El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en la investigación penal derivada del denominado caso ProCultura. La resolución judicial, emitida este martes, se fundamenta en la falta de acreditación del delito de fraude al fisco que la Fiscalía de Antofagasta había imputado a la autoridad regional.
La decisión del tribunal no solo pone término al proceso penal que afectaba al gobernador, sino que también impuso una condena en costas a los organismos que sostuvieron la acusación. De acuerdo con el acta judicial, el pago de los gastos del juicio recae sobre el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Este punto resulta relevante en la práctica procesal chilena, ya que las costas se conceden cuando el tribunal estima que la parte vencida ha litigado sin motivo plausible o con temeridad.
COSTAS PROCESALES Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
La condena al pago de costas implica que la Fiscalía y el CDE deberán reembolsar los gastos en que incurrió la defensa del gobernador durante la tramitación de la causa. En el sistema jurídico nacional, las costas no cubren necesariamente la totalidad de los honorarios, pero representan una sanción económica significativa para el ente persecutor y el organismo estatal que actuó como querellante. La decisión del Séptimo Juzgado de Garantía sienta un criterio sobre la forma en que se desenvolvió la acusación en este caso específico.
REACCIÓN DE LA AUTORIDAD REGIONAL
Tras conocer el fallo, Orrego se refirió a lo resuelto por el tribunal. Señaló que la justicia se pronunció de manera clara y que con esta resolución se termina una etapa marcada por lo que calificó como afirmaciones falsas en su contra. El gobernador sostuvo que desde el inicio del proceso sostuvo que su administración fue víctima de un ilícito y no partícipe del mismo.
En sus declaraciones, Orrego también apuntó contra quienes, a su juicio, instrumentalizaron la causa con fines políticos. Manifestó que algunas personas actuaron sin escrúpulos al intentar dañar la imagen del Gobierno de Santiago y la suya propia. Sin embargo, enfatizó que a partir de este momento su gestión se concentrará en las tareas de recuperación y mejora de la calidad de vida en la capital, bajo los ejes de probidad, transparencia y servicio público.
ANTECEDENTES DEL CASO
La investigación conocida como caso ProCultura se originó a raíz de contratos y convenios firmados por el Gobierno de Santiago con la fundación ProCultura, organización que posteriormente fue objeto de indagaciones penales por presuntas irregularidades. El Ministerio Público de Antofagasta asumió la pesquisa y formalizó al gobernador Orrego como imputado por el delito de fraude al fisco. No obstante, durante la etapa de investigación no logró reunir los elementos de convicción necesarios para sostener la acusación, lo que llevó al tribunal a dictar el sobreseimiento definitivo, figura procesal que extingue la responsabilidad penal y cierra el caso de manera irreversible.
La resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago marca un hito en este proceso, al combinar la absolución penal con una condena en costas para los acusadores institucionales. La defensa del gobernador podrá ahora ejecutar el cobro de esos gastos, conforme a las reglas del Código Procesal Penal.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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