Poder Judicial chileno fortalece acceso a la justicia de personas mayores con protocolo y plan piloto
La atención preferencial, la eliminación de barreras arquitectónicas y la capacitación de funcionarios son algunas de las medidas que el Poder Judicial de Chile ha implementado para mejorar el acceso a la justicia de las personas mayores. Estas acciones están contenidas en un protocolo específico y en una guía práctica que ya se encuentra en proceso de difusión en las 17 jurisdicciones del país, según se abordó en un nuevo capítulo del programa Derecho en Movimiento, del canal Poder Judicial Chile.
BARRERAS COTIDIANAS Y CULTURALES
Uno de los principales problemas que enfrenta este grupo etario al acudir a los tribunales es el desconocimiento de sus propios derechos, según explicó Rosa Soto, secretaria general de la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores. A ello se suma una vulneración del principio de igualdad y no discriminación arbitraria, alimentada por una visión social que tiende a restar capacidad a las personas a medida que envejecen.
Soto agregó que existe una cultura donde el edadismo —el prejuicio por la edad— genera falta de autonomía, independencia y protagonismo en las personas mayores. Muchas de ellas sienten que dejan de ser visibles y que sus derechos se tornan difíciles de ejercer.
EL ROL DEL PROTOCOLO Y LA GUÍA PRÁCTICA
Frente a este escenario, el Poder Judicial ha desarrollado un protocolo de acceso a la justicia que aborda aspectos como el trato, el lenguaje, la información, las medidas transversales y la infraestructura, incluyendo rampas y espacios accesibles. La guía práctica, que facilita la aplicación de estas disposiciones, fue puesta a prueba durante 2025 en seis tribunales de distintas competencias y jurisdicciones.
Soto destacó que la publicación de la Ley 21.822, que entrará en vigencia en doce meses, impulsará a las personas a acercarse a conocer sus derechos. En ese contexto, valoró que el Poder Judicial haya institucionalizado estas medidas, ya que antes dependían de la buena voluntad de cada funcionario. Ahora, dijo, existe una garantía para que toda persona mayor reciba un trato adecuado.
EXPERIENCIA EN EL 29° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
Uno de los tribunales que participó en el plan piloto fue el 29° Juzgado Civil de Santiago. Su magistrado, Matías Franovic, relató que la experiencia ha sido positiva y ha permitido cambiar la percepción de muchos usuarios mayores que llegaban con temor, especialmente por la tramitación electrónica.
El juzgado implementó una atención preferencial en la fila, instaló pendones informativos y dispuso una sala climatizada con televisión, café descafeinado y un baño especial para personas con discapacidad, reservado prioritariamente para ellos. Además, se elaboró un folleto con letra grande que resume los compromisos del tribunal.
Franovic subrayó que antes no existía una institucionalización de estas facilidades. Ahora, dijo, se ha dado especial importancia a la etapa de conciliación para evitar juicios prolongados, en línea con lo que establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que exige una justicia rápida y oportuna.
CUATRO EJES DE TRABAJO DEL PODER JUDICIAL
El ministro de la Corte Suprema Gonzalo Rus, encargado de asuntos de derechos humanos y acceso a la justicia de personas mayores, explicó que el compromiso del Poder Judicial se ordenó a partir de 2022 con un autoacordado que promueve este acceso como primer eje de un plan de derechos humanos.
Rus detalló cuatro líneas de acción: la elaboración de protocolos y guías de acceso; el tratamiento preferente de las causas que involucran a personas mayores; el uso de lenguaje claro; y el desarrollo de tribunales pilotos, que ya mostró resultados positivos en su primera evaluación y se proyecta extender a todas las jurisdicciones.
El ministro destacó que la incorporación de la perspectiva de derechos humanos significó pasar de un enfoque asistencialista a uno donde la persona mayor es reconocida como sujeto de derechos plenos, con independencia y autonomía, pero con especial atención a su vulnerabilidad.
DESAFÍOS LEGISLATIVOS Y BRECHA DIGITAL
Rus advirtió que la Ley 21.822 plantea dos grandes desafíos para el corto plazo. El primero es la posibilidad de que los tribunales de familia intervengan en casos de abandono social de personas mayores, lo que requerirá medidas de protección. El segundo es la eliminación de las brechas digitales, un derecho humano reconocido a este grupo.
En la misma línea, Rosa Soto enfatizó la necesidad de formación y difusión a través de afiches, videos y seminarios, así como la sensibilización del Poder Judicial respecto de la brecha digital. Consideró que la guía práctica se hace eco de la Convención Interamericana al establecer acciones afirmativas y ajustes razonables que garantizan igualdad de oportunidades.
El ministro Rus cerró recordando que todos, en algún momento, formarán parte de este grupo etario, por lo que el trato que se dé hoy a las personas mayores será el que se reciba mañana.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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