quienes los querellantes aportaron antecedentes sobre su participación en la captación de aportes o en la firma de documentos de renovación de créditos. Los expositores insistieron en que, más allá de las discusiones dogmáticas sobre autoría, concurren los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal para justificar las medidas cautelares solicitadas.
APLICACIÓN DE LA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
Otro punto relevante fue la discusión sobre la aplicación temporal de la Ley de Delitos Económicos. Los querellantes argumentaron que, tratándose de un delito de ejecución permanente, corresponde aplicar la normativa vigente a la época de consumación, citando el artículo 68 de esa ley. En ese sentido, rechazaron la tesis de que se trataría de un delito continuado y afirmaron que las renovaciones de pagarés posteriores a la entrada en vigencia de la ley confirman su carácter prolongado.
Se hizo referencia a la historia de la ley y a opiniones de juristas para sostener que el objetivo de la normativa fue endurecer las penas en materia de delitos económicos y evitar que los responsables accedieran a beneficios. Los querellantes destacaron que las penas proyectadas, incluso aplicando atenuantes, serían de cumplimiento efectivo, lo que refuerza la necesidad de cautela.
CIERRE DE LA JORNADA
Al finalizar la audiencia, el tribunal informó que las réplicas de las defensas continuarán en los próximos días y que se adoptaron definiciones respecto del orden de las intervenciones. Las partes fueron consultadas sobre la posibilidad de comparecer por medios telemáticos en la siguiente sesión, lo que fue autorizado por el juez.
La causa sigue en desarrollo y las próximas jornadas serán clave para determinar si se acogen las solicitudes de medidas cautelares formuladas por el Ministerio Público y los querellantes.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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