La muerte de un niño de 12 años durante una encerrona ocurrida en San Bernardo ha reabierto con fuerza el debate sobre la edad de imputabilidad penal en Chile. El hecho, ocurrido durante la madrugada, llevó a la detención de cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años con antecedentes por robo con intimidación y receptación de vehículo motorizado. El caso ha puesto en evidencia las contradicciones del sistema: mientras el Presidente José Antonio Kast calificó el delito como merecedor de condenas de por vida, el gobierno reconoce que aún no existen condiciones adecuadas para garantizar la reinserción de menores infractores. La discusión coincide con la tramitación en el Senado de un proyecto de ley que busca actualizar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), estancado en su segundo trámite constitucional.
GOBIERNO ABIERTO AL DEBATE PERO CON CAUTELA
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el Ejecutivo analiza una posible reducción de la edad de responsabilidad penal. En declaraciones públicas, señaló que junto al ministro de Justicia acordaron avanzar en el estudio de esta posibilidad. No obstante, advirtió que la medida requiere un análisis profundo y no puede ser apresurada.
El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, fue más explícito al reconocer las falencias del sistema de rehabilitación. En entrevista con EmolTV, indicó que si se baja la edad sin mejorar los programas de reinserción, se corre el riesgo de que los menores aprendan a delinquir de manera profesional dentro de los centros penitenciarios. Destacó que el crimen organizado podría aprovechar estas condiciones para reclutar y utilizar a los jóvenes una vez que egresan, traspasando a la sociedad una forma de delinquir más violenta y sin temor a la organización.
Guerrero también precisó que el problema no se limita a los 16 años, sino que cada vez más delitos son cometidos por menores de entre 12 y 14 años. Por ello, el Ejecutivo evalúa tanto la reducción de la edad de imputabilidad como el traspaso automático a la población penal adulta cuando el menor cumpla 18 años mientras cumple condena.
ALCALDES EXIGEN ACELERAR TRAMITACIÓN
El diputado republicano Cristián Araya urgió al Senado a despachar el proyecto de reforma ya aprobado por la Cámara de Diputados. Argumentó que la legislación actual está desactualizada frente a una delincuencia cada vez más violenta y que la reforma es una herramienta necesaria para enfrentar el avance del crimen organizado y proteger a las familias.
Los alcaldes de Providencia, Vitacura, Colina y Ñuñoa se sumaron a la exigencia. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, entregó cifras concretas: en su comuna el 50% de los delitos son cometidos por menores; en Vitacura el 70% y en San Miguel el 60%. Criticó que el sistema actual deriva en que el 95% de los casos de menores entre 14 y 17 años recibe régimen semicerrado, lo que en la práctica se traduce en controles de ubicación que no impiden la reincidencia.
Sichel recordó que las penas máximas son de 5 años para homicidio y 3 años para delitos violentos, y que los antecedentes se limpian al cumplir 18 años. Consideró que ese escenario constituye «el mundo ideal para cometer delitos». La reforma en discusión propone régimen cerrado para delitos con violencia contra las personas o la propiedad, mientras el Estado resuelva sus problemas de reinserción.
FALENCIAS EN REINSERCIÓN Y EL RIESGO DEL CRIMEN ORGANIZADO
El subsecretario Guerrero fue contundente al advertir que bajar la edad sin un sistema de rehabilitación eficaz solo generará delincuentes profesionales. Planteó la interrogante sobre desde qué edad un niño es imputable penalmente y recordó que hoy la mayoría penal está en los 18 años, pero existen situaciones intermedias desde los 16. Sin embargo, insistió en que el sistema actual carece de mecanismos adecuados de prevención y reinserción.
El adolescente detenido en San Bernardo había ingresado dos veces al Plan de Seguridad Integrada (PSI), un programa intensivo de 24 horas destinado a restituir derechos vulnerados y prevenir conductas de riesgo. A pesar de ello, reincidió en delitos violentos. Este caso ilustra las limitaciones de los programas existentes y la urgencia de una reforma integral que no solo endurezca sanciones, sino que efectivamente rehabilite.
La discusión, que se anticipa «acalorada» según el subsecretario, enfrenta a quienes exigen mano dura inmediata contra los menores infractores y quienes advierten que el sistema penitenciario no está preparado para albergar a adolescentes sin generar mayores riesgos sociales. Mientras tanto, el Senado mantiene en carpeta el proyecto de reforma, y el gobierno se comprometió a presentar un análisis completo antes de decidir.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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