
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) defendió este martes ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados su decisión de no solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que vetara la contratación pública de las empresas acusadas de colusión en el mercado de vales de alimentación y vestuario. El argumento central del organismo es que una medida de ese tipo habría dejado al Estado con un único proveedor disponible.
«En caso de que nosotros hubiéramos instado porque el tribunal decretara la prohibición de contratar con el Estado, el Estado se habría quedado con un solo proveedor y con los riesgos que eso entraña», afirmó el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, quien compareció acompañado por el jefe de Litigios, Víctor Santelices, y el jefe de Anticarteles, Matías Belmonte.
UNA COMISIÓN CONSTITUIDA EN AGOSTO
La instancia parlamentaria fue creada en agosto con el objetivo de reunir antecedentes sobre el funcionamiento, la regulación, la supervisión y la fiscalización de este mercado. En la sesión, Grunberg respondió a las preguntas de los diputados Jorge Díaz (DC) y Bernardo Salinas (Ind.), quienes indagaron sobre las consecuencias de que compañías sancionadas sigan vinculándose con el Estado y sobre si las multas resultan suficientes en un sector con pocos participantes.
LA HERRAMIENTA QUE LA FNE NO ACTIVÓ
El fiscal recordó que la legislación contempla una herramienta adicional a las multas: la prohibición de contratar con organismos públicos. Según explicó, esa sanción se incorporó al catálogo en la reforma legal de 2016 y el debate parlamentario concluyó que debía ser facultativa y apreciada según las circunstancias de cada caso.
El eje de su argumentación fue la estructura del mercado. Actualmente existen tres proveedores de vales de alimentación, de modo que excluir a las empresas involucradas podría producir un efecto adverso sobre la competencia que la propia FNE busca resguardar.
EL REQUERIMIENTO ANTE EL TDLC
En mayo, la FNE presentó un requerimiento contra Pluxee, firma que hasta 2024 operaba en Chile bajo el nombre de Sodexo, y contra Edenred, además de cuatro exejecutivos. De acuerdo con la investigación del organismo, entre marzo de 2013 y octubre de 2021 ambas compañías acordaron la asignación de zonas o cuotas de mercado y coordinaron condiciones de contratación, precios y su participación en determinadas licitaciones.
Según la FNE, la conducta afectó a un mercado altamente concentrado, donde ambas empresas superaban conjuntamente el 80 por ciento de participación y existían barreras relevantes para el ingreso de nuevos competidores.
En su presentación, el organismo solicitó al TDLC una multa de 41.744 UTA para Pluxee, equivalente entonces a unos 39 mil millones de pesos, además de una sanción para su ex gerente general. Respecto de Edenred y tres de sus exejecutivos pidió la exención de multas, porque la compañía se acogió al programa de delación compensada.
COMPETENCIA EFECTIVA COMO OBJETIVO
Grunberg subrayó que el propósito es sancionar con la dureza que permite la legislación estos graves atentados a la libre competencia, pero al mismo tiempo restablecer la competencia en el mercado. Frente a la inquietud de Salinas sobre si sería necesario sacar a las empresas del sistema y generar condiciones de ingreso para nuevos actores, el fiscal describió al sector como un mercado oligopólico con solo tres actores, lo que obliga a preocuparse de que sea competitivo.
A su juicio, cualquier eventual salida de operadores debe analizarse junto con las posibilidades reales de que entren nuevos proveedores y con los incentivos económicos existentes para realizar esas inversiones. «Lo importante es que, entre los actores que estén desenvolviéndose en ese mercado, exista competencia efectiva», sentenció.
LA ARISTA JUNAEB
Los diputados también consultaron por los mecanismos de control de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para detectar coordinaciones antes de que afecten sus procesos de contratación. Grunberg distinguió entre el cartel investigado por la FNE y las licitaciones específicas del servicio: en el caso sometido al TDLC, la relación con Junaeb se produjo a través de convenios marco de aplicación general, en concreto dos de ellos.
El fiscal añadió que la FNE ha revisado durante los últimos años distintos procesos de contratación de Junaeb. Mencionó una licitación analizada el año pasado cuyo diseño, a juicio del organismo, incorporaba mecanismos destinados a reducir los incentivos para coordinar ofertas, y que calificó como muy sofisticado y disuasivo de la colusión. Investigaciones anteriores sobre licitaciones específicas del servicio terminaron sin que se acreditara la existencia de acuerdos colusorios.
PRÓXIMOS INVITADOS
El presidente de la comisión, Ignacio Urcullú (Rep.), adelantó que entre los próximos citados estarán la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y el director de Junaeb, Fernando Peña.
Fuente: Pulso, La Tercera
Documento original: https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-estado-se-habria-quedado-con-un-solo-proveedor-fne-explica-por-que-no-pidio-excluir-de-contratos-publicos-a-empresas-acusadas-de-colusion-por-vales-de-alimentacion/
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.








