El Tribunal Constitucional sepultó la estrategia del Ejecutivo contra una de las normas centrales del proyecto de Reconstrucción: por nueve votos contra uno, el pleno rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad que buscaba eliminar la obligación de las empresas concesionarias de reponer gratis el agua, la electricidad y el gas en zonas de catástrofe. La decisión no solo mantiene vigente la disposición, sino que además deja al Gobierno sin margen para intentar suprimirla por la vía legislativa, tras haber agotado su facultad de veto. El fallo, en definitiva, confirma que la reconexión inmediata de servicios básicos se mantiene dentro del proyecto de Reconstrucción.
El pronunciamiento del tribunal se produce después de que el Gobierno recurriera al organismo para impugnar el artículo 31, aprobado por el Congreso durante la tramitación del proyecto de Reconstrucción. La norma obliga a las empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas a reconectar, de forma gratuita y sin condición previa de pago, a usuarios residenciales y a micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe. La impugnación fue resuelta por el pleno con una votación de nueve contra uno, un margen que los parlamentarios de oposición leyeron como un respaldo categórico a la decisión del Congreso.
La iniciativa, denominada por el oficialismo como ley de reconstrucción nacional y calificada por sectores de la oposición como una mega reforma tributaria encubierta, ha sido objeto de una disputa política que se extendió hasta el Tribunal Constitucional. El revés del Gobierno se produce en la recta final de un proceso legislativo.
EL FALLO DEL TC
La votación de nueve contra uno constituye una derrota clara para el Gobierno y un respaldo a la postura del Parlamento. Con este resultado, la disposición sobre reconexión de servicios básicos permanece dentro del texto de la ley de Reconstrucción, tal como fue aprobada por el Congreso. Para el oficialismo, en cambio, el fallo debe ser respetado y no empaña la totalidad de la mega reforma.
De acuerdo con fuentes conocedoras de la tramitación legislativa, el Ejecutivo ya no podría presentar un veto supresivo en el Congreso para eliminar el artículo, porque ya habría ejercido ese derecho durante la discusión. En esa oportunidad, el Gobierno ingresó tres vetos supresivos que fueron aprobados por el Parlamento: la prohibición absoluta del anatocismo, el denominado derecho al olvido financiero y la eliminación de los pactos de pago superiores a 30 días. Ahora, con el rechazo del requerimiento, la disposición se mantiene dentro del proyecto de Reconstrucción.
REACCIONES DE LA OPOSICIÓN
Desde la oposición, la senadora Karol Cariola (PC) calificó la resolución como un acto de justicia para las familias chilenas y recordó que la restitución inmediata y gratuita de los servicios básicos era lo más próximo a la reconstrucción. La parlamentaria cuestionó al gobierno de José Antonio Kast por haber impugnado la norma y destacó que el TC les dio la razón con una votación de nueve votos contra uno. Hoy, el TC nos da la razón, afirmó, y agregó que la apelación fue presentada a través del ministro Quiroz para eliminar una norma que beneficiaba a la gran mayoría de los chilenos. A su juicio, el agua, el gas y la luz son elementos básicos frente a una emergencia, y llamó la atención que el Ejecutivo no lo haya comprendido y se haya equivocado llevando el tema al tribunal.
El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, dijo que es una vergüenza que el Gobierno haya recurrido al TC contra una norma que beneficia a los damnificados, para evitar que les corten los suministros en contextos de catástrofe. El gobierno con esto da una muestra de inhumanidad que lamentamos bastante, sostuvo, y valoró el rechazo categórico del requerimiento, al considerar que la norma se mantiene dentro de la mega reforma.
El diputado César Valenzuela (PS) aseveró que el TC les dio la razón y destacó que es la única norma de la ley de los superricos que de verdad protege a las personas. En la misma línea, la diputada Emilia Schneider (FA) calificó el episodio como un papelón tras otro del gobierno de Kast y sostuvo que la intención de borrar esa regla evidencia indolencia, además de ratificar su tesis de que la mega reforma de reconstrucción es en realidad una reforma tributaria encubierta en beneficio de los super ricos.
REACCIONES DEL OFICIALISMO
En el oficialismo, el diputado Jaime Coloma (UDI) afirmó que se trata de un fallo contundente que hay que respetar, pero que no empaña lo aprobado en la ley de reconstrucción nacional. Coloma subrayó que con esta decisión se cierra definitivamente la tramitación de la reforma y que pronto se verán resultados en materias económicas y laborales, que consideró la principal preocupación de los chilenos.
Su compañera de bancada, la diputada Flor Weisse (UDI), señaló que el resultado demuestra que Chile vive una democracia sólida donde las instituciones funcionan y solo queda respetar el fallo. Eso sí, planteó que en ocasiones futuras convendría hacer un examen un tanto más riguroso sobre las posibilidades de éxito en este tipo de presentaciones. Weisse insistió en que el fallo no empaña el logro de la mega reforma y que la prioridad ahora es reactivar la economía, generar inversión y empleo.
Con esta resolución, la obligación de reconexión gratuita de servicios básicos se mantiene dentro del proyecto de Reconstrucción, en los términos aprobados por el Congreso.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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