Gremios de la educación alertan en el Senado por posible recorte del presupuesto 2027
Una delegación de dirigentes educacionales llegó este 8 de septiembre hasta la Comisión de Educación del Senado para dar cuenta de la caminata que durante tres días los llevó desde Santiago a Valparaíso y que tuvo como objetivo instalar una alerta temprana frente a un eventual ajuste del presupuesto sectorial para 2027. La instancia fue transmitida por el canal de YouTube TVSenado Chile.
En la sesión, que sesionó de manera especial y en paralelo a la Sala, participaron el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar; la presidenta de Ande, Beatriz; la presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública (AFEN), Yasna Sánchez Rubio, y el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación, Juan Alberto Lepe Garrido. También intervino un dirigente identificado como Felipe, supervisor de la provincia oriente.
UNA CAMINATA DE TRES DÍAS
Según el relato de Aguilar, la movilización, de aproximadamente 70 kilómetros, se realizó con las autorizaciones correspondientes y con coordinación permanente con Carabineros, a quienes agradeció el resguardo durante el trayecto. El único inconveniente, dijo, apareció en el tramo final, cuando la Delegación Presidencial de Valparaíso intentó que el grupo completara el ingreso a la ciudad en buses.
Ante esa presión, los manifestantes advirtieron que harían valer su derecho a circular libremente y a manifestarse. Tras conversaciones con el ministro del Interior, finalmente se les permitió caminar hasta el destino. Aguilar precisó que la convocatoria fue restringida a dirigentes y no incluyó a profesores de base, pero que la respuesta fue igualmente contundente.
LA ALERTA POR EL PRESUPUESTO 2027
La presentación estuvo centrada en el riesgo de que la próxima Ley de Presupuestos reduzca los recursos para educación. Aguilar recordó que el presupuesto aprobado para 2026, tras el debate del Congreso anterior, ya fue rebajado por decisión del Ejecutivo y que esta semana un nuevo oficio restó otros 75.000 millones de pesos a diversas partidas del sector.
Ante ese panorama, los gremios plantearon que la discusión presupuestaria para el próximo año debe partir del monto originalmente aprobado para 2026 y no del valor que quedó después de los recortes. A su juicio, los ajustes ya aplicados provocan daños evidentes en la gestión educativa, desde la infraestructura escolar hasta los programas de inclusión.
RECHAZO AL AUMENTO DE ALUMNOS POR CURSO
Uno de los puntos más enfáticos fue el rechazo a la posibilidad de aumentar el número de estudiantes por sala como fórmula para enfrentar el déficit de los servicios locales de educación pública y de los municipios. Aguilar señaló que llevar un curso desde unos 25 alumnos a 35, 40 o incluso 45, en aulas donde ya hay estudiantes con trastorno del espectro autista, haría inviable la inclusión y calificó esa alternativa como un crimen.
En su opinión, la tendencia debiera ser la contraria: disminuir la cantidad de alumnos por curso, considerando que Chile aún presenta cifras altas en comparación con otros países. También advirtió sobre el riesgo de afectar la gratuidad en la educación superior y recordó que el actual gobierno ha comprometido no tocar los derechos sociales.
El dirigente puso especial énfasis en la salud mental escolar, un área que, según dijo, prácticamente no cuenta con presupuesto. Advirtió que el caso Alama podría repetirse e incluso alcanzar situaciones peores, porque la situación de estudiantes y trabajadores de la educación sigue deteriorándose y no hay una política pública que aborde el problema. En materia de remuneraciones, recordó que el servicio local de educación de Chiloé estuvo a punto de no pagar los sueldos y que la emergencia se resolvió solo con recursos de última hora.
FISCALIZACIÓN Y APOYO SOCIAL
En su intervención, Juan Alberto Lepe Garrido sostuvo que la Superintendencia de Educación, servicio creado hace trece años para fortalecer la educación pública, ha visto decaer sus funciones fiscalizadoras desde hace ocho años. Dijo que actualmente solo se audita un 3,4% de las rendiciones de cuentas de los miles de millones de pesos que se entregan al sector.
A su juicio, la superposición de funciones ha desviado el foco de la fiscalización hacia labores de capacitación que corresponden al Ministerio de Educación. Afirmó que el Estado se ha alejado de su rol de garante y que por ello ocurren malversaciones y usos indebidos de recursos públicos. En la exposición también se advirtió que los funcionarios del área carecen de presupuesto para viáticos, una carencia que termina dejando la fiscalización en el papel.
La presidenta de AFEN, Yasna Sánchez Rubio, valoró la unidad alcanzada entre los gremios y el respaldo espontáneo de padres y apoderados durante la caminata. Contó que trabajadores de la construcción y pescadores quisieron incluso formar un cordón de protección para los manifestantes, un gesto que interpretó como una señal del apoyo social a la defensa de la educación pública.
RESPALDO EN EL SENADO
Los senadores presentes respaldaron la movilización. Quien preside la comisión y también encabeza la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, que revisa la partida del Ministerio de Educación, comprometió que la coordinadora de gremios será invitada cuando se conozca la propuesta oficial.
El senador Mirosevich aseguró que comparte la alarma de los dirigentes. A su juicio, la próxima ley de presupuesto será una de las más difíciles de tramitar desde la recuperación democrática, porque el proyecto reflejaría lo que llamó un desprecio por lo público. Sostuvo que el recorte no se notará en gastos superfluos ni en operadores políticos, sino en materias socialmente sensibles.
La senadora Provoste, de Atacama, expresó su solidaridad con los dirigentes y lamentó la ausencia de autoridades del Ministerio de Educación. Sostuvo que los argumentos expuestos eran suficientes para que la propia ministra hubiese participado de la caminata. En tanto, un senador por Ñuble matizó las críticas a las comunas de mayores ingresos que buscan postergar su traspaso a los servicios locales, mencionando ejemplos de comunas vulnerables que también han decidido no incorporarse al sistema.
Aguilar, por último, informó que la presidenta del Senado, senadora Núñez, les dijo que ni educación, ni salud, ni seguridad deberían sufrir recortes presupuestarios y se comprometió a gestionar una reunión con el ministro de Hacienda. Los dirigentes señalaron que asistirán a esa cita, pero advirtieron que defenderán el financiamiento educativo.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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