La Mesa del Senado reaccionó con prudencia institucional ante la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que acogió la solicitud del Ministerio Público para desaforar al senador Miguel Ángel Calisto, por el presunto delito de fraude al fisco. En un comunicado firmado por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, y el vicepresidente, Iván Moreira, la corporación expresó su «pleno respeto» por el pronunciamiento del tribunal y remarcó que esa resolución, por sí sola, no anticipa un juicio sobre la responsabilidad penal del parlamentario.
El texto fue difundido este 7 de octubre de 2026 y ordena la respuesta institucional en dos planos: el respeto por lo resuelto por la justicia y la continuidad del trabajo legislativo. «La resolución judicial se sitúa en un procedimiento establecido por la Constitución y las leyes y no constituye, por sí misma, una sentencia sobre la culpabilidad o inocencia del senador», sostiene la declaración.
RESPETO POR LA DECISIÓN JUDICIAL
La Mesa abordó directamente el fallo del tribunal de alzada y lo encuadró en el ejercicio de las atribuciones que le corresponden a un órgano autónomo e independiente. En esa línea, Núñez y Moreira manifestaron su «pleno respeto por la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el ejercicio de sus atribuciones y en su calidad de órgano autónomo e independiente».
Para los abogados y abogadas que siguen causas de esta naturaleza, el punto central del comunicado es la distinción que la propia Mesa subraya: la resolución que acoge el desafuero se inscribe en un procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes, y no equivale a un pronunciamiento de fondo sobre la culpabilidad o la inocencia del senador Calisto. Se trata de una precisión relevante en materia procesal penal y de garantías, porque separa la etapa de persecución penal del veredicto que, eventualmente, pueda dictarse más adelante.
EL SENADO MANTIENE SU AGENDA
El segundo eje de la declaración apunta a despejar cualquier inquietud sobre el funcionamiento interno de la Cámara Alta. Según la Mesa, la situación judicial particular del senador Calisto no alterará la marcha de la corporación.
«Esta situación judicial particular no afectará la continuidad del trabajo legislativo de la Corporación. El Senado seguirá funcionando normalmente, tanto en la Sala como en sus comisiones, dando cumplimiento a su calendario legislativo y a las materias que se encuentran en tramitación», indica el comunicado.
Con ello, la Mesa busca transmitir que la actividad parlamentaria, tanto en las sesiones de Sala como en las comisiones, mantendrá su ritmo habitual y que los proyectos en tramitación continuarán su curso conforme al calendario previsto por la corporación.
COMPROMISO CON LA PROBIDAD
En el cierre de su declaración, las autoridades del Senado vincularon la respuesta institucional con principios de gestión pública. El comunicado señala que, «junto con reiterar que las instituciones deben cumplir sus funciones con autonomía y responsabilidad, reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, principios esenciales para el correcto funcionamiento de nuestra democracia».
La mención no es menor para el debate jurídico y político chileno. El buen uso de los recursos públicos y la probidad son criterios que atraviesan tanto la labor legislativa como las investigaciones por delitos funcionarios, y la propia Mesa optó por reafirmarlos en el mismo documento con el que tomó distancia de cualquier lectura anticipada del caso.
UN CASO QUE SIGUE SU CAUCE
La solicitud del Ministerio Público fue acogida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, lo que marca un hito en el procedimiento que afecta al senador Miguel Ángel Calisto por el presunto delito de fraude al fisco. La respuesta de la Mesa del Senado, en tanto, se concentra en dos ideas: acatamiento de lo resuelto por los tribunales y normalidad en la actividad legislativa.
Para el mundo jurídico, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la manera en que interactúan el ejercicio de la función parlamentaria y la persecución penal de delitos que involucran recursos fiscales. La declaración de la Cámara Alta evita pronunciarse sobre los hechos que investiga el Ministerio Público y se limita a delimitar el alcance de la resolución judicial y sus efectos sobre el trabajo del Senado.
En definitiva, la corporación optó por una respuesta breve, formal y centrada en la institucionalidad. Ni la presidenta Paulina Núñez ni el vicepresidente Iván Moreira formularon comentarios adicionales sobre el fondo de la investigación, más allá de lo consignado en el comunicado oficial difundido este 7 de octubre de 2026.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/10/07/1213448/desafuero-calisto-senado-respeto-decision.html
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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