La controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores abrió un nuevo flanco sobre por qué no se concretó antes una reforma legal para regular la ejecución de las penas y evitar que esos casos se resolvieran mediante recursos de amparo. En ese debate, el exministro de Justicia Jaime Gajardo defendió la gestión del Gobierno anterior y el actual ministro Fernando Rabat sostuvo que la cartera actuó conforme a las resoluciones de la Corte Suprema, con una salida que, a su juicio, debe ser legislativa.
LA DEFENSA DE GAJARDO
En conversación con Radio Universo, Gajardo afirmó que la administración anterior impulsó con fuerza una ley de ejecución de penas. “Nosotros como gobierno impulsamos de manera muy fuerte que exista una ley de ejecución de penas”, dijo, y explicó que ese instrumento busca que “el recurso de amparo no se naturalice y se utilice para este tipo de situaciones”.
El exministro relató que en las comisiones parlamentarias, en especial en la Comisión de Constitución de la Cámara, advertía que el amparo estaba siendo utilizado en el ámbito penitenciario, incluidas rebajas de condenas que, a su entender, no debían emplearse. “Por eso tenemos que cambiar el procedimiento”, señaló, y agregó que debe existir un tribunal de ejecución de penas y una ley que establezca que se trata de un beneficio y no de un derecho.
Gajardo también rechazó que el Ejecutivo anterior haya permanecido pasivo. “No es efectivo que nosotros no hubiéramos quedado de brazos cruzados. Primero, nosotros rechazábamos. Segundo, litigábamos las cortes. Y tercero, propusimos una modificación legal estructural para resolver esto de raíz”, sostuvo.
EL PROYECTO EN TRÁMITE
La iniciativa a la que aludió el exministro crea tribunales de ejecución de penas y establece mecanismos de control jurisdiccional especializados para la etapa de cumplimiento de las sanciones penales. La Cámara de Diputadas y Diputados la despachó al Senado en abril de 2024 con una aprobación unánime de 133 votos, donde continuó su tramitación.
El proyecto fue presentado por los entonces diputadas y diputados Carmen Hertz, del PC; Jorge Alessandri, de la UDI; Renato Garín, del FA; Marcos Ilabaca y Raúl Leiva, del PS; Diego Schalper, de RN, y Matías Walker, de Demócratas. Según Gajardo, la iniciativa logró terminar su primer trámite y hoy se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
LA TESIS DE RABAT
La defensa de Gajardo contrasta con los argumentos del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha sostenido que la cartera actuó conforme a las resoluciones de la Corte Suprema que acogieron recursos de amparo presentados por condenados. En conversación con Radio Duna, Rabat destacó que existían numerosas sentencias en un mismo sentido y planteó que la solución debe abordarse mediante modificaciones legales.
“Seamos serios también en cuando tengo 276 sentencias de la Corte Suprema en un mismo sentido”, señaló el ministro, y añadió que “esto ocurrió en distintos gobiernos desde el año 2023 a la fecha”. Rabat afirmó que el Ejecutivo aborda el problema con modificaciones legales, tomando proyectos de diputados, senadores y del propio gobierno, además de la idea de los tribunales de ejecución de condenas, materia que calificó como transversal. Posteriormente, el Ejecutivo confirmó mediante un comunicado que impulsará el proyecto.
EL DILEMA JURÍDICO
En paralelo, el debate tiene una dimensión jurídica: si las rebajas de condenas deben entenderse como un beneficio administrativo o como una materia penal, distinción que incide en los argumentos utilizados para concederlas o rechazarlas. En ese contexto, el diputado Raúl Leiva sostuvo, en conversación con Me Enteré por la Prensa, que la controversia no es nueva, sino permanente, y cuestionó que la respuesta se centre en modificar la legislación.
“Es una controversia jurídica no actual, sino que permanente”, planteó Leiva, quien agregó que “esta norma es una norma administrativa que no es una norma penal sustantiva”. El parlamentario también afirmó que el Congreso “sí puede seguir regulando” mediante una ley interpretativa, opción que, según dijo, no figura entre las que se han planteado hasta ahora.
A su juicio, en sede judicial un gobierno con convicción debe dar batallas aunque pierda, como, según señaló, lo hicieron los ministros Larraín y Gajardo ante un poder del Estado autónomo e independiente. Leiva cerró su intervención afirmando que el actual gobierno “ha cometido un error grave inexcusable, haciéndole la vida más fácil a violadores y abusadores sexuales de menores de 14 años”.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
El texto sitúa la discusión en dos planos. Por un lado, la calificación de las rebajas de condenas como beneficio administrativo o como materia penal, distinción que incide en los argumentos utilizados para concederlas o rechazarlas. Por otro, el trámite del proyecto que crea tribunales de ejecución de penas y establece mecanismos de control jurisdiccional especializados para la etapa de cumplimiento de las sanciones penales, iniciativa que se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
En nuestra lectura, el cruce de declaraciones muestra que la discusión por las rebajas de condenas combina una disputa política sobre gestiones pasadas con un problema de diseño institucional que la propia fuente sitúa en la etapa de ejecución penal. Sería prudente que esa dimensión técnica no quede subordinada al reproche entre gobiernos y que el trámite legislativo descrito se evalúe por su capacidad para ordenar el uso de los recursos de amparo en esta materia.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/10/23/1214970/gajardo-legislacion-rebajas-condenas.html
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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