El Plan de Reconstrucción del Gobierno logró sortear su primer gran escollo legislativo, pero lo hizo por el margen más estrecho posible. La megareforma, que busca sentar las bases de la recuperación económica, fue aprobada en general por el Senado con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, una señal de la profunda división política que enfrenta el Ejecutivo y que anticipa una discusión en particular cargada de concesiones y contraofertas.
La votación del miércoles 25 de junio de 2026 dio luz verde a la iniciativa para continuar su tramitación, aunque muy lejos del amplio respaldo que el Gobierno buscaba construir. El resultado obligó al Ejecutivo a replegarse y a preparar una estrategia de negociación en las comisiones técnicas, donde espera sumar los apoyos que le faltaron en la Sala.
APROBACIÓN AJUSTADA
El proyecto fue respaldado por un solo voto de diferencia, lo que refleja la fragilidad del acuerdo político alcanzado hasta ahora. El Gobierno confiaba en un respaldo transversal, pero la oposición marcó su distancia desde el principio. La votación en la Sala del Senado mostró a un bloque opositor unido en contra de la idea de legislar, una postura que, según el propio Ejecutivo, podría matizarse durante la discusión de las indicaciones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declaró antes de la votación que el espacio para incorporar cambios llegará en la etapa de discusión en particular. Esta fase comenzará en las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, donde se recibirán indicaciones hasta el lunes 6 de julio al mediodía. Allí, el Ejecutivo planea reabrir las conversaciones con los parlamentarios para ampliar el respaldo político y corregir los puntos más controvertidos.
CONCESIONES DEL GOBIERNO
El ministro Quiroz adelantó, en entrevista con T13 Radio, las principales modificaciones que el Gobierno estaría dispuesto a aceptar. La primera gran concesión es reducir el plazo del beneficio central del plan: en lugar de 25 años, se bajaría a 20 años, y además se incorporaría algún tipo de prima vinculada a este seguro. Se trata de un ajuste significativo para acercar posiciones con sectores que consideraban excesiva la duración original.
Otro punto que el Ejecutivo está dispuesto a revisar es el crédito al trabajo. Aunque Quiroz defendió su utilidad, reconoció que la situación fiscal obliga a una mirada más cauta. El instrumento demanda muchos recursos, por lo que probablemente se optará por una focalización del beneficio, sin eliminarlo.
En materia de franquicia censal, el Gobierno inicialmente proponía eliminarla, pero ahora planea reponer una fórmula intermedia. Según Quiroz, se evalúa reducir la franquicia del 1% al 0,5% y reforzar los mecanismos de fiscalización. Esto permitiría mantener parcialmente el beneficio sin el costo fiscal original.
Además, el Ejecutivo insistirá con un artículo polémico: el uso de propiedad intelectual para el desarrollo de inteligencia artificial. Esta disposición ya fue rechazada en dos versiones anteriores, pero Quiroz confirmó que se presentará una tercera versión, argumentando los cambios tecnológicos globales y la oportunidad para Chile de participar en la cadena de valor digital.
DISCUSIÓN EN PARTICULAR Y POSTURA DE LA OPOSICIÓN
El biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, manifestó su confianza en que la discusión en las comisiones será fluida y profunda. Aseguró que ha existido un intercambio de opiniones con senadores de la oposición, incluso por escrito, y que esos aportes serán trabajados y mejorados en el trámite legislativo.
Desde la oposición, el senador Diego Ibáñez (FA) anticipó que presentarán indicaciones para eliminar la invariabilidad tributaria y modificar el crédito al empleo. El parlamentario señaló que buscan fortalecer el subsidio unificado al empleo y que los beneficios tributarios lleguen a las pymes y a la clase media, no solo a los grandes grupos económicos. Afirmó que la oposición actuará unida en la Comisión de Hacienda y que el debate se centrará en beneficiar a la familia chilena.
POSIBILIDAD DE COMISIÓN MIXTA
Una vez que el Senado despache el proyecto en particular, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional. Si la Cámara rechaza parte o la totalidad de las modificaciones introducidas por el Senado, se deberá constituir una Comisión Mixta.
Esta instancia estaría integrada por diez parlamentarios: cinco senadores y cinco diputados. La conformación no está normada oficialmente, lo que podría ser ventajoso para la oposición si logra obtener mayoría o al menos un empate en la representación de diputados. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los miembros presentes, y en caso de empate la propuesta se entiende desechada.
El oficialismo ha manifestado su intención de evitar llegar a esta instancia, consciente del riesgo de que la oposición pueda dar una última batalla y mantener cambios acordados en el Senado. La discusión en particular y las indicaciones que se presenten definirán si la reforma logra un consenso suficiente o termina dirimiéndose en una Comisión Mixta.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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