La Comisión de Economía del Senado dedicó su sesión del 20 de octubre de 2026 a dos proyectos que buscan corregir fallas de mercado y de seguridad, pero que, según los invitados, requieren ajustes de diseño para no producir efectos adversos. En la instancia, transmitida por TV Senado Chile, expusieron el fiscal y oficial de cumplimiento de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Sebastián Hurtado, junto a la asesora legal María José Rojas; un representante de la Federación de Empresas de Turismo de Chile; y el delegado de la Asociación Nacional de Guías de Montaña, Ángel Delgado. También intervino Fabiola Cabrera, de la Biblioteca del Congreso Nacional.
TELEOPERADORES EN EL EXTRANJERO
El boletín 17.381-03, en segundo trámite constitucional, prohíbe subcontratar servicios de teleoperadores que funcionen fuera de Chile. La CNC aclaró que no representa a las empresas de call center, sino a sus clientes del comercio, los servicios y el turismo. Hurtado sostuvo que la colectividad comparte los objetivos de proteger el empleo formal y combatir las estafas telefónicas, pero que una prohibición territorial no asegura nuevos puestos de trabajo ni reduce los fraudes, y podría elevar costos, reducir alternativas y afectar la atención de los consumidores.
El proyecto, según la exposición, no se limita a llamadas comerciales: comprende atención al cliente, asesoría comercial o administrativa, soporte técnico, ventas, promoción y reclamos por teléfono o medios digitales. El artículo transitorio remite a un reglamento el procedimiento de fiscalización y sanción, sin precisar la autoridad responsable. Tampoco separa el plano laboral, propio del artículo 183A del Código del Trabajo, del plano comercial que rige los contratos entre compañías.
Se citaron costos referenciales por hora de 4,25 dólares en Chile, 2,04 en Perú y 1,77 en Bolivia, datos del gremio de call centers que no constituyen una comparación auditada. En empleo, se mencionó que los trabajadores dependientes informados en la actividad call center bajaron de 40.087 en 2021 a 29.376 en 2024, un 26,7 por ciento menos, aunque el nivel de 2024 seguía 10,3 por ciento por sobre 2018. El ingreso mínimo subió de 337.000 pesos a 500.000 entre fines de 2021 y fines de 2024, y en abril de 2024 comenzó la reducción gradual de jornada. Se advirtió que esa coincidencia temporal no acredita causalidad.
En materia constitucional se aludió a la libertad económica, la igualdad ante la ley, la no discriminación económica y el resguardo de derechos del artículo 19, números 21, 2, 22 y 26; a los artículos 6 y 7 sobre autoridad competente; y al artículo 19 número 3 por el procedimiento. También se cuestionó la multa fija de 1.000 UF, sin distinción de tamaño ni gravedad, y se mencionó que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales advirtió sobre los compromisos de comercio transfronterizo. Chile exportó servicios a Perú por 588 millones de dólares y a Colombia por 258 millones en 2025, según lo expuesto.
La Biblioteca del Congreso Nacional informó que no halló prohibiciones comparadas. Italia, en cambio, aplica avisos previos, una multa de 150.000 euros por día de atraso, información del país del operador y derecho a pedir atención nacional. Estados Unidos discute la Keep Call Centers in America Act de 2025, con aviso de 120 días y lista pública, mientras la Comisión Federal de Comunicaciones sometió una propuesta a consulta en abril, aún sin obligaciones exigibles.
TURISMO AVENTURA
En el boletín 17.163-03, que modifica la ley 20.423 para reforzar estándares de seguridad en turismo aventura, con urgencia de suma, FEDETUR respaldó la iniciativa. Su representante sostuvo que la mayoría de los accidentes se explica por oferta informal e ilegal. Pidió fiscalización eficiente, con dos inspectores en Los Lagos y uno en Magallanes, y propuso que la patente municipal se obtenga después del registro de actividades y empresas.
También solicitó que la certificación anual que propone el proyecto tenga un plazo mínimo de dos años, diferenciado por actividad y buen comportamiento. Respecto del seguro de responsabilidad civil, explicó que las primas anuales van de 8 a 12 millones de pesos y que la oferta es escasa, por lo que muchas mipymes no podrían contratarlo; pidió mantener el seguro de accidentes. Sobre la certificación obligatoria de trabajadores de montañismo, señaló que las competencias se certifican por actividad, que un guía de kayak no requiere alpinismo y que la definición debe quedar en el reglamento, no en el artículo 38.
Ángel Delgado, de la Asociación Nacional de Guías de Montaña, valoró el proyecto, pero advirtió que una nueva exigencia documental puede elevar el costo de operar formalmente sin mejorar la seguridad. Recordó que ya existen la ley 20.423, el decreto 19 y la resolución 271; que la resolución 52 de 2021 reconoce certificaciones internacionales; y que el registro de Cernatur de agosto de 2026 contempla especialidades y cerca de 700 guías. Faltan equivalentes en agua y aire y reconocimiento de certificaciones de kayak, rafting, parapente y canyoning. Pidió reforzar la inspección, pues en Los Ríos hay una inspectora, y revisar las sanciones para dar gradualidad, permitir subsanar fallas formales y evaluar el cierre de establecimientos cuando el servicio es itinerante. Recordó que el 98 por ciento del turismo aventura son mipymes.
La comisión acordó pedir a la Sala extender hasta el 2 de noviembre el plazo de indicaciones en turismo aventura. En plataformas de apuestas en línea se informaron 17 nuevas indicaciones y un nuevo plazo hasta el lunes 26 a las 12 horas, sujeto a ratificación, además de invitar al ministro de Hacienda para el martes 27. En el debate se mencionó una discrepancia por la tasa y se calificó como insuficiente un impuesto único de 22 por ciento.
En nuestra lectura, la sesión muestra que ambos proyectos comparten un problema de técnica legislativa: fijan objetivos legítimos, pero dejan en la ley o en el reglamento definiciones clave sobre autoridad, proporcionalidad y transición. Sería prudente que la discusión parlamentaria exija esos estándares antes de avanzar, sin perder de vista los fines de empleo formal, seguridad y combate al fraude que la propia fuente destaca.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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