Italia activó su propio régimen sancionatorio en materia de inteligencia artificial, y el riesgo no recae solo en quienes construyen los algoritmos. El decreto legislativo 179/2026, publicado en la Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 de octubre de 2026 y vigente desde el 23 de octubre de ese año, adecúa el ordenamiento italiano al Reglamento UE 2024/1689, el AI Act, y arma un catálogo de multas administrativas que alcanza a bancos, aseguradoras, hospitales, colegios y empleadores que encargan una decisión a un sistema de IA.
El texto fija una regla de base, expresada en italiano por la norma: «chi decide con l’aiuto di un algoritmo ad alto rischio resta responsabile della decisione e deve renderla comprensibile». Quien no logre explicar esa decisión a la persona que la sufre se expone a una sanción de hasta 1 millón de euros o, si el monto es mayor, hasta el 0,5% de la facturación.
QUIÉN DEBE EXPLICAR LA DECISIÓN
El deber pesa sobre el deployer. En el lenguaje del AI Act es el sujeto que utiliza un sistema de inteligencia artificial bajo su propia autoridad en el ámbito de una actividad profesional. No el proveedor que lo diseña o lo vende, sino quien lo pone a trabajar: el banco que evalúa una solicitud de hipoteca con un software de scoring, la empresa que selecciona currículos con un algoritmo, el establecimiento escolar que usa un sistema para asignar notas o admitir estudiantes.
Se trata de la sanción más baja del decreto, pero la de mayor campo de aplicación, porque los obligados son numerosos: entidades financieras, aseguradoras, gestores de servicios esenciales, universidades, empleadores y centros de salud.
CUÁNDO NACE EL DERECHO A LA EXPLICACIÓN
La fuente es el artículo 86 del AI Act. El derecho corresponde a cualquier persona destinataria de una decisión adoptada sobre la base del output de un sistema de alto riesgo listado en el anexo III del reglamento, que cubre acceso al crédito y a seguros, trabajo, educación, servicios públicos esenciales, justicia y migración.
Se suman dos condiciones: que la decisión produzca efectos jurídicos o incida de modo análogo y significativo en la persona, y que esta estime que tiene un impacto negativo en su salud, su seguridad o sus derechos fundamentales. Quien ve rechazado un financiamiento, descartado de una selección laboral o denegada una prestación sanitaria entra de lleno en la hipótesis.
El contenido de la respuesta es preciso: explicaciones claras y significativas sobre el papel que tuvo el sistema en el procedimiento decisorio y sobre los principales elementos de la decisión. Una respuesta genérica como «la valutazione automatica non è stata favorevole» no basta. Hay excepciones: quedan fuera los sistemas de alto riesgo usados en infraestructuras críticas, los casos con derogaciones legales y aquellos en que la transparencia ya está cubierta por otras disposiciones, como las reglas del RGPD sobre decisiones automatizadas.
LAS MULTAS QUE ITALIA AÑADIÓ AL AI ACT
El artículo 99 del AI Act fija un elenco de infracciones y deja a los Estados la facultad de ampliarlo. El legislador italiano la ejerció: el artículo 23 del decreto 179/2026 suma las violaciones de los artículos 27, 73, 80 y 86. El primero exige la evaluación de impacto sobre derechos fundamentales antes de usar un sistema de alto riesgo; el segundo regula la comunicación de incidentes graves; el tercero, el procedimiento para sistemas que el proveedor clasificó como no de alto riesgo; el cuarto es el derecho a la explicación.
EL CATÁLOGO DE SANCIONES
Las multas se aplican salvo que el hecho constituya delito y se ordenan en cuatro niveles. El más alto castiga el uso de sistemas prohibidos por el artículo 5, esto es, prácticas manipulativas y discriminatorias: hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual del ejercicio anterior. El segundo llega a 15 millones o al 3% y cubre obligaciones de proveedores, representantes, importadores y distribuidores, la cadena de valor, los deberes de los deployer, los organismos notificados y la transparencia del artículo 50. El tercero sanciona información inexacta o engañosa entregada a autoridades: 7,5 millones o el 1%. El último corresponde a los artículos 27 y 86: 1 millón o el 0,5%. Para un grupo bancario con 10.000 millones de ingresos, ese porcentaje equivale a 50 millones.
Rige una regla de favor para pymes, microempresas y start-ups innovadoras del artículo 99, párrafo 6, del reglamento: se aplica el monto más bajo entre cifra fija y porcentaje. Una start-up con un millón de facturación expuesta por violar el derecho a la explicación arriesga como máximo 5.000 euros. En procedimiento rigen las reglas sectoriales y, si son compatibles, las de la legge 689/1981, con una excepción: no cabe el pago reducido del artículo 16 de esa ley.
Antes de la multa hay avisos y medidas no pecuniarias del artículo 19: orden de eliminar la infracción con plazo y medidas, o declaración pública si ya cesó. Ignorar la orden implica la sanción original aumentada hasta un tercio. Los plazos son escalonados: las exigencias sobre sistemas autónomos de alto riesgo rigen desde el 2 de diciembre de 2027.
QUIÉNES VIGILAN
La Agencia para la Ciberseguridad Nacional es autoridad de vigilancia del mercado y punto de contacto único con la UE. Banca d’Italia, Consob e Ivass cubren los sectores crediticio, financiero y asegurador; el Garante della privacy, materias de contraste, fronteras, justicia y procesos democráticos; AgID es autoridad de notificación y puede apoyarse en Accredia. Los ciudadanos pueden reclamar ante ellas y las controversias por uso de IA se suman a los sistemas alternativos ya activos en el ámbito bancario, financiero y asegurador, como el Arbitro bancario finanziario.
Las sanciones se publican por extracto en el sitio institucional, con la eventual impugnación y su resultado. La forma anónima procede si la publicación es desproporcionada, si genera riesgos de ciberseguridad o afecta una investigación penal, o si causa perjuicio desproporcionado y determinable. El afectado debe pedir expresamente la omisión de sus datos.
En nuestra lectura, el esquema italiano podría interesar a abogados chilenos que observan cómo se traducen las obligaciones de transparencia algorítmica en multas concretas y en qué punto la carga se desplaza hacia quien usa la herramienta y no hacia quien la fabrica. Sería prudente leerlo como una referencia de técnica sancionatoria extranjera, sin extraer de allí consecuencias para el ordenamiento local.
Fuente: laleggepertutti.it
Documento original: https://www.laleggepertutti.it/838429_ia-chi-non-spiega-le-decisioni-rischia-1-milione-di-multa
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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