A cuatro años del plebiscito en que el Rechazo se impuso con un 61,86 por ciento de los votos, la sombra del proceso constituyente de 2022 volvió a instalarse en el centro de la discusión pública chilena. Esta vez no como un episodio cerrado, sino como espejo y contraargumento en el debate que ha generado la reforma constitucional en seguridad impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La iniciativa, que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo, ACOT, fue ingresada al Senado y perdió la suma urgencia. En su contenido se propone consagrar el deber del Estado de resguardar la seguridad pública y permitir que el Primer Mandatario decrete estado de excepción constitucional por 120 días, prorrogables por otros 120, sin requerir autorización del Congreso.
Las críticas no solo llegaron desde la oposición, sino también desde sectores del propio oficialismo. En columnas de opinión y cartas de expertos ha reaparecido con fuerza el término iliberal para calificar tanto la propuesta como al gobierno de Kast. El Mandatario ha salido a descartar esa caracterización en más de una ocasión durante las últimas semanas.
Quienes advierten sobre el carácter iliberal de la reforma sostienen que se socavan ideales liberales vinculados a los derechos individuales y que se intenta eludir la posibilidad de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional mediante una modificación de la Carta Fundamental. Frente a esas acusaciones, diversos actores han traído a colación el proceso constituyente de 2022, liderado por sectores de izquierda, como un contraste que, según ellos, dejaría en evidencia inconsistencias de quienes hoy critican al Ejecutivo.
EL DEBATE POR LA REFORMA EN SEGURIDAD
El director del Centro de Estudios Públicos, CEP, Juan Luis Ossa, valoró en una columna publicada en La Tercera que el gobierno haya retirado la suma urgencia del proyecto. Para Ossa, esa decisión implica reconocer que enfrentar con decisión la crisis de seguridad no exige convertir cada respuesta en una reforma constitucional.
En su análisis, Ossa advirtió que un texto que se modifica cada vez que cambia el diagnóstico de turno deja de ser un marco compartido y se transforma en un botín de la competencia electoral. Agregó que la reforma que hoy amplía las atribuciones del Presidente permite y legitima que el siguiente mandatario lo haga con otros fines, y definió la prudencia constitucional como la condición para que las reglas conserven valor cuando sea necesario invocarlas.
CRÍTICAS AL PROCESO DE 2022
La respuesta desde el oficialismo no se hizo esperar. Los diputados UDI Eduardo Cretton y Guillermo Ramírez, presidente de esa colectividad, sostuvieron que no hay nada más iliberal que el delirio constitucional que impulsaron los sectores que hoy critican al Ejecutivo. Según los parlamentarios, el Frente Amplio y el Partido Comunista intentaron refundar Carabineros, se refirieron durante años a los presos de la revuelta para aludir a condenados por delitos graves del estallido social y cuestionaron decisiones de los tribunales.
Además, agregaron que esos sectores respaldaron una propuesta constitucional que debilitaba gravemente la institucionalidad, por lo que, a su juicio, carecen de autoridad para hablar de iliberalismo. En la misma línea, el analista político y doctor en Filosofía Max Colodro planteó a Emol que la izquierda y la centroizquierda tienen poca autoridad moral para cuestionar la reforma, luego de haber redactado y votado a favor de una propuesta de nueva Constitución que calificó como mucho más iliberal y autoritaria.
Por su parte, el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, Claudio Alvarado, comentó que el proyecto de la Convención ponía en severo riesgo la separación de poderes. Mencionó la creación de un Estado plurinacional, la eliminación del Senado en favor de una Cámara de las regiones con atribuciones reducidas y un Consejo de la Justicia integrado por una minoría de jueces, cuya eventual politización habría sido pública y notoria.
Alvarado recordó también la advertencia del expresidente Eduardo Frei respecto del peligro de caer en un régimen dictatorial y sostuvo que los contenidos de la Convención fueron una proyección constitucional del llamado octubrismo.
VOCES QUE ADVIRTIERON DESDE 2021
Mucho antes del plebiscito, diversas voces habían anticipado problemas en el proceso. En noviembre de 2021, el exmilitante comunista Sergio Muñoz Riveros escribió en La Tercera que el ruido refundacional proveniente de la Convención generaba la impresión de que el país vivía en una especie de limbo jurídico y que la instancia se había convertido en el mayor foco de inestabilidad e incertidumbre.
El abogado constitucionalista Javier Couso advirtió en febrero de 2022 que la Convención estaba fragmentada y que existía riesgo de fracaso. En mayo de ese año, no obstante, señaló que no había visto en el texto nada que impidiera vivir con él y defendió la idea de que de convenciones fragmentadas no ha salido nunca una Constitución autoritaria.
Carlos Peña, rector de la UDP, escribió en febrero de 2022 la columna El peligro de lo amarillo. Allí planteó que la tarea no consistía solo en instar al diálogo y la moderación, sino en demostrar por qué las normas que la mayoría de los convencionales parecía dispuesta a aprobar eran erróneas. A su juicio, sin esa tarea, los llamados a la moderación carecerían de efectos.
AUTOCRÍTICAS Y DEFENSAS DEL APRUEBO
También hubo quien reconoció errores propios. El economista Oscar Landerretche, militante del Partido Socialista, hizo una autocrítica en mayo de 2022 y señaló que los convencionales de la centroizquierda habían pasado demasiado tiempo complaciendo a los sectores más extremos y muy poco pensando en construir una Constitución que durara 50 años.
El sociólogo Ernesto Ottone, en tanto, advirtió en una entrevista con El Mercurio sobre la tentación de una nueva élite de hacer permanente su posición en el poder.
En las semanas previas al plebiscito, las columnas mostraron un país dividido. Daniel Matamala destacó en La Tercera el acuerdo entre representantes del Apruebo y del Rechazo en materias de paridad e igualdad de género, y lo definió como un avance civilizatorio. Heraldo Muñoz, exministro y militante del PPD, escribió en El País que el proceso había estado repleto de declaraciones desafortunadas y dudas sobre la plurinacionalidad, el sistema político y los pesos y contrapesos, pero expresó su convicción de que Chile cambiaría y tendría una nueva Constitución.
A cuatro años de aquel 4 de septiembre, el debate sobre los límites del poder y el uso de la Constitución vuelve a cruzar a la clase política, ahora con un gobierno distinto y con la seguridad como eje de la discusión.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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