La Corte Suprema escuchó los alegatos de la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, quien busca dejar sin efecto la prisión preventiva decretada en su contra. El recurso de amparo fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago y ahora el máximo tribunal debe resolver la apelación.
En la audiencia, transmitida por el canal Poder Judicial Chile, la defensa sostuvo que la formalización de la investigación incorporó hechos que no fueron sometidos al trámite de desafuero que autorizó la persecución penal. Según el abogado, se agregaron 39 nuevos delitos de fraude al fisco —seis por el uso del equipo parlamentario en labores de campaña y 33 por facturas emitidas por la empresa Modo 74 fuera del período original—, lo que elevó el perjuicio fiscal de 93 millones a 177 millones de pesos. La defensa argumentó que esos antecedentes fueron recopilados con posterioridad a la solicitud de desafuero y que el tribunal de garantía los consideró al imponer la medida cautelar.
Otro punto central fue la supuesta falta de fundamentación de la resolución que decretó la prisión preventiva. La defensa indicó que el juez no analizó por qué otras medidas del artículo 155 del Código Procesal Penal no resultaban suficientes, y que tampoco se pronunció sobre las atenuantes de irreprochable conducta anterior, reparación con celo y colaboración sustancial. Enfatizó que la Corte de Apelaciones desestimó el amparo al considerar que los argumentos debían ventilarse en un recurso de apelación, lo que —a juicio de la defensa— privó al exdiputado de la acción constitucional que permite revisar la legalidad de la privación de libertad.
POSTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO
El fiscal Eugenio Campulcero pidió rechazar el recurso. Señaló que los delitos formalizados —fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil— son los mismos que fueron aprobados por unanimidad en el desafuero. Afirmó que la formalización solo precisó el núcleo fáctico y que no hay hechos nuevos. Agregó que la defensa no dedujo el recurso de apelación procesal correspondiente dentro del plazo legal, y que intenta transformar el amparo en una tercera instancia. Destacó que la resolución del juez de garantía contiene 19 párrafos y 3.535 palabras, y que sí se hizo cargo de los argumentos de la defensa, incluso rechazando uno de los motivos de la prisión preventiva solicitados por la fiscalía.
INTERVENCIONES DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
El abogado Rodrigo Álvarez, por el Consejo de Defensa del Estado, adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público. Subrayó que la investigación arrojó que el exdiputado usó fondos públicos para financiar una aplicación móvil con fines electorales y para pagar deudas de campaña. Rechazó que existan nuevos delitos y calificó de insuficiente la reparación alegada por la defensa, pues el dinero fue devuelto sin justificación y la Cámara lo rechazó.
Por la Municipalidad de Maipú, el abogado José Pedro Silva indicó que los cinco supuestos hechos nuevos mencionados por la defensa no son tales. Explicó que las facturas agregadas corresponden al mismo período o amplían el mismo núcleo fáctico, y que la mención a delitos del coimputado Domínguez no se imputó a Lavín. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que variaciones accesorias no exigen un nuevo desafuero, como ocurrió en el caso del exsenador Jaime Orpis.
FALLO PENDIENTE
Tras los alegatos, la sala quedó en condiciones de dictar sentencia. El resultado de la apelación definirá si se mantiene o se revoca la prisión preventiva que actualmente afecta al exdiputado Lavín León, procesado por delitos de corrupción cometidos entre 2016 y 2026.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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