Defensora Nacional presenta la primera política de inteligencia artificial de la Defensoría Penal Pública y advierte una brecha frente al Ministerio Público
La Defensoría Penal Pública aprobó su primera política institucional para el uso responsable de inteligencia artificial, un instrumento que crea un comité de gobernanza y que, según anunció la Defensora Nacional, Verónica Encina Vera, será sometido a revisión al cabo de un año. La autoridad detalló los alcances del documento y los desafíos que su incorporación plantea al trabajo jurídico en el cuarto capítulo del programa Errores de Forma, de EstadoDiario, conducido por los abogados Rafael Mery y Esteban Ruiz Omegna.
Encina llegó a la jefatura del servicio tras una trayectoria iniciada como defensora cuando se instaló la reforma procesal penal en Santiago, en 2005. Luego pasó por la Academia Judicial y se desempeñó como jueza de garantía y de tribunal oral en lo penal, además de tener experiencia en el sector privado, antes de regresar a la institución como Defensora Nacional.
EL ESCENARIO DE LA DEFENSA PENAL
Al describir el contexto en que se adoptó la política, la defensora sostuvo que la defensa penal pública enfrenta un escenario complejo. En los 25 años del sistema acusatorio, planteó, aumentaron los delitos y las penas, el proceso registró limitaciones en materia de garantías y cambió el tipo de criminalidad, con un alza considerable de la demanda por defensa. Frente a ello, añadió, la estructura y los recursos de la Defensoría se han mantenido relativamente estables, e incluso su capacidad y dotación han disminuido si se compara con el Ministerio Público.
En ese marco, valoró el sistema informático de gestión de defensa penal, conocido por su sigla, como una herramienta que en su momento fue innovadora. También los conductores del programa aludieron a un desequilibrio de armas entre ambos organismos y a la dificultad política de explicar el rol de la defensa, a lo que la autoridad respondió que sin defensa no hay justicia y que las sentencias, condenatorias y absolutorias, requieren legitimidad.
REGLAS CLARAS Y RESGUARDO DE DATOS
Sobre las motivaciones de la política, Encina explicó que la inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria, de evolución muy rápida y con riesgos que deben tomarse en serio en una institución catalogada normativamente como crítica en materia de confidencialidad de la información y de datos personales de sus usuarios. Mencionó la presunción de inocencia y el deber de resguardar la etapa de investigación, con independencia de las filtraciones que puedan producirse por otras vías.
Añadió que el debate interno y episodios públicos de uso o mal uso de estas herramientas empujaron la necesidad de fijar reglas mientras no existan desarrollos propios que aseguren resguardos, y que el instrumento se extiende a defensores, a los privados locales y a sus equipos. En materia de control, explicó que la materia se incorporará a los estándares de calidad de la defensa y a la normativa interna, junto con los mecanismos de evaluación y el código de ética ya existentes, porque sin norma no es posible evaluar ni medir.
CAPACITACIÓN Y NUEVAS GENERACIONES
Respecto de la resistencia interna, Encina señaló que en la Defensoría el desafío ha sido más bien contener el entusiasmo, debido a los riesgos y a las limitaciones presupuestarias para acceder a licencias más seguras. Informó que la academia de defensores y funcionarios recién inaugurada incorporará la materia a su malla de formación y perfeccionamiento.
Sobre las nuevas generaciones, indicó que una parte mayoritaria de la defensa se presta mediante licitaciones de duración acotada, lo que obliga a formar equipos con frecuencia, pero permite renovar miradas, y citó un concurso público de 45 defensores locales al que postularon más de dos mil personas.
TRANSPARENCIA Y LÍMITES DE LA DECISIÓN
Consultada por el uso de inteligencia artificial en resoluciones judiciales y en juicios con volúmenes masivos de documentos, la defensora afirmó que uno de los elementos de control es transparentar su uso. Planteó que la defensa debe emplear herramientas jurídicas para fijar límites e interpelar al Ministerio Público sobre cuándo utilizó inteligencia artificial y qué sesgos podría tener. A su juicio, estas herramientas pueden apoyar la búsqueda de jurisprudencia y doctrina o la redacción de escritos, pero la decisión no puede quedar delegada en un instrumento de ese tipo, pues las partes quedarían en desventaja si no saben hasta qué nivel se empleó. La misma lógica, dijo, rige en la relación entre abogado y cliente, y todo uso debe quedar supervisado por la inteligencia humana.
La defensora sostuvo que estas herramientas se usan más de lo que se reconoce en el sistema de justicia. En el diálogo se planteó que un año puede ser un plazo extenso dada la velocidad de los cambios, y que la Mesa de Justicia Penal, reconocida en la ley como instancia de coordinación permanente, no ha abordado el tema y podría ser un espacio adecuado para hacerlo.
PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES
De cara al futuro, Encina mencionó como siguiente paso un desarrollo propio que facilite el trabajo en las causas y la gestión de la defensa, incluido el estudio de carpetas de causas complejas que ningún profesional podría revisar por sí solo. A largo plazo, insistió en la autonomía institucional y en un equilibrio proporcional frente a las leyes de fortalecimiento del Ministerio Público.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
La política y la conversación describen varios usos concretos de estas herramientas en el trabajo jurídico.
BÚSQUEDA DE JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA
Se plantea como apoyo al estudio de criterios y fuentes para fundamentar una posición.
APOYO EN LA REDACCIÓN DE ESCRITOS
Se menciona como una ayuda para elaborar documentos, siempre con supervisión humana.
ANÁLISIS DE GRANDES VOLÚMENES DOCUMENTALES
Se anuncia como el paso siguiente para enfrentar carpetas de causas complejas que resultan inmanejables de revisar de forma manual.
GESTIÓN DE LA DEFENSA
Se proyecta su uso en la distribución de causas, el manejo de modelos de trabajo y la administración de causas complejas.
CONTROL DEL USO POR LA CONTRAPARTE
Se propone requerir información sobre cuándo y con qué sesgos se emplearon sistemas de inteligencia artificial en la persecución penal.
En nuestra lectura, la decisión de fijar reglas internas antes de contar con desarrollos propios parece un gesto prudente, porque ordena el uso sin frenar su adopción. Sería razonable que esa conversación se extendiera al resto de los intervinientes del sistema, sin perder de vista que el resguardo de la decisión humana sigue siendo el punto más delicado.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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