LA ÚLTIMA CARTUCHA DE LEONIDAS VIAL EN LA CORTE SUPREMA
El socio de la corredora de bolsa Larraín Vial, Abc y CIC, Leonidas Vial Echeverría, juega su última carta ante la Corte Suprema para intentar anular la multa de 500 mil UF que la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, le aplicó en 2014 en el marco del denominado caso Cascadas. La Tercera Sala del máximo tribunal está ad portas de revisar los recursos de casación, en alegatos que fueron programados para las semanas previas y que hasta ahora no han contado con tribunal.
A más de doce años de la dictación de la histórica sanción, la defensa del empresario insiste en su última ofensiva en tribunales para dejar sin efecto la multa.
OFENSIVA CONTRA EL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
La defensa del empresario es encabezada por los abogados Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi. El 24 de septiembre, en un escrito de 25 páginas, ambos criticaron duramente la actuación del Consejo de Defensa del Estado y pidieron rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por el organismo, con costas.
En el libelo sostienen que han pasado más de diez años desde que el 29° Juzgado Civil de Santiago ordenó dejar sin efecto la sanción que califican de improcedente y comprobadamente desproporcionada. Les llama la atención, además, que la CMF persista en plantear un recurso ante la más alta magistratura respecto de un caso cuya improcedencia, afirman, era manifiesta desde el inicio del conflicto.
EL ORIGEN DE LA SANCIÓN
El 2 de septiembre de 2014 la entonces Superintendencia de Valores y Seguros acusó un esquema de manipulación de mercado y operaciones ficticias, ejecutado entre 2008 y 2011, sobre acciones de las sociedades controladoras de SQM ligadas a Julio Ponce. Por esos hechos dictó multas por más de 4 millones de UF, equivalentes a unos US$ 164 millones de la época.
Vial, junto a los exejecutivos de la corredora Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, representados por el abogado Florencio Bernales, son los únicos de los nueve sancionados cuyas multas han sido desestimadas en primera y segunda instancia. Esa es precisamente la diferencia que buscan confirmar ante el máximo tribunal.
LAS RAZONES DEL RECHAZO
Según la presentación de los abogados del empresario, después de tanto tiempo y revuelo mediático la CMF no ha logrado entregar siquiera una novedad, una razón o una ocurrencia que explique por qué ya dos tribunales habrían incurrido supuestamente en un yerro al decidir como lo hicieron. Añaden que la recurrente no ofreció más en esta sede que un sempiterno caso y su férreo voluntarismo, y que ni la contumacia ni la convicción son causales de casación en el fondo, como tampoco bastan para configurar un error jurídico que amerite anular el fallo recurrido.
La defensa califica el recurso del CDE como un disfraz del disfraz: una casación que en realidad esconde una apelación, que a su vez esconde el desacuerdo de la CMF con que el Legislador haya dotado a los tribunales de justicia de potestades para controlar la legalidad de los actos de la administración.
VICIOS PROCESALES ALEGADOS
El escrito sostiene que el Consejo de Defensa del Estado incumple los requisitos legales contemplados en el Código de Procedimiento Civil, pues a juicio de la defensa no denuncia verdaderos errores de derecho ni infracciones a normas que hayan determinado el fallo. Afirma incluso que el CDE no tiene claridad respecto de cuáles de los vicios que denuncia se cometieron en la sentencia de la Corte de Apelaciones y que deja en manos del máximo tribunal determinar cuál de las opciones que propone puede resultar plausible, lo que describe como insólito.
Los abogados recuerdan que ya antes advirtieron al tribunal que el recurso carece de un caso de infracción normativa claro y que correspondería a una apelación enmascarada, al punto de que había párrafos del recurso de casación y de la apelación del CDE que eran idénticos. Ese autoplagio, dicen, deja en evidencia la manifiesta falta de fundamentos.
Para la defensa de Vial, el trasfondo refleja la intención constante de la CMF y del CDE de evadir el control de legalidad que los tribunales ejercen sobre los actos de la administración. Sostienen que no corresponde pretender que la valoración del expediente administrativo sea sinónimo de aceptar lo decidido en el acto como si fuese una verdad infalible.
Fuente: Pulso, La Tercera
Documento original: https://www.latercera.com/pulso/noticia/caso-cascadas-la-ultima-ofensiva-de-leonidas-vial-en-la-suprema-por-millonaria-multa/
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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